1. INVESTIGA QUE ES LA CONSULTA POPULAR (COMO SE RADICA EN FIN TODO SOBRE ESTE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA). SI NO ES APROBADA POR EL SENADO EL PRESIDENTE LA PUEDE RADICAR POR DECRETO ?. IMPRIMA LA NOTICIA .
¿Dentro de cuánto se conocerá si habrá o no consulta popular en el país?
El presidente Gustavo Petro espera que el Senado apruebe su solicitud de consulta popular y que los colombianos asistan a las urnas antes de que termine el 2025.
El presidente Gustavo Petro radicó la consulta popular en la Secretaría del Senado.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
El presidente Gustavo Petro espera que la plenaria del Senado estudie con prontitud la solicitud que radicó el pasado 1° de mayo para la realización de una consulta popular, la medida con la que espera sacar adelante parte del articulado de la reforma laboral y de paso medir el proyecto progresista en las urnas.
La plenaria tiene exactamente un mes para responderle a la Casa de Nariño si hay suficientes motivos para que los colombianos asistan a las urnas y voten por la consulta popular. Y aunque los congresistas no entrarán a estudiar en detalle las 12 preguntas que conforman el mecanismo, estas sí influirán a la hora de emitir el concepto sobre la consulta.
En el documento que radicó el presidente junto con sus ministros y congresistas ante la Secretaría del Senado se especifica: "Dado que el presente escrito se radica el 1 de mayo de 2025, el término para la expedición del concepto de conveniencia por parte del Senado de la República es el 1 de junio de 2025 por lo que la fecha máxima para la jornada electoral correspondiente a la consulta popular tendría lugar el 1 de septiembre".
Efectivamente, si los senadores dan un concepto favorable, el jefe de Estado tendría tres meses para definir la fecha de la jornada electoral, que, como aseguró la Registraduría, no puede coincidir con ninguna elección programada para este año.
Además, de ser positiva la respuesta del Legislativo, inmediatamente empezarían a conformarse los comités para la consulta. El Gobierno ya ha venido avanzando en la instalación de varios grupos que apoyan el sí y que le piden al Congreso permitir que los colombianos voten por los cambios que deseen en el sistema laboral.
Las cuentas están apretadas en la plenaria del Senado y el presidente Petro cuenta con 25 votos seguros y los de la aproximadamente la mitad del Partido Liberal (14 curules) y la mitad del Partido de la U (10 curules). A ellos se les pueden sumar uno que otro de otros partidos, como los de los senadores León Fredy Muñoz, Ariel Ávila, Fabián Díaz (Alianza Verde).
Frente a la oposición, ambos partidos ya anunciaron, por su lado, que votarán negativamente para el trámite. Eso dejaría 23 votos: 12 de Centro Democrático y 11 de Cambio Radical. En juego quedan los 15 del Partido Conservador.
Para que el Senado le dé el visto bueno, se tendría que sumar una mayoría simple (la mitad de los votos de los senadores presentes más uno, superado el quórum decisorio).
06-04-2025
1.que le espera al sector del agro colombiano con los aranceles de Trump?
2. realiza un analisis de las estadisticas presentadas (sector floricultor, aguate has , café) redacta tus propias conclusiones.
Guerra de aranceles: entró en vigor medida del 10 % sobre importaciones a EE. UU.
Este sábado se comienza a implementar el arancel mínimo del 10 % sobre gran parte de los productos que ingresan a Estados Unidos desde el resto del mundo.
magen de referencia. /EFE/ Allison Dinner
El arancel mínimo del 10 % impuesto por el presidente Donald Trump sobre gran parte de los productos que ingresan a Estados Unidos desde el resto del mundo entró en vigor este sábado como un mazazo al comercio global.
Esta tarifa aduanera se suma a los impuestos existentes, pero algunos bienes quedan exentos como el petróleo, el gas, el cobre, el oro, la plata, el platino, el paladio, la madera de construcción, los semiconductores, los productos farmacéuticos y los minerales que no se encuentran en suelo estadounidense.
Las importaciones de acero, aluminio y automóviles tampoco se ven afectadas, pero porque ya están sujetas a recargos del 25 %.
Canadá y México, socios de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), se hallan bajo otro régimen: 25 % a los productos fuera de este acuerdo (excepto 10 % a los hidrocarburos canadienses).
Trump alega que lo hace para incitarlos a combatir la migración ilegal y el tráfico de fentanilo.
El republicano redobló su apuesta por los aranceles y en la mañana del sábado prometió que su “revolución económica” producirá resultados históricos para los estadounidenses.
“Manténgase firmes, no será fácil, pero el resultado final será histórico”, dijo en una publicación en su plataforma Truth Social, en la que añadió que sus políticas económicas están “trayendo de regreso empleos y empresas como nunca antes”.
Guerra comercial
La guerra comercial declarada por el republicano se recrudecerá el 9 de abril con la entrada en vigor de impuestos más altos para otros países.
Será un +54 % en total para China (sumando varios aranceles), +20 % para la Unión Europea (UE), +46 % para Vietnam, +24 % para Japón, +15 % para Venezuela, +18 % para Nicaragua...
A las islas Malvinas les espera +41 %. Argentina y Reino Unido reclaman la soberanía sobre ese archipiélago, llamado Falkland por los británicos.
La lista de Trump afecta a unos 80 países y territorios, incluidos los 27 del bloque europeo, según un documento oficial publicado el viernes por el gobierno estadounidense.
La cantidad de países más castigados se ha acortado: ya no incluye las islas francesas de San Pedro y Miquelón (en el Atlántico) ni los territorios australianos de las islas Heard y McDonald, en la región subantártica, habitados solo por colonias de pingüinos.
Su presencia causó sorpresa y se prestó a todo tipo de memes sobre esos animales en las redes sociales.
China “entró en pánico”
China ya reaccionó el viernes con el anuncio de tarifas aduaneras adicionales del 34 % a los productos estadounidenses a partir del 10 de abril.
También anunció controles a las exportaciones de tierras raras, incluido el gadolinio, utilizado para la resonancia magnética, y el itrio, usado en electrónica.
“China se equivocó, entró en pánico. La única cosa que no pueden permitirse hacer”, escribió Trump en mayúsculas en su red Truth Social.
El gobierno estadounidense advirtió a sus socios comerciales que no tomaran represalias contra sus aranceles aduaneros porque se exponen a sufrir recargos adicionales sobre sus exportaciones a Estados Unidos.
La respuesta de China agravó las pérdidas en los mercados financieros.
Miles de millones de dólares esfumados en acciones. Los inversores dejan de lado aquellas compañías muy dependientes de las importaciones procedentes de Asia, como por ejemplo la industria textil.
Pero Trump se mantiene imperturbable ante los efectos de su ofensiva comercial.
“A los muchos inversores que vienen a Estados Unidos e invierten cantidades masivas de dinero, mis políticas nunca cambiarán. Este es un gran momento para hacerse rico, ¡¡¡Más rico que nunca!!!”, escribió en mayúsculas en Truth Social.
El presidente de la Reserva Federal (banco central), Jerome Powell, alertó que los aranceles de Trump “probablemente aumentarán la inflación”, corren el riesgo de incrementar el desempleo y desacelerar el crecimiento en Estados Unidos.
Pero el republicano se mostró desafiante: es “el momento perfecto” para bajar las tasas de interés en Estados Unidos.
“Demasiado pronto” para ajustar la política monetaria, respondió Powell.
Según la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, siglas en inglés), Rebeca Grynspan, el aumento de los aranceles aduaneros “golpeará más duramente a los vulnerables y a los pobres”.
Este miércoles 2 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó la entrada en vigor de los aranceles recíprocos, una medida que busca igualar las tarifas que cada país impone a los productos estadounidenses.
Llama la atención que, en la lista publicada por la Casa Blanca, Colombia aparece con una tasa del 10 %, lo que significa que ahora nuestras exportaciones enfrentarán esa tarifa al ingresar al mercado estadounidense.
Hoy declaramos la independencia económica de Estados Unidos”, dijo Trump. “Si ellos nos lo hacen a nosotros, nosotros también se lo haremos a ellos”.
¿Qué significan los aranceles recíprocos?
Con esta política, Estados Unidos responde “en igualdad de condiciones” a las tarifas que enfrentan sus productos en el exterior.
El gobierno de Trump argumenta que muchos países han aprovechado por años las reglas del comercio internacional para beneficiarse de un trato más favorable, a costa de la industria local estadounidense.
Durante su intervención, el presidente mostró una tabla con ejemplos de países que, según su administración, imponen altos aranceles a EE. UU.
Por ejemplo:
China cobra un 67 %, y EE. UU. le impondrá un 34 % desde este miércoles
La Unión Europea cobra un 39 %, y ahora enfrentará un 20 % de arancel
Brasil, Sudáfrica y Colombia, todos con aranceles del 10 % a Estados Unidos, recibirán un gravamen equivalente del 10 %
Además, Trump anunció la creación de un arancel base universal del 10 % para todos los países.
¿Y esto cómo afecta a Colombia?
Por ahora, el impacto en las exportaciones colombianas no sería dramático, pero sí pone al país en un terreno menos cómodo en su relación comercial con EE. UU.
Con este nuevo arancel del 10 %, productos que antes entraban a Estados Unidos sin tanto costo ahora podrían volverse un poco más caros, como las flores, el café, las confecciones o algunos alimentos.
Eso no quiere decir que se va a frenar el comercio entre ambos países, pero sí obliga a algunos exportadores a hacer cuentas o, de plano, a pensar en vender más a otros mercados como Europa o China.
Expertos consultados por este diario indican que, además, el arancel base universal del 10 % limitaría el margen demaniobra para negociar condiciones más favorables en el corto plazo.
Impuestos a los carros importados
Como estaba previsto, este miércoles Trump también confirmó que, desde este jueves 3 de abril, comenzarán a regir aranceles del 25 % para los automóviles importados y autopartes, con el argumento de proteger la industria nacional.
La medida impactaría a productores de países como Alemania, Japón, Corea del Sur y México, que abastecen una porción significativa del mercado estadounidense.
Al respecto, Trump cuestionó este miércoles que en Japón se vendan más vehículos Toyota que Ford, como reflejo de lo que considera un comercio desigual.
Las latas de cerveza no se salvan
Aparte de los anuncios presidenciales, el Departamento de Comercio de Estados Unidos informó este miércoles que, a partir del viernes 4 de abril, se aplicará un arancel del 25 % a las latas de aluminio utilizadas para envasar cerveza.
La medida afectará tanto a las latas importadas ya llenas como a aquellas que lleguen vacías para ser envasadas dentro del país, según un aviso publicado en el Registro Federal, el diario oficial del Gobierno estadounidense.
Este nuevo gravamen se suma a la ofensiva arancelaria más amplia impulsada por la administración Trump, que busca incentivar la producción interna y reducir la dependencia de insumos extranjeros.
Agro colombiano en EE. UU.: lo que le espera al sector con los aranceles de Trump
El mercado estadounidenses es el principal destino de las exportaciones de productos como café, flores y frutas. El nuevo panorama comercial tiene efectos diferenciados para cada uno, ¿cuáles tendrán mayores oportunidades y qué otros mayores obstáculos
El café colombiano que llega a Estados Unidos representa 40 % de las exportaciones.
Los nuevos aranceles de Donald Trump, de 10 % a todas las importaciones de Estados Unidos provenientes de más de 130 países incluyendo Colombia, comenzarán a entrar en efecto este 5 de abril.
Esta medida cubre todo tipo de productos, incluyendo los del agro colombiano, que tiene a este país como el destino de cerca del 40 % de sus exportaciones, según cálculos de Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).
La noticia llega en un momento de crecimiento exportador sostenido del sector que, de hecho, aumentó sus ventas en un 18,7 % para febrero, en comparación con el mismo mes de 2024, y alcanzó un valor de US$1.143,7 millones, de acuerdo con cifras del DANE.
Aunque el arancel sea el mismo para todos los productos, el efecto está lejos de ser equitativo porque entran en juego otras variables como la competencia con otros países que tienen una tasa mayor o menor. A esto hay que agregarle el comportamiento del consumidor frente a los sobrecostos, una variable que está de lejos de ser clara. Todo esto genera retos y oportunidades diferentes para cada caso.
El café, las flores, el aguacate y otras frutas son los renglones que tienen mayor protagonismo en el mercado estadounidense. Por eso vale la pena revisar qué tan bien o mal parado queda cada uno de ellos.
☕ Café
El grano colombiano que llega a Estados Unidos representa 40 % de las exportaciones y más de US$1.100 millones anuales, según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).
Colombia es el segundo mayor proveedor en verde de la industria estadounidense del café, que genera 1,3 % del PIB de EE. UU. aunque el grano no se puede producir en la mayor parte de ese país, de acuerdo con Germán Bahamón, gerente de la FNC.
Solo dos países nos superan en producción. Se trata de Brasil, que ocupa el primer lugar y cuyo arancel por cuenta de Trump también es de 10 %, por lo que no hay cambios en la competencia con este origen. Aunque hay que tener en cuenta que el café colombiano tiene una sobretasa de precio por su calidad.
El segundo mayor productor es Vietnam, uno de los mayores afectados por las nuevas medidas de la Casa Blanca, ya que le impusieron una tarifa del 49 %. Ahí es donde cambia el panorama de la competencia porque “puede mejorar nuestros precios. Para los cafeteros es un buen momento a pesar de todo”, destaca Carlos Julián Ruiz, gerente de la exportadora Banexport.
Aunque bajo estas condiciones, la mayor ventaja competitiva es para México, que quedó sin arancel, gracias a acuerdos comerciales como el T-MEC. En 2024 las ventas mexicanas de café sin tostar ni descafeinar fueron de US$255,2 millones, muy por debajo de las colombianas. Para Analdex, esta brecha podría empezar a cerrarse si permanecen por un largo tiempo los aranceles, algo que tampoco es claro en este momento.
Sin embargo, la coyuntura llega en un momento fuerte para el sector en Colombia, con mayores exportaciones y un crecimiento esperado en la producción de 5 % a 8 % para el primer semestre de 2025, frente a las cifras del mismo periodo de 2024.
Además, el precio de la Bolsa de Nueva York ha estado alto (por encima de los US$3 por libra) porque hay menos oferta por cuenta de los fenómenos climáticos que golpearon a Brasil y a Vietnam. En últimas, en este momento los importadores en EE. UU. no tienen mayor alternativa que comprar café colombiano
Por lo anterior, Ruiz espera que el sobrecosto del arancel lo tengan que asumir los importadores y este puede ser trasladado a los consumidores finales.
“La demanda se ha puesto lenta por las condiciones. Antes había altos inventarios en la industria, pero es un momento difícil para ellos porque están ilíquidos y han tenido que perder dinero”, añade el gerente de Banexport.
Allí la única preocupación es que caiga la demanda de café en Estados Unidos. Pero desde la Federación no esperan que sea un golpe muy duro para los consumidores, pues el incremento de precio para una taza sería de centavos.
“Colombia seguirá siendo un proveedor confiable y competitivo, diferenciándose por lo que mejor sabe hacer: producir el mejor café suave del mundo”, dice Bahamón.
💐 Flores
En febrero de 2025, este producto movió más de US$230 millones en ventas internacionales y Estados Unidos es, de lejos, el principal destino de las flores colombianas:
LAS CIFRAS DE LA FLORICULTURA COLOMBIANA
En 2024 el sector exportó 5,4 millones de tallos y 331.794 toneladas , un 82% mas que en 2023.
las ventas de flores a otros paises representaron un valor superior a los 2,3 mil millones de dolares en 2024, lo que significo un aumento del 12,9 % frente a 2023.
Mas del 95% de las flores de corte se exportan a más de 100 paises. Esta fue la participacion de los destinos en 2024.
al menos el 92% de los envios al exterior son por via áerea y el 8% por via marítima en viajes que duran alrededor de 1 mes
En este campo la competencia es con Ecuador, especialmente para rosas. Este país también quedó con una tasa de 10 %, por lo que las condiciones se mantienen equilibradas. El otro peso duro en este escenario es Países Bajos, el mayor exportador de flores del mundo y el único por encima de Colombia: pero esta nación quedó con un arancel de 20 %, lo que nos da la ventaja.
Lo que sí juega en contra es que México, aunque tiene baja participación, puede ver crecer su mercado hacia su principal socio comercial con este nuevo panorama. También se verán favorecidas las flores producidas en California y otras zonas de EE. UU. Pero aquí hay que aclarar que esa industria no genera suficiente oferta como para cubrir el mercado.
El último riesgo que señala Bedoya es la respuesta y flexibilidad de los consumidores estadounidenses ante el encarecimiento de un producto que no es de primera necesidad. Podrían dejar de comprarlo y reducir la demanda, lo que golpearía con fuerza la floricultura colombiana.
🍌 Frutas
Durante 2024, Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones hortofrutícolas del país, con un valor FOB de US$356,56 millones y un volumen de 217.268 toneladas, lo que representó 42 % del total exportado.
Este país mantuvo su liderazgo en las compras a Colombia debido a la alta demanda de productos como aguacate Hass, plátanos y lima Tahití, que son altamente valorados en su mercado, según la Asociación Hortofrutícola de Colombia (Asohofrucol).
El mercado no cambia significativamente porque el grueso de países están en las mismas condiciones de Colombia (10 %) o por encima, como es el caso de la Unión Europea (20 %), China (34 %), Japón (24 %) e India (26 %).
El único que hace la diferencia acá es México, asunto que no es menor. Para el caso de los plátanos frescos tiene una participación de 7 % con US$197,9 millones, mientras que nosotros tenemos el 8 % de las importaciones estadounidenses de este producto, con US$225,8 millones.
Y en limones nos lleva una gran ventaja, con una participación de 70,3 % (US$811 millones). Colombia ya había empezado a dar pasos importantes con un 11,2 % de participación y US$129,2 millones.
“Será necesario evaluar minuciosamente el comportamiento de los precios al consumidor final, así como su disposición a pagar valores superiores por las frutas y hortalizas provenientes de Colombia, que pueden tener precios inferiores a otros destinos”, resalta Asohofrucol.
Perder competitividad en este tipo de productos puede llevar a que se reduzca la producción o los costos asociados a esta, como los empleos del renglón, que son unos 765 mil, afirma la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture.
El sector hortofrutícola está trabajando para acelerar los procesos de admisibilidad de productos frescos en países como China, Emiratos Árabes y Brasil, entre otros. La dificultad es que se ha centrado en sostener los lazos comerciales con Estados Unidos como principal socio estratégico, por los asuntos obvios de tamaño de mercado y facilidades logísticas (distancia de transporte, condiciones de TLC, entre otras).
🥑 Aguacate Hass
Finalmente, la peor parte se la lleva el aguacate porque venía ganando terreno en Estados Unidos y posicionándose por su calidad y sabor similar al mexicano.
Colombia alcanza a representar 2,5 % del mercado estadounidense cuando México tiene una preponderancia importante, con 90,1 % de las importaciones del producto en ese país. Con los recientes aranceles esto va a hacer que México sea aún más protagonista, sostiene Analdex.
De hecho, el objetivo nunca fue competir contra México, sino complementar la oferta cuando ellos no puedan enviar el aguacate o cuando no sea suficiente porque la demanda por la fruta crece cada año, según Katheryn Mejía, directora de Corpohass (organización que representa a productores, exportadores y transformadores de aguacate Hass de Colombia).
Ahora el panorama es más complejo porque Mejía explica que para este caso el arancel lo terminaría asumiendo el exportador colombiano. “Habrá que ver qué pasa con la demanda porque el resto de países que llega a EE. UU. va a tener arancel de 10 % y estaremos en desventaja frente a México, también respecto a los productos transformados”, agrega la directora de Corpohass.
Este nuevo escenario no deja ninguna oportunidad para los aguacateros, que estiman que se afectará la rentabilidad y a la industria. “Evaluaremos las posibilidades que tenemos en los mercados a los que llegamos para que la situación no genere un gran impacto”, concluye Mejía.
Un futuro incierto
Otros productos que pueden sentir el golpe de los aranceles son el cacao (que entrará perdiendo frente a México), la panela y tilapia que va en gran parte a Nueva York. Estos dos últimos no se producen en Estados Unidos.
“El año pasado EE. UU. tuvo una inflación menor del 3 %, por lo que es mucho un arancel del 10 %. Hay que ver qué tan sensibles son los consumidores ante el aumento de precios y si cae el consumo y si recae en la oferta”, apunta el presidente de la SAC.
Además, desde los sectores de aguacates, flores y bananos no descartan la posibilidad de negociar con el gobierno estadounidense para lograr que estos productos sean eximidos de las medidas arancelarias.
Diversificar los mercados es otra de las alternativas, pero Bedoya reconoce que todos los países ahora estarán en esa búsqueda, especialmente los que salieron golpeados con mayores tasas. Tampoco es un proceso que se realice de la noche a la mañana porque requiere de una admisibilidad fitosanitaria que puede tardar años en llegar, por sólo enumerar un punto.
“No podemos desconocer la importancia comercial de Estados Unidos para nosotros. Tendremos que tener listas producciones en varias categorías de productos para suplir la demanda de los consumidores estadounidenses, que dentro de poco van a sentir esa inflación en distintos productos alimenticios”, finaliza diciendo Javier Díaz, presidente de Analdex.
22-02-2025
Por qué es clave el Catatumbo la región en Colombia que se disputan el ELN y disidencias de las FARC
El río Catatumbo es testigo de la historia de vida y muerte que marca a Colombia.
Baña a la región a la que da nombre, una de las más ricas en recursos y mejor geolocalizadas del país, y por años también fue depósito de los cadáveres que dejó la brutalidad paramilitar en la zona a fines de los 90.
Si bien la violencia nunca se apaciguó del todo, expertos ven ahora, más de dos décadas después, cómo se reviven algunas de las peores escenas de aquella época.
Desde el 15 de enero, violentos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC dejan al menos 80 muertos y más de 30.000 desplazados huyendo del horror.
La situación es ya considerada una crisis humanitaria y el gobierno decretó el estado de conmoción interior en el área.
La disputa por esta región es tan feroz que puso en jaque a la paz total que anhela el presidente Gustavo Petro para Colombia, quien suspendió las negociaciones con el ELN y movilizó a miles de soldados a la zona.
"Lo del Catatumbo es un fracaso de la nación", dijo Petro.
Muchos leen la frase como un reconocimiento de que su política de paz está lastimada, pero otros la vinculan a las décadas que el Catatumbo acumula a merced de grupos armados, con un Estado que no logra resolver la violencia y precariedad a la que se exponen sus habitantes.
Como muchas otras partes del país, el Catatumbo parece condenado por su riqueza.
Qué implica controlar el Catatumbo
La región ocupa alrededor de la mitad del departamento Norte de Santander, en el nororiente colombiano, y parte del sur del Cesar.
Es un territorio de más de 4.800 km² junto a la frontera venezolana donde predominan bosques y selvas y una amplia variedad climática.
"Esta condición la hace muy apetecible como corredor estratégico y de movilidad para grupos armados insurgentes e ilegales", le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
"En términos geográficos, el Catatumbo permite conectar el norte del país con Venezuela", agrega por su parte Jorge Mantilla, doctor en criminología de la Universidad de Illinois en Chicago.
Si una guerrilla llegase a controlar por completo el Catatumbo, como ahora mismo se la disputan el ELN, disidencias de las FARC y grupos paramilitares, estaría cerca de dominar la frontera colombo-venezolana y el norte colombiano.
Esto es, en la práctica, hacerse con un vasto y estratégico territorio lleno de recursos naturales al que se le pueden sacar rentas millonarias.
Fue algo que comprendieron los primeros grupos guerrilleros que se asentaron en la región desde los 70, en pleno conflicto armado.
La riqueza que atrajo violencia
El Catatumbo fue en la primera mitad del siglo XX la primera provincia petrolera de Colombia.
Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, su cuenca ha sido una de las más prolíficas del país, aunque el crudo no trajo el progreso esperado para la región.
En ese contexto llegaron las guerrillas, atraídas por rentabilizar esa industria y aprovechar que el territorio vivía "marginado por el Estado", según describe el Centro Nacional de Memoria Histórica.
El ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL, ya desmovilizado) arribaron a fines de los 70. Las FARC a mediados de los 80.
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Pie de foto,Desde su instalación en los 70, el ELN mantuvo una presencia en el Catatumbo que hoy es casi hegemónica.
Según se expandieros estos grupos insurgentes de izquierda, el Estado aumentó su presencia militar, intensificándose el conflicto.
Luego, a fines de los 90, los habitantes sufrieron lo que ellos llaman la "arremetida paramilitar", una barbarie que desde entonces estigmatiza a la región con sangre y terror.
Las muertes masivas y selectivas fueron constantes. Decenas de cuerpos eran arrojados al río Catatumbo. Muchos por supuestamente estar vinculados a grupos guerrilleros (ELN, EPL o FARC), según las razones que daban los paramilitares.
Las riberas de los afluentes se convirtieron en fosas comunes de las masacres.
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Pie de foto,Los afluentes del río Catatumbo fueron testigos de la brutalidad paramilitar en el país a fines de los 90.
Un halo de esperanza apareció para los locales tras el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016, pero aquí nunca se materializó esa firma.
Como sucedió en diversas zonas ricas, amplias y de difícil acceso en Colombia, otros grupos armados llegaron antes que el Estado para ocupar los vacíos dejados por los desmovilizados de las FARC y apropiarse así de sus recursos.
En el caso del Catatumbo, "bosques, agua, petróleo, carbón y, desde los 90, coca", menciona Arias, además de múltiples cultivos base para la alimentación.
Son recursos clave para el desarrollo que hasta la fecha no han servido para traer suficiente bienestar a sus habitantes.
Falta "inversión en infrastructura, en educación, en salud, en vivienda, en oportunidades laborales, en apoyo a proyectos productivos", según un relato de la Comisión de la Verdad en Colombia.
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Pie de foto,El cacao y la coca son algunos de los múltiples productos agrícolas que florecen en la región del Catatumbo.
Semillero de economías ilícitas
Las décadas de conflicto, la débil presencia del Estado y su ubicación estratégica convirtieron al Catatumbo en una región prolífica para rentas ilegales como el narcotráfico, la extorsión, el tráfico de migrantes desde Venezuela y el lavado de activos.
Guerrillas como el ELN, surgidas en los 60 con fines políticos, "transitan hacia un escenario donde cada vez es más importante la delincuencia organizada y donde aumentan su dependencia de economías ilícitas", describe Mantilla.
El Catatumbo es uno de los enclaves cocaleros más importantes del país y, según este experto, superó en los últimos años la producción de cocaína de otras regiones como Nariño o Putumayo.
Un informe de las Naciones Unidas de 2024 estima que el Catatumbo contaba en 2023 con al menos 43.000 hectáreas de hoja de coca.
Norte de Santander, donde se encuentra esta región, y otros tres departamentos en el país son los únicos que superan las 30.000 hectáreas de ese cultivo.
Una concentración que, de acuerdo a testigos e informes sobre terreno, es controlada por los grupos armados presentes.
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Pie de foto,Con al menos 43.000 hectáreas, el Catatumbo cuenta con una de las mayores concentraciones de cultivo de hoja de coca de Colombia.
"Por algunos años, el ELN y disidencias las FARC, de alguna forma, coexistieron aquí", cuenta Arias, "a excepción de 2018 cuando hubo enfrentamientos entre un reducto del EPL y el ELN".
El experto recuerda que incluso el ELN facilitó el rearme de facciones de las FARC que no se adhirieron al proceso de paz de 2016.
"Desde 2019, estos grupos elaboraron algunos acuerdos tácitos de respetar zonas, asuntos y temas de finanzas", dice Arias.
Dichos tratos abordaban temas de narcotráfico, financiamiento y extorsión, y le dieron una mayor estabilidad a la zona.
Una especie de "gobernabilidad paralela", dice la Comisión de la Verdad.
En medio, el ELN se sentó a la mesa negociadora de la administración de Petro en unos diálogos de paz que lograron avances prometedores y un cese al fuego.
Pero los diálogos se enquistaron desde mayo de 2024, los acuerdos entre el ELN y otros grupos de la región se quebrantaron y la breve estabilidad del Catatumbo se desmorona en este arranque sangriento de 2025.
Clave para la paz
El Catatumbo demuestra también su importancia política en un conflicto que hoy luce lejos de resolverse.
Es casi imposible, según expertos, que haya paz en Colombia si no hay paz con el ELN, la guerrilla en activo más numerosa del país.
Además, el dominio por décadas del ELN en esta región fronteriza contribuyó a que en los últimos años se convirtiera en actor "binacional" y un instrumento "clarísimo de Venezuela para influir en Colombia", según el analista Mantilla.
Esto complica, más si cabe, cualquier resolución.
El gobierno de Venezuela es garante de paz del ELN en las negociaciones con funcionarios colombianos.
"Maduro se lo recuerda con frecuencia a Petro", dice Mantilla.
El académico también advierte que "la fortaleza militar del ELN es la frontera con Venezuela y el hecho de que ahora esté asumiendo una posición más beligerante es un recordatorio de que cualquier conversación de paz pasa por ese país".
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Pie de foto,Miles de efectivos militares se han desplegado para contener la violencia en el Catatumbo.
Un escenario particularmente complejo a la fecha, dado que las relaciones entre los gobiernos de Petro y Maduro atraviesan su momento más complicado después de que Colombia no reconociera la victoria del venezolano en las elecciones del pasado 28 de julio.
En la pugna de poder del Catatumbo, este experto cree que el ELN acabará imponiéndose sobre las disidencias de las FARC y otros grupos armados.
"Esto podría acelerar los acuerdos con las disidencias, que quizás busquen protección del Estado".
Lo que sucedería con un ELN más poderoso e influyente es una incógnita, aunque muchos en Colombia conciben que la violencia reciente es un golpe definitivo a la legitimidad de cualquier acuerdo de paz.
Todo indica que lo que pase en el Catatumbo marcará en Colombia el debate sobre la seguridad y la paz a poco más de un año de nuevas elecciones presidenciales.
2 de febrero 2025
“Las cuchas tienen razón”: los desacuerdos del grafiti en Medellín
Algunos colectivos hablan de un acuerdo en el que se censura el arte, otros mantienen diálogos con la alcaldía de la ciudad.
1. Justifica las razones por las cuales el grafiti ha sido un tema de eterna disputa. estable en cuadro las posturas de cada uno de los actores, además justifica tu postura.
2. investiga a profundidad que fue la "Operación Orión" criticamente .
El mural "Las cuchas tienen razón" se pintó en Medellín, por primera vez, el pasado domingo 12 de enero
El grafiti ha sido un tema de eterna disputa en las grandes ciudades. Se pintan, se intervienen, se borran. En ese orden y en el que se quiera. Medellín ha sido centro de esta disputa en varias ocasiones y para encontrar un mecanismo de diálogo, en el 2020 la Alcaldía suscribió el Acuerdo 010 con un grupo de colectivos que hacen grafiti en la ciudad. Hoy, no todos se sienten representados en ese documento.
La última intervención, que evidenció las grietas que hay entre unos y otros artistas, salió a la luz el pasado lunes 13 de enero, cuando la Alcaldía de Medellín ordenó borrar el mural, cuya frase ya es una reivindicación social: “Las cuchas tienen razón”, mural que fue pintado por varios colectivos, entre ellos “Fuerza y grafiti”, quienes desde entonces han dicho que lo pintarán las veces que sea necesario.
Las cuchas tienen razón” es un homenaje a las madres que llevan años insistiendo en que en La Escombrera hay cuerpos de personas que fueron asesinas durante la Operación Orión, la intervención armada ordenada en 2002 por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, para expulsar a los grupos guerrilleros que hacían presencia en la Comuna 13 de Medellín. El jueves de la semana pasada Medicina Legal identificó los primeros dos cuerpos que habían sido recuperados por la JEP, dichos asesinatos, según las autoridades, se ejecutaron entre 2001 y 2003.
El intento de borrar este mural se basaba, según la administración distrital, en que no se tenían los permisos para intervenir ese muro, aunque el acuerdo 010 aún no establece con claridad cuáles son los muros que se pueden intervenir. Finalmente, por medio de un acuerdo, la pintada en muro se autorizó por parte de la Alcaldía, sin embargo, el colectivo “Fuerza y graffiti” fue enfático en decir que no hicieron parte del acuerdo e insisten en que la administración distrital promueve la censura en el arte.
Acuerdos y desacuerdos
“Una cosa es el grafiti como expresión artística. Otra cosa es que consideren arte la ofensa a otro o querer ensuciar la ciudad. Mi apoyo completo al arte, pero también como alcalde debo poner orden en una ciudad que la gente quiere ver linda y bonita. Otra cosa son los mensajes de odio y de los que quieren sacar provecho político”, expresó ante los medios el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, antes del acuerdo.
“Rechazamos cualquier intento de esta y cualquier administración por censurar el arte, nos parece increíble que en el siglo XX estén intentando este tipo de cosas y más cuando algunos artistas de una mesa que no pueden representar a la totalidad de artistas de grafiti de la ciudad, estén de acuerdo con ese tema”, expresó para El Espectador el colectivo “Fuerza y Graffiti”, luego de este hecho.
Esta discusión quedó resumida en el acuerdo en el que no participó “Fuerza y grafiti”, firmado el pasado viernes 17 de enero, entre la institucionalidad y otros colectivos urbanos. Allí se estipuló que el mural “Las cuchas tienen razón” se dejará durante seis meses o hasta que se realice alguna solicitud de un grupo artístico para intervenir este espacio, el documento señala que hay 30.000 metros cuadrados de muros en toda la ciudad, autorizados para ser intervenidos.
Mesagraff, ¿un comité de censura?
La Mesagraff es un espacio de diálogo del que hacen parte la Alcaldía de Medellín y algunos colectivos artísticos de la ciudad que se creó hace cinco años. Para promover la participación se definieron curules para representantes de varios sectores del arte urbano y miembros de la administración de turno. Entre ellos, se encuentran representantes de la Secretaría de Cultura y otros de colectivos, artistas independientes, festivales, fundaciones, entre otros.
Aunque institucionalmente se define como “un espacio de articulación”, para algunos colectivos, como “Fuerza y graffiti”, se trata de un espacio de censura. “Es un comité de censura que le dice a los artistas si puede o no pintar, con algunos temas vetados, entre ellos la política”, dice uno de los miembros de colectivo.
Según el secretario de Cultura de Medellín, en una entrevista para Blu Radio, ellos no “se meten en sus expresiones artísticas”, sin embargo, se hacen unas revisiones en las que se establece que no se pueden aceptar grafitis o murales publicitarios, de propaganda política o que inciten al odio.
Los muros que no se pueden pintar
Para el colectivo “Fuerza y grafiti”, el Acuerdo 010 no tiene “piso jurídico” debido a que, dentro de él, no se definen cuáles son “muros libres” que los artistas pueden intervenir. Mientras que para el gestor de arte urbano, Wilmar Martínez, quien reconoce que el acuerdo carece de esa definición, ese es uno de los temas que se está discutiendo hoy, producto del más reciente acuerdo.
“El Acuerdo 010 no ha sido reglamentado. El acuerdo habla de unos muros libres, pero nadie sabe cuáles son esos muros. Por lo tanto, todos (los muros) son libres”, expresa un miembro del colectivo artístico.
“Esa es una interpretación. El papel de los ciudadanos no es interpretar las normas. Eso es un papel de los jueces. Entonces para eso tiene que reglamentarse el acuerdo y con la reglamentación del acuerdo tiene que establecerse en qué lugares sí y en qué lugares no”, asegura Martínez, quien además de gestor de arte urbano, ha asesorado a representantes de colectivos artísticos vinculados a Mesagraff.
“Creo que hay desinformación. Ellos hoy no confían en la alcaldía de Medellín por las cosas que han pasado, por cosas de antes, también porque obviamente representan diferentes ideologías. Entonces, de alguna forma, la ruptura y el hecho de que ellos digan que no se sienten representados en Mesagraff y que no quieren ser parte del espacio, creo que es totalmente válido”, agrega Martínez.
El pasado viernes se realizó una asamblea para socializar los acuerdos con los que los artistas pertenecientes a Mesagraff y seguir en la discusión sobre las paredes de la ciudad que se podrían intervenir, discusión en la que no participó “Fuerza y grafiti”, quienes siguen discutiendo en otros escenarios y pintando las paredes que la administración no ha podido definir.
4-08-2024
enviar a mi nueva cuenta Malili1010@outlook.com en las fechas establecidas el documento debe estar escrito a mano con sus análisis.
realiza un texto argumentativo sobre la problemática venezolana mínimo 1 página escrita a mano.
Elecciones 2024 en Venezuela: esta crisis
no es un deja vú
tomado del diario el espectador edicion domingo
El pulso en Venezuela se ha trasladado también a la esfera internacional, donde hay una carrera contrarreloj para lograr una mediación o presionar el comienzo de una transición. Publicamos este análisis como socios de la Red Transfronteriza de OjoPúblico.
No es la primera vez que la oposición venezolana canta fraude en unas elecciones. Tampoco es nuevo que el gobierno chavista denuncie un golpe de Estado y una conspiración de la derecha en su contra. Protestas, marchas y represión militar y judicial por los resultados cuestionados parecieran una rutina aprendida. Y la inevitable crisis diplomática internacional, derivada de estos acontecimientos, es ya una historia recurrente. Pero lo que sucede por estos días en Venezuela no es un deja vú. Ha pasado una semana desde las elecciones, el Consejo Nacional Electoral sigue sin presentar los resultados completos, pese a que gobiernos de derecha y de izquierda lo han exigido. Mientras tanto, la plataforma paralela de la oposición ha logrado mostrar información, mesa por mesa. La consecuencia de este desafío, ha sido una persecución militar y judicial a quienes trabajaron en esta estrategia de la defensa del voto popular. “Aquí ahora, la palabra “comanditos” está satanizada. Nos andan buscando”, dice alguien desde Caracas, antes de borrar el mensaje por WhatsApp.
El desenlace de este episodio aún es incierto; dependerá de la capacidad represiva del régimen de Maduro y de aguante del oficialismo, de la estrategia de la oposición en una nueva fase de resistencia y también de la presión-mediación que logren otros países para que se respete la voluntad de los venezolanos que acudieron masivamente a las urnas, derrotando la tradicional “desesperanza aprendida”. “El Gobierno falló al calcular, la gente salió masivamente a votar. Si Edmundo González hubiese obtenido la mitad de los votos, en este momento habría muchísimas dudas en la comunidad internacional sobre quién estaba diciendo la verdad”, dice la historiadora y analista política venezolana, Margarita López Maya.
Ante el autoritarismo: carisma, activismo y comanditos
La calle o la ruta electoral. Esta tensión ha estado presente en las fuerzas de la oposición durante los últimos veinticinco años. También era incierto que el Gobierno convocara elecciones. Aun así, contra todos los pronósticos, en octubre de 2023, María Corina Machado fue elegida con el 92,5% de los votos, sin saber si podría participar como candidata contra Maduro.
No obstante, haber ganado las primarias la convirtió en la líder de una coalición muy amplia: la Plataforma Unitaria. A su comando se integraron veinticinco partidos políticos, desde los tradicionales como Acción Democrática o el partido socialcristiano COPEI, hasta partidos de izquierda como La Causa R y Bandera Roja.
Machado no era una política tradicional. Era más bien una activista, incluso con un discurso antipolítico y antipartidos, tal como ya había demostrado en años anteriores. De profesión ingeniera, había trabajado en organizaciones de la sociedad civil, como Súmate, promoviendo la recolección de firmas para el referendo revocatorio de Chávez en 2004.
Después fue elegida diputada en 2011, con un estilo aguerrido y franco. Daba declaraciones y discursos en los medios, pero no en la calle y en los barrios populares, donde había calado una imagen negativa de ella promovida por el chavismo. La llamaban “María Violencia”, la pintaban como una “sifrina” (niña rica) de ultraderecha radical, una mujer clasista que odiaba al pueblo y al comandante y líder de la revolución, Hugo Chávez.
El Gobierno la subestimó. Pensaron que jamás daría un paso al costado para permitir que otro candidato –Edmundo González Urrutia– asumiera la candidatura cuando se hizo evidente que a ella no la dejarían competir. Otros sectores de la oposición también la subestimaron, entre otras razones porque les parecía exagerado que ella hablara de “dictadura” desde hacía más de una década. Pero quizás, por eso mismo, entendía que había que aplicar una doble estrategia. Por un lado, había que estimular la participación de los electores, ya que en Venezuela no son obligatorias. Por otro lado, necesitaban prepararse para proteger y defender los votos.
Para lograr el primer objetivo, debía hacer una campaña con liderazgo carismático. Recorrió todo el país, en carro, en moto, en chalupa, habló de cambio y de futuro sin el dictador de bigotes, abrazó a madres, abuelos y niños, como lo había hecho Chávez y también el anterior contendor de la unidad, Henrique Capriles. Ella era el nuevo ídolo inquebrantable de la oposición, con aura de santa y camándula al cuello. Necesitaba que creyeran en ella, que sí podía derrotar al oficialismo en las urnas, sin mencionar que les podían robar la elección. Simplemente decía que había que “cobrar”, es decir, hacer respetar el triunfo y que la lucha era “Hasta el final”.
Para lograr el segundo propósito, armaron una estrategia paralela, más de estilo activista, al que se fueron sumando voluntarios de distintos sectores, además de los partidos: académicos, defensores de derechos humanos, empresarios, estudiantes, pensionados, entre otros. “Lo que ella creó fue más una organización de la sociedad civil que se apoderó del proceso electoral, porque si se lo dejaba a los partidos, quizás no hubiera funcionado», dice la historiadora venezolana y analista política Margarita López Maya.
Así como existen manuales para dictadores, también existe ya un conocimiento que circula en la academia y entre redes de activistas sobre cómo derrotarlos en las urnas y a través de la lucha no violenta. Son pocos los casos, pero los serbios del movimiento Otpor! lograron sacar del poder a Slobodan Milosevic en 2000, los chilenos a Pinochet en 1998 y los filipinos a Marcos en 1986, explica Laura Gamboa, profesora del Departamento de Asuntos Globales de la Universidad de Notre Dame y autora de un libro que ha analizado las estrategias de la oposición en varios países, incluida la venezolana, para contrarrestar el retroceso democrático. “La oposición que vemos hoy es diametralmente distinta a la de los primeros años. Es el resultado de 25 años de aprender de sus errores”, dice.
En este momento nadie está dispuesto a contar la historia completa ni quieren que se publique por razones de seguridad, pero en enero de 2024 los coordinadores de Vente Venezuela (la organización de Machado) se plantearon reunir a más de 600.000 ciudadanos para conformar un aparato de «integridad electoral».
Machado empezó a referirse públicamente a ellos como los “comanditos” de campaña. Para el 8 de julio, la líder anunció que tenían 58.300, y que cada uno estaba integrado por diez personas.
Aunque en elecciones anteriores la oposición ya había puesto en práctica algunas estrategias de vigilancia del voto, como reportar incidentes, llevar a cabo conteos paralelos e instalar salas de totalización extraoficiales, nunca había tenido testigos en algunos puestos de votación, especialmente en algunas zonas peligrosas y de mayoría oficialista.
El pasado 28 de julio, sin embargo, la oposición logró tener un poco más del 90% de las mesas cubiertas con sus representantes y eso hizo una gran diferencia para poder recolectar las actas de escrutinio que emite cada máquina al cierre de la votación. Esas actas debían ser custodiadas y luego escaneadas, para que todo el mundo pudiera ver los resultados y comparar su voto en una plataforma web robusta.
Una contienda sin árbitros
El domingo 28 de julio, Elvis Amoroso, rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), leyó un boletín y anunció que Nicolás Maduro había sido elegido presidente de Venezuela con el 80% de los votos escrutados. Dijo que la tendencia era irreversible y dio los siguientes resultados: 51,2% para Maduro, 44,2% para González y otros porcentajes menores para el resto.
Las matemáticas no cuadraban. Los porcentajes presentados eran extraños, con porcentajes exactos hasta el sexto decimal, como empezaron a señalar distintos grupos de académicos y analistas, que también empezaron a hacer proyecciones ponderadas.
La información de la Plataforma Unitaria también era muy distinta, tanto por las encuestas de salida que habían contratado como por las actas de escrutinio que iban llegando. Mientras tanto, la página oficial donde el CNE debía publicar los resultados estaba caída. Tampoco le habían permitido la entrada a la sala de totalización a Delsa Solórzano, la representante de la Plataforma Unitaria ante el árbitro electoral. Además, el rector Juan Carlos Del Pino, que había criticado el proceder de Amoroso, no estuvo presente en el anuncio de los resultados.
Para la oposición estaba claro que el CNE mentía para favorecer a Nicolás Maduro. Consideraban que el árbitro electoral era cómplice de un fraude. “Sabíamos muy bien de lo que son capaces”, dijo María Corina Machado a los pocos minutos en una transmisión, al anunciar que, según las actas que tenían en sus manos, el nuevo presidente de Venezuela era Edmundo González Urrutia.
Había razones para desconfiar del CNE. Si bien siempre habían tenido una mayoría de rectores de tendencia chavista y nunca habían sancionado el “ventajismo electoral” del oficialismo en las campañas, se mantenían ciertas garantías. El CNE publicaba la información sobre los votos y también entregaba un disco con esa información a cada partido que se presentaba a los comicios, como estaba estipulado por ley. Así había sido hasta 2015, cuando la oposición ganó las elecciones parlamentarias y quedó en evidencia que el Gobierno había perdido el voto popular.
“A partir de ese hito, el Gobierno hace una serie de reformas y reingeniería del sistema electoral en Venezuela”, dice una exrectora del CNE que prefiere no ser identificada. En 2016 dejaron de celebrarse elecciones a gobernadores, tampoco permitieron celebrar un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro y luego dejaron de publicar los resultados de las elecciones más recientes: las de la Constituyente y el referendo sobre el Esequibo.
La excusa del Gobierno para no publicar los resultados esta vez era que el CNE había sufrido un ataque cibernético desde Macedonia del Norte. Sin embargo, el diseño y el funcionamiento del propio sistema electoral iban en contra de ese argumento. Días antes de las elecciones, al finalizar con éxito una auditoría de tecnología, Carlos Hernández, responsable de la seguridad del CNE, había dicho: “Esta red estará totalmente aislada, nosotros no tenemos comunicación con el mundo; la red de CANTV se encuentra ese día del evento asignada únicamente para este uso”.
Además, las actas de escrutinio se emiten por cada máquina de votación antes de que los datos se transmitan a la sala de totalización del CNE. Por lo tanto, un hackeo no afectaría al escrutinio, que queda consignado de todas maneras en las actas en papel, cuyas copias también se han entregado al partido oficialista y al resto de partidos. Las actas originales quedan en custodia del Plan República, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
En el pasado, el Gobierno ha jugado a dividir a la oposición, pero no contaba con que otro de los candidatos, Enrique Márquez, diera una rueda de prensa y denunciara públicamente que, aunque a la Plataforma Unitaria no le habían permitido tener a un representante en la sala donde se sistematizan los resultados, su partido, Centrados, sí había contado con alguien allí. Esa persona había sido testigo de que las máquinas que reciben el total de los votos y deben imprimir los boletines, en presencia de los testigos, no lo hicieron esta vez. “Lo digo claramente, ese boletín no se produjo allí, no sé dónde se produjo, pero no fue en la sala de totalización electoral”, dijo Márquez, cuyo partido también ha logrado guardar copias de otras actas que serían entregadas a la plataforma de Machado.
Además, el CNE había violado la propia ley electoral, que indica que primero debe realizarse la totalización completa en un plazo de 48 horas para luego adjudicar y proclamar al ganador. Sin embargo, en una carrera contra el tiempo, Amoroso se apresuró a formalizar el acto a la mañana siguiente, en presencia de muchos de los acompañantes internacionales, las demás cabezas de los poderes y la cúpula militar.
Esto fue lo que desató una reacción espontánea de indignación y rabia entre muchos venezolanos, que empezó con cacerolazos y continuó con manifestaciones en las calles. En varias ciudades también destruyeron varias estatuas de Chávez. Y, aunque el Gobierno se empeñara en su narrativa polarizante, afirmando que era una protesta de los opositores «de los apellidos» y no del pueblo, fue evidente que los sectores populares también se habían movilizado. Desde el barrio Petare, en Caracas, considerado una de las favelas más numerosas de América Latina, bajaban decenas de personas en motos y a pie a exigir el respeto por los resultados. Las actas de escrutinio no eran una mera formalidad ni un reclamo de la oposición: constituían la prueba de que el chavismo podría haber perdido la soberanía popular.
Mientras las fuerzas de seguridad reprimían la protesta, el presidente Maduro anunció que había solicitado un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (los amparos se presentan normalmente cuando a alguien se le han conculcado sus derechos) para que allí se dirimiera el conflicto. Varios abogados, tanto en Venezuela como en el exilio, reclamaron que era un absurdo y una jugada para comprar tiempo. “Es una manera de lograr que no se discuta más el asunto. El TSJ sustituye al CNE, avala las actas del PSUV frente a las de la oposición, pero eso no tiene sentido: el CNE es el único que puede certificar si esas actas son las de su sistema”, señala la abogada Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia.
El TSJ admitió el recurso legal y anunció que el viernes 2 de agosto había citado a todos los candidatos a comparecer en persona, requisito que, según Louza, es otra irregularidad. Edmundo González no acudió. Un poco antes de la hora citada, el CNE emitió un segundo boletín, con el 96,87% escrutado, en el que proclamaba ganador a Nicolás Maduro, pero una vez más no mostró ningún acta, ni publicó los resultados en su página web, discriminados por centro y mesa, para que se pudieran auditar de manera independiente. Tampoco entregó la base de datos a los demás partidos, ni realizó una auditoría de telecomunicaciones prevista. Aún así, los magistrados del TSJ certificaron los resultados dados por el rector Amoroso, e instaron a candidatos y ciudadanos a respetarlos.
Está ampliamente documentado que la justicia venezolana no ofrece garantías ni es un órgano independiente. Según el ranking que realiza el World Justice Project, Venezuela ocupó el último lugar entre 142 países y es considerado el sistema más injusto de toda la región. La cooptación del poder judicial, así como la de los demás poderes, ha sido un proceso gradual que empezó con Chávez y ha continuado con Maduro. Esto es lo que ha llevado al sociólogo venezolano Ramón Piñango a decir, desde hace más de una década, que el país se quedó sin árbitros y que, sin un árbitro creíble, es difícil mantener la paz.
La ilusión de muchos venezolanos, que conocen bien su historia, era que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el último árbitro y cómplice de otros quiebres en el pasado, hiciera respetar el voto popular o, al menos, que no siguiera las órdenes del comandante en jefe para reprimir la protesta.
En las redes sociales han circulado algunos vídeos de uniformados que no lo hacen, pero son ejemplos aislados. El comandante general y ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el resto de la cúpula militar han respaldado a Nicolás Maduro. El saldo de la represión para el jueves 1 de agosto era de 19 muertos y Maduro ya hablaba de más de mil personas detenidas.
“Y vamos por 1.000 más”, amenazó. Las advertencias, y la invitación a delatar a quienes ayudaron a la oposición, a través de una aplicación y líneas telefónicas, quizás hagan aumentar la cifra en los próximos días.
La fase 2: la resistencia interna y la presión externa
La ausencia de la prueba, de manera pública y visible ante todo el mundo, sería la prueba del fraude. Por eso los opositores han insistido tanto en ello. Pero, en paralelo a la legítima demanda de defensa y respeto por los resultados del voto popular, ya ha empezado otra etapa.
Nicolás Maduro hará lo que sea por quedarse en el poder, aguantando, dilatando, o como dicen en Venezuela “corriendo la arruga”, con discursos y matrices mediáticas conspirativas, y con su aparato represivo, como ya hizo en anteriores ocasiones, aunque esta vez el coste sea más elevado. “Intentará fragmentar a la oposición, que hasta ahora se ha coordinado en torno a González Urrutia, a través de la represión selectiva y la cooptación”, dice Maryhen Jiménez, politóloga venezolana e investigadora de la Universidad de Oxford.
La oposición tendrá que demostrar que puede mantenerse cohesionada y resistir, manteniendo una movilización y presión, para lograr que el Gobierno acepte negociar una transición o que se quiebre internamente. “Está por verse si el movimiento pro-cambio que se ha intentado construir logra concretar sus demandas, al mismo tiempo que protege a sus integrantes en el proceso”, dice Jiménez.
Son conscientes de que no pueden lograrlo sin presión externa. El jueves por la tarde, María Corina Machado publicó en el The Wall Street Journal su mensaje a la comunidad internacional desde la clandestinidad, ya que distintos portavoces del oficialismo han dicho que van a capturarla a ella y a González, y Maduro ha pedido que la investiguen: “Nosotros, los venezolanos, hemos cumplido con nuestro deber. Hemos votado para destituir al Sr. Maduro. Ahora le corresponde a la comunidad internacional decidir si tolerará un gobierno ilegítimo demostrado”.
Pero es una apuesta incierta. Los organismos multilaterales han perdido capacidad de incidencia y resolución; el autoritarismo y el populismo, tanto de izquierda como de derecha, han torpedeado los consensos.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, saboteó el pronunciamiento de la Unión Europea que condenaba las fallas e irregularidades en el proceso electoral, que la misión de observación electoral del Centro Carter señaló en un comunicado, una vez sus observadores salieron del país: “La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.
En la región, tampoco está claro lo que pueda pasar. “La Organización de los Estados Americanos, que se creó precisamente para este tipo de conflictos, es cada vez más irrelevante”, opina Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano y profesor de la Universidad de Georgetown. Añade que, aunque se puede entender que Colombia, Brasil y México —los países de la región que pueden tener más incidencia en una negociación— se hayan abstenido o no hayan participado en la sesión, es lamentable que no se haya logrado una resolución.
Para Shifter, resulta preocupante que, posteriormente, este grupo de países haya emitido un comunicado conjunto en el que no condenan la represión, a diferencia del presidente chileno, Gabriel Boric, que, aunque también es de izquierda, ha tenido una respuesta coherente y clara ante la violación de los derechos humanos, basada en principios y no en una solidaridad ideológica.
El comunicado también insta a que el conflicto se resuelva por la vía institucional, pasando por alto que en Venezuela no hay Estado de derecho ni separación de poderes. (Justo antes del cierre de este artículo, el diario El País reveló que la propuesta de México, Colombia y Brasil era que Nicolás Maduro y Edmundo González se sentaran a la mesa, sin la presencia de Maria Corina Machado.)
“Es un momento que exige una diplomacia del más alto nivel y hay ciertos aprendizajes en la comunidad internacional que son importantes”, dice Laura Dib, del Washington Office for Latin America. “El aislamiento diplomático le hizo mucho daño a la población venezolana y a los migrantes en esos países que rompieron relaciones”.
Hay ocho millones de refugiados y migrantes venezolanos en otros países de América Latina y también en Estados Unidos. Esa diáspora hace difícil que los países ignoren lo que sucede en Venezuela y preferirían evitar nuevos flujos migratorios de venezolanos que huyan de la persecución o que simplemente no quieran permanecer en su país si Maduro continúa en el poder.
Esta crisis, sin embargo, a diferencia de otras anteriores, se desarrolla en el marco de procesos de diálogo previos, como los de Barbados, con la mediación de Noruega, y el de Qatar, una negociación paralela que surgió con Estados Unidos, país que tradicionalmente ha sido el socio comercial más importante de Venezuela, entre otras razones, por sus ricos recursos petroleros y mineros.
El gobierno de Joe Biden, que negoció la retirada de algunas sanciones e incluso liberó al empresario Alex Saab, involucrado en varias tramas de corrupción con el Gobierno venezolano, para que se celebraran elecciones, ha adoptado una postura más frontal que otros países de la región que pueden hacer presión, reconociendo a Edmundo González como el presidente electo. Perú, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, y Panamá también lo han hecho.
En una rueda de prensa el jueves 1 de agosto, Maduro dijo que estaba abierto al diálogo con Estados Unidos si se retomaba la agenda de Qatar, y al final del día publicó las actas en su cuenta de X.
Pero, hasta el momento de cierre de este artículo, no hay nada que sugiera que esto pueda concretarse pronto, y mucho menos que Estados Unidos le levante las sanciones a él y a otros altos funcionarios del Gobierno que tienen órdenes de captura por varios delitos y que hacen que el costo de salir del poder sea muy alto. Por eso, Maduro se está atrincherando y esperando a que el resto del mundo acepte su versión de los hechos, sin demostrar que ganó las elecciones. Si eso sucede, será la normalización del autoritarismo.
2 MIRADA
PORTADA
Liberen a Venezuela: esta es la cruda radiografía que demuestra que el dictador Maduro se está saliendo con la suya, a punta de terror y trampa. El mundo tiene que frenarlo
Hoy el vecino país está secuestrado. El mundo debe impedir que el dictador Nicolás Maduro, una vez más, se salga con la suya y se quede en el poder. El pueblo eligió a Edmundo González. Hay que protegerlos a él y a María Corina Machado.
Nicolás Maduro, una semana después de las elecciones en Venezuela, sigue en el poder y pareciera estarse saliendo con la suya. Aunque los resultados fueron claros, y hasta Estados Unidos reconoció a Edmundo González como el presidente electo del vecino país, nada ha servido. La represión ordenada por el dictador en las calles es brutal. El reporte, hasta el momento, habla de por lo menos 20 muertos, 1.000 detenidos y una gran cantidad de heridos y desaparecidos. Eso sin contar con 74 menores de edad presos en las calles. El panorama es tan desolador que María Corina Machado, principal apoyo de González, terminó anunciando su paso a la clandestinidad para proteger su vida y su libertad. El dictador la ha amenazado con cárcel, llamándola “terrorista”.
Hoy, cuando el pueblo venezolano lucha por la democracia, y su país está a la deriva, la comunidad internacional debe tomar cartas en el asunto, de manera decidida, para hacer respetar el histórico resultado de las elecciones del pasado domingo en las que Edmundo González obtuvo el 67 por ciento de los votos (7.156.462), según la oposición, tras verificar el 81 por ciento de las actas de votación que fueron recuperadas. Maduro, por su parte, registró el 30 por ciento de los votos (3.241.461).
El CNE se ha negado a contarles la verdad a los venezolanos y es cómplice del robo. Por eso, este viernes ratificó a Maduro como ganador con un porcentaje falso del 51,95 por ciento de los votos frente a un supuesto 43,18 por ciento de González. A diferencia de los opositores, la autoridad electoral venezolana, cooptada por la dictadura, no ha mostrado las actas ni ha sustentado los resultados. En cambio, el pasado domingo, en el primer conteo, suspendió la publicación de las actas y a la medianoche proclamó vencedor a Maduro.
Contra todos los pronósticos, el dictador sigue atornillado en el poder. Y lo más grave, con el apoyo de los militares liderados por el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino, quien aseguró: “Estamos en presencia, sencillamente, así lo digo, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado, por supuesto, por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos”.
Maduro sabe que, a pesar de que sigue en el poder de manera criminal, países como Rusia, China, Irán, Cuba y Nicaragua lo respaldan. Está tan envalentonado que rompió relaciones con los primeros siete países latinoamericanos que le exigieron transparencia en los resultados (Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay). En el caso de los Gobiernos de Brasil, Colombia y México, si bien han pedido “conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación”, han tenido una postura amigable con Maduro, buscando una salida negociada con la oposición. Y haciendo énfasis en que Venezuela es un pueblo soberano y ningún país extranjero puede intervenir, y solo debe prestar buenos oficios.
Los caminos de Maduro
Venezuela completa 25 años en manos del chavismo, 11 de los cuales han transcurrido bajo Maduro. En los últimos años, más de 7 millones de venezolanos salieron de su país huyendo del régimen y buscando mejores oportunidades, en lo que se ha calificado como una diáspora con pocos antecedentes. El Programa Mundial de Alimentos ha señalado que el 59 por ciento de los hogares no tiene ingresos suficientes para comprar los alimentos requeridos. El año pasado, Venezuela afrontó la inflación más alta del mundo, al llegar al 193 por ciento. Asimismo, su economía ha resultado gravemente afectada por la destrucción de su principal industria, la petrolera, al pasar de producir hasta tres millones de barriles diarios de petróleo a unos 780.000 hoy.
Maduro ha representado no solo la ruina para los venezolanos, sino el terror, porque ha logrado consolidar una estructura que le ha permitido mantenerse en el poder y controlar absolutamente todas las instituciones y las ramas del poder público, incluida la Justicia. Tras las elecciones del domingo hubo un punto de quiebre que le deja dos alternativas: permanecer en Miraflores, bajo la presión de la mayoría de la comunidad internacional, sometiendo al país a nuevas y drásticas sanciones, prácticamente aislado del mundo, o reconocer la victoria de Edmundo González, con la fuerza de María Corina Machado, y acordar una transición pacífica.
Es sabido que si Maduro se queda, pese al fraude, Estados Unidos tendría que apretar de nuevo las clavijas, aunque durante el Gobierno Biden ha sido claro que han importado más los intereses de la Casa Blanca en el petróleo venezolano que el retorno de la democracia al vecino país. No hay que olvidar que las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina y que Donald Trump tiene una alta probabilidad de ser nuevamente presidente, lo que podría llevar a Washington a endurecer sus políticas frente a Caracas para arrinconar a Maduro, quien es buscado por la Justicia de ese país, acusado de narcotráfico.
Si, por el contrario, la presidenta fuera Kamala Harris, como mínimo, se podría mantener la línea de sanciones de Biden.
Hasta ahora, el Gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado sobre el llamado que ha hecho el dictador para que retornen los diálogos entre esos dos países. Estados Unidos no ha tenido una buena experiencia con Maduro. Las negociaciones de México y Barbados hicieron agua. Aunque hubo elecciones, María Corina Machado no pudo ser candidata y fue hostigada hasta último momento. Hoy, el régimen la tiene amenazada y en la clandestinidad. Con la liberación de Álex Saab por parte de Estados Unidos, tampoco pasó nada, y la percepción que quedó en el ambiente fue que Maduro se burló del Gobierno Biden.
El secretario de Estado, Antony J. Blinken, conversó con Edmundo González y María Corina Machado, y felicitó a González por recibir la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio. También manifestó su preocupación por la seguridad y bienestar de estos dos líderes de la oposición después de las elecciones y condenó toda violencia y represión política. Aplaudió al pueblo venezolano por su dedicación a la democracia frente a desafíos importantes y reafirmó el compromiso de Estados Unidos de apoyar el proceso de restablecimiento de las normas democráticas en Venezuela.
Lo ocurrido el domingo llevó al propio Maduro a fantasear con teorías de la conspiración, culpó a Elon Musk, el multimillonario dueño de X y de Tesla, de formar parte de un hackeo al sistema electoral venezolano. Musk le dijo de todo a Maduro y lo dejó en ridículo. “Es evidente, se está drogando (...) Voy por ti”.
Aunque ha habido fuertes críticas a Petro, Lula y AMLO, algunos guardan la remota esperanza de que logren hacer entrar en razón a Maduro para que permita que haya transparencia en los resultados electorales, cualquiera que ellos sean. Los más pesimistas, y por las experiencias del pasado, creen que Maduro solo está ganando tiempo. La reacción del presidente de Argentina, Javier Milei, a la abstención de Colombia, Brasil y México en la OEA, puesto que no firmaron una resolución que exigía resultados transparentes a Maduro, fue contundente: “Son cómplices, ya sea por ignorantes o por estúpidos”.
En el caso de la oposición, María Corina Machado ha sido clara: “Los resultados no se negocian”. En cambio, le ha ofrecido a Maduro una transición sin persecución y ordenada. Ella montó una especie de autoridad electoral paralela que recogió las pruebas del fraude. “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer (...) Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, dijo el presidente de ese país, Gabriel Boric.
No tienen argumentos para nada, ya no pueden probar que ellos ganaron la elección. Hicieron una chapuza tan grande que ni siquiera matemáticamente es viable lo que ellos dijeron que habían obtenido como votos. La lucha por las elecciones la tienen absolutamente perdida, no hay nadie que le reconozca esos resultados”, aseguró a SEMANA el director del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero.
Maduro se mantiene en el poder por la lealtad de los militares, un estamento corrupto que ha sido cooptado por el régimen con privilegios y vía libre para delinquir impunemente. Los generales en Venezuela hoy son millonarios. A muchos se les vincula con el cartel de los Soles, una organización delincuencial dedicada al narcotráfico desde las filas. Si el general Vladimir Padrino le quitara el apoyo a Maduro, el dictador estaría perdido. Ha habido voces que se han atrevido a instar a los uniformados a que lo capturen, lo entreguen a Estados Unidos y cobren la recompensa por 15 millones de dólares que ofrece ese país. “No puede haber golpe de Estado en una dictadura, los golpes de Estado se presentan en la democracia y el caso de Maduro es una dictadura. Acá hay un derrocamiento de un dictador, si lo entregan a la DEA o, en su defecto, él sale huyendo”, dijo el presidente del Partido de la U, Álex Vega, exregistrador colombiano.
Javier Milei, presidente de Argentina.| Foto: NurPhoto via AFP “El único camino que les queda es que los ciudadanos hagan imponer el resultado, es la única salida, no hay otra. Así como María Corina Machado logró mover a los venezolanos, ahora le toca decirles: ‘Señores, nos toca ir a tomarnos el Palacio de Miraflores y el Parlamento’, como pasó en Sri Lanka, donde las personas pacíficamente echaron a un presidente ilegítimo, acá tienen uno ilegítimo también y creo que es lo único que pueden hacer”, sostuvo el exvicepresidente Francisco Santos.
Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa de Venezuela. | Foto: AP
Hoy en Venezuela, cuando se sale a la calle, no hay garantía de regreso. En ese contexto, Machado y González convocaron una nueva movilización este sábado que promete ser multitudinaria. No se sabe si ellos podrán estar en la jornada porque tuvieron que pasar a la clandestinidad, debido a la persecución del régimen, que ya encarceló a Freddy Superlano, el exdiputado opositor que fue secuestrado mientras se movilizaba en su camioneta y por quien su esposa, Aurora Silva, está pidiendo que les den una prueba de vida.
Mientras la familia clama por conocer noticias de la situación de Superlano, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, bromea respondiéndoles que él está hablando bien, que es bilingüe y asegurando, sin presentar pruebas, que está en buen estado de salud.
“Muchos jóvenes tuvieron que decidir entre comer o estudiar, y la mayoría de nosotros estamos amenazados. Solo vamos seguros si estamos juntos. Estoy amenazada, solo salgo cuando estoy acompañada en una protesta masiva porque es la única forma de protegernos. Si salimos solos, a las horas estaremos detenidos y no sabríamos cuándo seremos liberados”, relató Angélica Ángel; tiene 23 años, es de padres colombianos, está liderando la convocatoria a las movilizaciones y acompañando la defensa de los jóvenes que fueron retenidos. Incluso, terminó movilizándose junto a un centro de detención para que sus gritos llegaran hasta las celdas de los jóvenes que fueron enjuiciados por marchar horas después de que el régimen dio el amañado resultado electoral.
La situación no es fácil. Los ataques llegan desde varios bandos. El fiscal, Tarek William Saab, abrió una investigación contra María Corina Machado por terrorismo, y el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, le pidió a Saab que detenga a los opositores. Ya lo están haciendo y el caso de Superlano es prueba de ello. “El ministerio público está actuando, no solamente con los malandros drogadictos a los que les pagaron 40 dólares para que respalden a una mujer, tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron”, señaló Rodríguez en una declaración de esta semana.
“Se está viviendo casi que un sistema nazi en el país. El llamado a la comunidad internacional y a los demócratas del mundo es que Venezuela no se termine convirtiendo en la Ucrania de América Latina, con baños de sangre y solamente proclamas en foros internacionales. Aquí hay dolor, aquí hay vida y esto va a generar mayor sufrimiento y desplazamiento humano”, pide Gaby Arellano, asambleísta de oposición.
El dirigente opositor Leopoldo López es optimista de lo que está por venir. “Nadie puede decir si son horas, días, meses (para la caída del régimen). Lo que sí digo es algo y es lo que se siente en Venezuela: estamos a días, semanas, de un momento culminante de esto. Nosotros hemos dado esta lucha durante muchos años y en distintos terrenos hemos ganado y hemos perdido. En estos momentos, todos esos terrenos se están articulando y en simultáneo hay protestas en las calles, ganamos unas elecciones masivamente”.
En días recientes, ha habido niños que se movilizaron y no regresaron. Eso le ocurrió a Berónica Mora, una joven de 13 años de Mérida que salió a movilizarse el 29 de julio y terminó siendo judicializada por supuesto terrorismo. SEMANA accedió a una lista de nueve menores de edad de esa ciudad que, como ella, corrieron con la misma suerte y que siguen detenidos.
Mérida es una localidad estudiantil donde las protestas son reiteradas porque quienes allí residen son los jóvenes que buscan un futuro mejor para su país, pero el caso de Berónica es especial: sus padres emigraron por la crisis y la defensa la asumió una organización que protege los derechos humanos.
SEMANA se comunicó con la hermana de otro menor de edad detenido, quien fue liberado en el momento del cierre de esta edición, y quedó con un expediente abierto en la justicia, pero aseguran que tienen miedo de hablar porque por el supuesto delito de terrorismo pueden dejarlos en la cárcel hasta por 22 años, pese a que su único “pecado” fue reclamar una Venezuela en democracia.
En el Congreso de Estados Unidos ha habido voces de pleno respaldo a la oposición en medio de la grave crisis. “No están solos, el Congreso Federal de Estados Unidos y el Gobierno americano están con ustedes, estamos protegiéndolos para que nada les pueda pasar”, dijo la congresista María Elvira Salazar.
Lo grave de que Maduro se quede impunemente en Miraflores no es solamente que el dolor de los venezolanos por la dictadura se perpetúe. La permanencia de Maduro en el poder tiene encendidas las alarmas en la región, especialmente en Colombia, donde la oposición teme que el presidente Petro pueda intentar hacer algo similar. “Venezuela y Colombia son dos caras de la misma moneda, un espejo, y estamos a tiempo de parar”, dijo la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
El silencio de Petro, y luego su inusual prudencia, lo han dejado en evidencia sobre su simpatía y cercanía con el dictador. Hoy es urgente liberar a Venezuela y hacer respetar la contundente decisión de su pueblo, que le dijo adiós a Maduro.
19-05-2024
1. ¿Qué salidas hay para retomar una senda de crecimiento sostenible de la economía que beneficie a los colombianos?responder este interrogante. y lo puedes enviar a mi nueva cuenta Malili1010@outlook.com en las fechas establecidas el documento debe estar escrito a mano con sus análisis , minimo 2 páginas.
Los colombianos, agobiados por los impuestos en un sistema que asfixia a empresas y trabajadores: conozca qué es el 10-10-10
Llegó la hora de una reflexión de fondo sobre el sistema tributario colombiano, el menos competitivo de la Ocde. ¿En qué consiste la estrategia del 10 % de IVA, 10 % de renta a empresas y 10 % de impuesto a las personas naturales?
Tras un crecimiento del PIB colombiano de 0,6 por ciento en 2023, el Dane reveló esta semana que la economía creció 0,7 por ciento en el primer trimestre de este año, muy lejos del 2,7 por ciento registrado en el mismo periodo del año pasado. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2023 Panamá creció 6,1 por ciento; Costa Rica, 4,9 por ciento; Paraguay, 4,5 por ciento, y México, 3,6 por ciento.
Eso quiere decir que la situación de Colombia hoy se asemeja a la de los países que se ubican en la parte más baja de la tabla, como Cuba (1,5 por ciento), Perú (0,3 por ciento), Chile (0,1 por ciento), Haití (-1,8 por ciento) y Argentina (-2,5 por ciento) antes de la llegada de Milei a la presidencia. Esto indicaría que hay un desacoplamiento entre las economías de América Latina y el Caribe, donde unas están progresando y otras no.
Además, en 2023, la productividad en Colombia decreció 1,7 por ciento, mientras que la población continuó aumentando (0,4 por ciento). Las cifras más recientes indican que, en el primer trimestre de este año, la tasa de desempleo creció al 11,9 por ciento. La tasa de desocupación, en el caso de las mujeres, fue de 15 por ciento, y de 9,6 por ciento para los hombres. La tasa de desempleo de los jóvenes entre 15 y 28 años fue del 20 por ciento.
En términos prácticos, Colombia está al borde de una recesión y lejos de poder cumplir su potencial de crecimiento de largo plazo. Si se mira con lupa el dato de crecimiento del primer trimestre, preocupa que el gasto del sector público sea el responsable de ello. De lo contrario, habría sido nulo. Sectores como el comercio, la manufactura, los servicios y otros del aparato productivo privado tuvieron indicadores en rojo. El déficit fiscal, que el año pasado fue del 4,2 por ciento del PIB, llegó a 70 billones de pesos y es insostenible. El panorama para 2024 es similar.
El país no puede continuar financiándose a tasas de interés altas para cubrir sus gastos. Explicado de manera sencilla, la deuda nacional es similar a una persona usando su tarjeta de crédito en la que el costo de las compras excede el monto pagado todos los meses, acumulando deuda a través del tiempo. No es saludable para la economía crecer a punta de deuda pública, que en el fondo termina generando inflación y encareciendo los costos de financiamiento para el Gobierno, las empresas y las personas naturales.
Uno de los datos más preocupantes del informe del Dane, que tendrá repercusiones en el mediano y largo plazo, es que Colombia completa cinco meses consecutivos con una caída en la tasa de la inversión privada. El comportamiento de la inversión cayó 24,8 por ciento en 2023, comparado con 2022. Como porcentaje del PIB, durante el cuarto trimestre del año pasado, llegó a un mínimo en décadas, ubicándose en 10,5 por ciento, frente a un promedio histórico de 21 por ciento. En el primer trimestre de 2024, la inversión cayó otro 13,4 por ciento y el panorama sigue siendo incierto.
Entre los factores que más incidencia tienen en las decisiones de inversión, consumo y crecimiento, está el sistema tributario. Esto, aunado a la inflación, las altas tasas de interés y la incertidumbre política afectan el desarrollo económico. | Foto: Alejandro Acosta
Entre los factores que más incidencia pueden tener en las decisiones de inversión, consumo y crecimiento está el sistema tributario. Esto, sin decir que la inflación, las altas tasas de interés y la incertidumbre política afectan el desarrollo económico.
El sistema tributario colombiano tiene una larga historia de décadas y se reinventa, en promedio, cada año y medio.Van 15 reformas tributarias en los últimos 25 años. Eso lo ha convertido en un laberinto inviable que solo satisface necesidades de corto plazo. Los políticos hacen fiesta con cada reforma tributaria, porque eso implica mermelada y les abre las puertas para la corrupción. Algunos ricos y poderosos emplean ejércitos de lobistas que se la pasan lagarteando en el Congreso para defender sus intereses.
Para los colombianos y las empresas, se ha vuelto imposible tomar decisiones de largo plazo y una pesadilla cumplir con los requisitos del enredado sistema tributario. Por ejemplo, el Gobierno Pastrana creó el impuesto del 2 por 1.000 (que hoy ya está en el 4 por 1.000) a las transacciones bancarias, en medio de la crisis económica de finales de los años noventa. Luego, los gobiernos de Uribe y Santos implementaron un impuesto al patrimonio. El primero para fortalecer la seguridad democrática, y el segundo para ayudar a cumplir con el acuerdo de paz con las Farc.
Los colombianos podrían tener un mejor estilo de vida.| Foto: GUILLERMO TORRES REINA-
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien ejerció el cargo durante seis años al lado de Juan Manuel Santos, aumentó el IVA del 16 al 19 por ciento. Cárdenas también introdujo el impuesto a la ganancia ocasional y a los dividendos, una tarifa que luego fue aumentada en el Gobierno Duque. Cárdenas impulsó medidas para gravar más a los colombianos sobre sus ingresos y patrimonios alrededor del mundo, mientras que la gran mayoría de países tienen impuestos territoriales, es decir, los contribuyentes y las empresas tributan sobre los ingresos nacionales.
La consecuencia ha sido que más de 70.000 colombianos de altos ingresos emigraron del país y se llevaron sus inversiones al exterior. Los ingresos declarados por personas naturales de rentas en el exterior son de aproximadamente 160.000 millones de pesos, lo cual podría implicar un recaudo de unos 50.000 millones de pesos, es decir, el 0,1 por ciento del presupuesto nacional. El costo para la economía y la inversión ha sido alto. Sería mejor que esas personas tengan incentivos y seguridad jurídica para que reinviertan su capital en Colombia, en vez de llevárselo a España, Panamá y Estados Unidos, entre otras jurisdicciones.
La última reforma tributaria del presidente Petro volvió a imponer el impuesto al patrimonio para las personas naturales y amplió la base para las personas que ganan más de 10 millones de pesos mensuales, a quienes consideró ricas. El tributo para personas individuales llega a una tasa de hasta un 39 por ciento. Cuando se suman los parafiscales y otras retenciones, los trabajadores terminan entregándole al Estado más de la mitad de lo que ganan. La competencia por talento humano de calidad a nivel mundial es voraz. ¿Qué incentivo tiene un ejecutivo de una multinacional para trabajar en Colombia si, además de un impuesto de renta exorbitante, tiene que pagar un impuesto al patrimonio sobre sus activos en el exterior? Para eso se va a España, Costa Rica, Panamá o Estados Unidos. Colombia es, cada vez, un país menos atractivo para atraer a ese talento.
Lo mismo sucede con los altos ejecutivos colombianos, que son cotizados a nivel mundial. Las multinacionales se los están llevando, ofreciéndoles mejores condiciones y salarios en países con sistemas tributarios menos onerosos.
El efecto de todo esto es que las empresas y los colombianos se sienten asfixiados por un sistema tributario que, cada vez más, le asigna una mayor carga impositiva al que trabaja, y premia y subsidia a quien no labora.
A estas complejidades del régimen tributario nacional hay que sumarles los impuestos regionales y municipales. Por ejemplo, los prediales se han disparado con las actualizaciones catastrales. Los colombianos se sienten, literalmente, acorralados por toda clase de impuestos. El que se mueva paga un impuesto. Como si todo esto fuera poco, el Gobierno anunció que se avecina una nueva reforma tributaria el próximo año. Ante el panorama económico, se estima que, en 2024, el recaudo tributario se reduzca en unos 25 billones de pesos. ¿Hasta dónde van a exprimir a las personas y a las empresas?
En otros países, los ciudadanos pagan sus impuestos y el Estado invierte esos recursos de manera eficaz. En Colombia, la carga impositiva es alta, pero el ciudadano recibe poco del Estado y la plata se destina a burocracia, al gasto desbordado de funcionamiento y acaba en manos de políticos y contratistas corruptos. También hay sectores empresariales que dependen del Estado, como las EPS, la infraestructura y la construcción, entre otros, y todo el tiempo buscan gabelas.
Todos los gobiernos siempre han dicho que buscan reformas tributarias “estructurales”, pero esto nunca se cumple y al final se convierten en parches que complican más el sistema, generan incertidumbre y desincentivan la inversión.
Hay que reconocer que el sistema tributario actual no ha funcionado, así como se ha evidenciado en el caso de la salud y las pensiones. Se requiere una reforma profunda. ¿Quién habla por los contribuyentes de a pie y por las pequeñas y medianas empresas? Muchos poderosos han logrado que el sistema tributario sea hecho a su medida, a punta de gabelas y exenciones. ¿Y qué decir de los evasores, que, según diversos cálculos, le están costando unos 50 billones de pesos al año a la nación? Es hora de nivelar la cancha.
En 2023, el recaudo tributario llegó a 278,9 billones de pesos, alcanzando 16,6 por ciento del PIB. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para 2024, el PIB nominal de Colombia ascenderá a 1.680 billones de pesos.
SEMANA hizo un análisis de los sistemas tributarios de los países más competitivos en el mundo, de la lista de la Ocde, y encontró características comunes. Por ejemplo, en algunos de sus sistemas, no aplica ningún impuesto sobre la renta empresarial en las ganancias reinvertidas o retenidas. En otros casos, la tasa de tributación para las empresas es significativamente más baja que la colombiana. Hay impuestos fijos de alrededor del 20 por ciento sobre la renta individual. Igualmente, el impuesto a la propiedad en varios de estos sistemas se aplica solo al valor de la tierra. Además, los sistemas fiscales territoriales eximen de impuestos internos a las ganancias obtenidas en el extranjero por parte de empresas nacionales. En últimas, lo que indica todo esto es que se trata de sistemas tributarios simples, que no causan mayores molestias a los que tributan.
28-04-2024
https://www.youtube.com/watch?v=GRlUoYuev_0
visitar el enlace.
1. ¿Por qué lanzaron las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki? ¿Por qué lo hizo Estados Unidos ?,
2. como ocurrió el ataque a pearl Harbor. enlace
https://www.youtube.com/watch?v=2FtW2Rk4KTg
3. cuál es tu opinión ?.frente a los dos hechos.
CNN) -- El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera de dos bombas atómicas sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, matando a más de 70.000 personas al instante.
Una segunda bomba siguió tres días después sobre Nagasaki y mató a 40.000 más.
Estados Unidos sigue siendo el único país que ha utilizado una bomba atómica en una guerra.
La guerra nuclear marcó el final de la Segunda Guerra Mundial y un capítulo devastador en la historia mundial. Esto es lo que necesita saber sobre los ataques.
El bombardeo
En 1945, Hiroshima tenía entre 300.000 y 420.000 personas, según el Departamento de Energía y el sitio web de la ciudad de Hiroshima.
El entonces presidente Harry S. Truman autorizó el ataque a Hiroshima. El bombardero B-29 de EE.UU., el Enola Gay, lanzó la bomba nuclear, con nombre en código "Little Boy", el 6 de agosto de 1945.
¿Por qué lo hizo?
Los científicos estadounidenses que trabajan en el Proyecto Manhattan habían probado con éxito una bomba atómica en julio de 1945, después de la rendición de la Alemania nazi en mayo.
Truman había encargado a un comité de asesores, presidido por el secretario de Guerra Henry Stimson, deliberar si se debía utilizar la bomba atómica contra Japón.
Sam Rushay, el archivero supervisor de la Biblioteca Presidencial Harry S. Truman en Independence, Missouri, dijo a CNN: "En ese momento hubo un amplio consenso entre los miembros del comité en apoyo de la decisión de atacar. Stimson fue muy firme en cuanto a que se debía utilizar la bomba".
Charles Maier, profesor de Historia en la Universidad de Harvard, dijo que si bien era posible que Truman tomara otra decisión, dijo: "Hubiera sido difícil de justificar ante la opinión pública estadounidense por qué se prolongó la guerra, cuando se disponía de esta arma".
"Parecía ofrecer una solución mágica que potencialmente podría ahorrar mucho dolor", dijo a CNN.
Maier, que enseña un curso sobre la Segunda Guerra Mundial, dijo que Japón no estaba dispuesto a rendirse incondicionalmente y existía la preocupación de que una demostración de armas no habría sido suficiente. Tal demostración habría sido detonar un arma nuclear en una zona no habitada, pero observable, para obligar a Japón a rendirse, un enfoque que se vio favorecido por un grupo de científicos y por el secretario asistente de Guerra John McCloy, de acuerdo con Rushay.
Añadió que Truman y sus consejeros militares temían una "invasión muy costosa" en Japón.
"La experiencia reciente en las batallas de Iwo Jima y Okinawa era muy costosa en términos de bajas estadounidenses y japonesas, a pesar de la destrucción de la fuerza aérea y la marina japonesa," dijo Rushay. "Había una creencia generalizada entre los planificadores militares estadounidenses que los japoneses lucharían hasta el último hombre".
Maier dijo: "Los ataques suicidas son hoy bastante comunes, [pero] en el momento, el uso por parte de Japón de ataques kamikazes suicidas había tenido un fuerte impacto psicológico en los militares de alto rango de Estados Unidos quienes consideraban que el país entero se movilizaría para defender las islas".
"El ejército de EE.UU. no estaba dispuesto a decir que podía ganar la guerra sin la bomba", agregó.
Maier dijo que algunos historiadores han especulado que la posibilidad de la entrada de la Unión Soviética en la guerra ayudó a estimular la decisión de llevar la guerra a un final rápido mediante el uso de la bomba atómica.
Rushay dijo que Hiroshima fue uno de los cuatro objetivos potenciales y que Truman dejó en manos de los militares decidir qué ciudad atacar. Hiroshima fue elegida como blanco debido a su importancia militar. Nagasaki fue bombardeada unos días más tarde.
EE.UU. sigue siendo el único país que ha usado armas nucleares.
¿Cuál fue el resultado?
Al menos 70.000 personas murieron en la explosión inicial, mientras que aproximadamente 70.000 más murieron a causa de la exposición a la radiación. "El total de muertos en cinco años puede haber alcanzado o incluso superado los 200.000, debido al cáncer y a otros efectos a largo plazo", según la historia del Departamento de Energía sobre el Proyecto Manhattan.
EE.UU. dejó caer otra bomba sobre Nagasaki, Japón, el 9 de agosto de 1945, matando a 80.000 personas. Japón incondicionalmente acordó aceptar los términos de la rendición el 14 de agosto.
¿Qué dicen los críticos?
La devastación causada por el bombardeo llevó a muchos a criticar la decisión.
En su libro de memorias de 1963, "Mandato para el cambio", el expresidente Dwight D. Eisenhower criticó el uso de las bombas atómicas, diciendo que no eran necesarias para forzar la rendición de Japón.
Maier dijo que los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki "lograron llevar a que el emperador japonés interviniera con un ejército dividido y abogara por una rendición". Sin embargo, agregó que Japón puede haber estado dispuesto a poner fin a la guerra con condiciones como mantener el emperador.
En 1958, el Ayuntamiento de Hiroshima aprobó una resolución de condena a Truman por negarse a expresar remordimiento por usar las bombas atómicas y por seguir promoviendo su uso en una situación de emergencia. La resolución dijo que los residentes de la ciudad "consideran su deber sublime ser la piedra angular de la paz mundial y ninguna nación del mundo nunca debería permitirse repetir el error de utilizar las armas nucleares".
La resolución califica la postura del expresidente como una "deshonra grave cometida contra el pueblo de Hiroshima y sus víctimas caídas."
La defensa
Truman respondió a la resolución de Hiroshima escribiendo una carta al presidente del Consejo, diciendo que "el sentimiento de la gente de su ciudad es fácil de entender, y yo no estoy de ninguna manera ofendido por la resolución".
Sin embargo, Truman hizo hincapié en la necesidad de la decisión haciendo referencia a cómo EE.UU. había sido "apuñalado por la espalda" en el ataque a Pearl Harbor que llevó a cabo Japón y dijo que la decisión de utilizar las dos bombas nucleares salvó la vida de 250.000 soldados aliados y 250.000 japoneses ayudando a prevenir una invasión.
"Como el personal ejecutivo que ordenó el lanzamiento de la bomba, creo que el sacrificio de Hiroshima y Nagasaki era urgente y necesario para el bienestar prospectivo de Japón y de los aliados", concluyó Truman.
¿Cómo se sienten al respecto los estadounidenses y japoneses?
Una encuesta de 2015 del Pew Research Center encontró que sólo el 14% de los japoneses pensaba que el bombardeo fue justificado, mientras que el 79% dijo que no lo era.
Una encuesta de Gallup realizada inmediatamente después del bombardeo en 1945 encontró que el 85% de los estadounidenses aprobó la decisión de Truman. Sin embargo, la encuesta de Pew el año pasado encontró que la proporción de estadounidenses que creen que se justificaba el uso de armas nucleares contra Japón había caído al 56%.
14-04-2024}tomado del diario el espectador edición 14-04
Realiza una ficha en donde expliques cual es el problema; actores, destino del oro, que compañías lavan los ingresos del oro, consecuencias , tu opinión.
Los vínculos de las comercializadoras de oro y la minería ilegal en la Amazonia de Colombia
En Colombia, el 80% del oro exportado es ilegal. Una parte de ese mineral proviene de áreas protegidas del departamento de Guainía, en la Amazonia, muy cerca de la frontera con Venezuela y Brasil. Allí, al extremo este del país, confluyen actores armados, comunidades indígenas y empresas exportadoras de oro con investigaciones en la Fiscalía. Esta investigación –que forma parte de la serie Las rutas del oro sucio, coordinada por la Red Transfronteriza de OjoPúblico– revela que solo entre 2014 y 2023 Colombia exportó, por lo menos, 115 toneladas de oro de origen desconocido.
En las primeras semanas de septiembre de 2023, las fuerzas armadas venezolanas llevaron a cabo una gran operación contra la explotación ilegal de oro en Yapacana, un parque nacional del Estado de Amazonas, en Venezuela. Muchos mineros huyeron a un lugar cercano en búsqueda de mejor suerte. No se sabe con precisión cuántos, pero varios llegaron —o retornaron— a Puerto Inírida, la capital del departamento de Guainía, al extremo este de Colombia. La Procuraduría registró, entonces, 160 familias desplazadas; la Alcaldía declaró alerta amarilla hospitalaria y —cuenta ahora un líder indígena— más dragas aparecieron en el río Guainía, la principal “vía” de la región. El éxodo en las minas de Yapacana fue de unas 14 mil personas.
Guainía, a donde solo se llega por avión o por un río en el que viajan personas, alimentos, plátanos, motos, madera y paneles solares en canoas, no siempre fue un territorio agobiado por la minería ilegal, hoy responsable del 80% de la producción de oro en toda Colombia. Las comunidades indígenas de este territorio aseguran que, antes de la década de 1980, ni siquiera conocían el oro.
Pero, desde entonces, su extracción ilícita se intensificó tanto, que no la pudo detener ni un hecho por el que Guanía brilló en medios nacionales e internacionales: en 2014, tras 10 años de investigaciones científicas y trabajo entre comunidades indígenas, campesinas, academia y ONG, el Gobierno declaró como sitio Ramsar a uno de sus ecosistemas más populares, la Estrella Fluvial de Inírida. Se trata de un complejo de humedales de más de 250.000 hectáreas, en el que confluyen tres grandes ríos de la Amazonia.
Con esa figura se esperaba blindar aún más a su biodiversidad de cualquier actividad que pudiera ponerla en problemas. Después de todo, el departamento, donde también está la Reserva Nacional Natural Puinawai (1’092.500 hectáreas), es un corredor biológico que conecta las sabanas de la Orinoquia con el bosque amazónico; hace parte de la Reserva Forestal de la Amazonia y resguarda unas de las formaciones rocosas más antiguas de la Tierra. Está destinado, casi en su totalidad, a la conservación.
Sin embargo, contrario a lo esperado, el territorio tomó otro rumbo. Entre 2015 y el primer trimestre de 2023 se extrajeron, al menos, 1.565 kilogramos de oro. Naciones Unidas estima que el 95% de este mineral se extrajo de manera ilegal y la autoridad ambiental del departamento ha documentado cómo las balsas mineras se han expandido.
“La minería llegó con los blancos; algunos brasileros y otros del centro del país. Ellos bajaron por el río con las dragas y se extendieron. Nadie los paró”, dice un líder de la etnia Curripaco. “Hoy están ‘repelando’ el territorio con esas dragas. Y nosotros estamos metidos en ese sistema, trabajando con ellos, porque aquí el oro lo mueve todo. Pero nosotros no somos mineros ancestrales o artesanales”, insiste. Como él, el 80% de la población del Guainía es indígena.
¿Cómo es que puede terminar ese oro de Guainía convertido en oro legal? ¿Cuáles son las grietas de este mercado que también financia a grupos armados al margen de la ley? El Espectador —como parte de la Red Transfronteriza de OjoPúblico— viajó a este departamento para investigar las piezas de este rompecabezas.
Hay una cifra que ayuda a dimensionar lo que está sucediendo con el opaco mercado de oro en el país. El análisis de la base de datos de exportaciones de oro de países amazónicos —construida como parte de esta serie investigativa Las rutas del oro sucio—, revela que entre el 2014 y el 2023 Colombia declaró haber producido 503 toneladas oro, pero exportó mucho más: 574. En otras palabras, más de 66 toneladas (lo suficiente para llenar dos tractomulas a tope) tienen un origen desconocido.
Esta cantidad, sin embargo, es conservadora. Los informes de fuentes oficiales estiman que el80% del oro que se produceen Colombia es ilegal.
La Fiscalía, como supo El Espectador para esta investigación, está tratando de encontrar las razones de esa enorme brecha. Actualmente, investiga a varias de las principales exportadoras de oro colombiano, entre esas, a CI Metales Hermanos, que tiene, precisamente, vínculos con la extracción del mineral en Guainía.
En sus manos, la entidad tiene pruebas similares a las de dos comercializadoras —CIJ Gutiérrez y Goldex— que hace unos años sacudieron el mercado del oro en el país, cuando fueron investigadas por, supuestamente, tener proveedores ficticios y empresas fachada para certificar el origen del oro que exportaban. Gran parte del mineral provenía, según la Fiscalía, de yacimientos ilegales, como los que hoy existen en la Amazonia, pero luego terminaba incorporándose al mercado legal y global.
Basta darle una mirada a las siguientes imágenes, capturadas en sobrevuelos realizados por la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (que reúne organizaciones como Amazon Conservation Team, Gaia y WWF) para dimensionar lo que está pasando en la región amazónica colombiana. Tanto en la frontera con Perú, como con Brasil y con Venezuela, hay balsas mineras removiendo los ríos y abriéndose paso en medio de la selva para extraer diminutos fragmentos de oro.
Imágenes aéreas tomadas en la frontera con Brasil, en el río Puré, en el departamento del Amazonas. / Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro
Imágenes aéreas tomada en la frontera con Perú, en el río Cotuhé, en el departamento del Amazonas. / Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro
En el caso de la frontera con Venezuela, a donde viajamos, uno de los puntos donde más se ha extendido esa minería, y que ha encendido las alertas entre las autoridades ambientales, es el río Atabapo, uno de los afluentes que conforma el humedal Ramsar Estrella Fluvial del Inírida, donde está prohibido todo tipo de minería.
Con un factor agravante: en Colombia, como sucede en otros países que comparten la Amazonia, la minería ilegal ha sido impulsada por organizaciones criminales. Un informe de 2021, elaborado por el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) confirma que el oro se ha convertido en una fuente de financiación para estos grupos. Otra reciente investigación de OjoPúblico muestra que en varias regiones del país la minería ilícita representa más del 50 % del total de la economía de los grupos criminales.
El origen desconocido de 155 toneladas de oro
Para ir al río Atabapo, en la frontera con Venezuela, nos embarcamos en Puerto Inírida a las cinco de la mañana. Es noviembre de 2023 y, tras una hora larga de navegación, encontramos las primeras pruebas de explotación minera: un par de canoas largas con hombres, cargadas de recipientes plásticos azules (de 55 galones) que suelen contener hasta 200 litros de combustible. Unos metros más allá, aparecen las primeras dragas. Son unas estructuras flotantes con forma de casa, techos de palma, un motor, un compresor, un par de mangueras, combustible, hamacas y alrededor de 10 hombres.
“Ahí vive el administrador, el motorista, el manguerero, los buzos y una sola mujer, la cocinera. Trabajan día y noche, durante meses, succionando el lecho del río para extraer el oro”, explica Carlos*, un indígena de la zona que trabajó más de siete años como minero ilegal.
Es un lugar, dice, en el que “todo se tranza en oro”. “Una parte es para los trabajadores, que reciben entre uno y dos gramos por día. Otra, para la comunidad indígena por donde transitan (porque el 90% de Guainía es Resguardo Indígena); otra más para pagar el combustible, la comida y la ‘vacuna’ (pago) a los grupos armados que operan en la zona. El dueño de la draga (que no suele ser indígena) también se queda con una parte”, explica. Si sobra algo es para provisiones y ganancia.
Pablo Willan Acosta, que fue alcalde de Puerto Inírida hasta enero de este año, es franco al reconocer lo que sucede en su ciudad: “La minería es una actividad informal en el municipio, pero para nadie es un secreto que es la que dinamiza realmente la economía”.
Para saber qué estaba pasando en los ríos del Guanía, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), autoridad ambiental en la región, hizo un diagnóstico de la minería en 2020. “Para entonces, no había más de 30 balsas en tres ríos: el Inírida, el Atabapo y el río Negro”, asegura Jenny Rojas, directora de la entidad en Guainía. “Pero, actualmente, la situación es más preocupante: hay cerca de 35 balsas solo en el río Guainía”.
Álvaro Pardo, que, por años, fue un gran crítico de la manera en que el Estado colombiano ha manejado la minería y que ahora es el director de la Agencia Nacional de Minería (ANM), cuenta que también ha recorrido este río y ha sido testigo de las dragas que lo acechan. Dice que están haciendo un gran esfuerzo con el Ministerio de Defensa para acabarlas, pero reconoce que la tarea no es nada fácil.
En sus palabras, hoy la minería informal, sumada a la minería ilegal, y a la minería criminal, que alimenta las finanzas de grupos al margen de la ley, ya es un “problema estructural del sector” que crece cada vez que se dispara el precio internacional del oro. Mientras recorremos Guainía, donde la sensación térmica supera los 40 °C antes de medio día, su valor alcanzó un nuevo pico: US $70 por gramo. Hoy sigue subiendo. Actualmente, un gramo se cotiza en US $76.
Pardo también reconoce que es una situación que ha estado atravesada por irregularidades. Por ejemplo, en la ANM, dice, han encontrado personas que reportaban oro extraído de un título legal, cuando, en realidad, lo habían explotado en otro lugar. O personas que, aunque estaban muertas, seguían “extrayendo” oro y figurando en los registros. Algunas más que, aunque nunca habían tenido nada que ver con la minería, figuraban ante la entidad como “mineros de subsistencia”.
Estos ingredientes hacen muy difícil saber cuál es la “trazabilidad” de gran parte del oro que se extrae en Colombia. En teoría, cada gramo que se exporta debe dejar un registro en papeles que permite conocer el punto preciso de donde salió. Así, las empresas extranjeras pueden tener la certeza de que no provino de un yacimiento ilegal, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podría asegurarse de que cada actor declare y pague los impuestos de su actividad.
Pero las cifras analizadas para esta investigación exponen que este proceso no marcha como debería. El análisis de la base de datos de exportaciones —construida como parte de la serie investigativa Las rutas del oro sucio— revela varias inconsistencias.
Una de las más alarmantes es que, entre 2014 y 2023, Colombia envió al exterior más de 574 toneladas métricas de oro, pero la autoridad minera solo tiene registrada la producción de 508 toneladas. Pese a que entre 2014 y 2016, el país exportó menos de lo que produjo, desde 2017 hasta 2023, las cantidades exportadas fueron mucho mayores de las que el país declaraba producir. Como resultado, por lo menos 115 toneladas no tienen un origen conocido. ¿De dónde salen y a dónde están llegando esas toneladas de oro cuyo origen no es claro?
El país a donde más oro se exporta desde Colombia es Estados Unidos, que compró entre 2014 y 2023 cerca de 232 toneladas. Italia es el segundo mayor importador actualmente, que no tenía una participación importante antes de 2019, y ya ha importado 88 toneladas. Suiza, aunque ha reducido la cantidad de oro que le compra a Colombia, ha recibido 67 toneladas en nueve años. En total, las transacciones de oro con el exterior representaron, entre 2014 y 2023, una suma equivalente a US $21.320 millones de dólares, más de mil veces lo que gana Lionel Messi con el Inter de Miami, su actual equipo de fútbol.
Un elemento más muestra lo complejo de este mercado: en el top 15 de las empresas exportadoras de oro colombiano (que concentran más del 72 % de la exportación de oro desde 2014) hay por lo menos tres compañías con procesos penales en la Fiscalía por lavado de activos: CIJ Gutiérrez, CI Metales Preciosos de Colombia y CI Metales Hermanos.
Algunas de ellas, como CIJ Gutiérrez, la exportadora más grande del país, y CI de Metales Preciosos de Colombia (Meprecol), han pasado por extinción de dominio (es decir, fueron decomisadas por el Estado por usarse, directa o indirectamente, en actividades ilícitas) y actualmente son administradas por una entidad estatal: la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Entre 2014 y 2023, estas empresas han enviado, respectivamente, 83 toneladas y 48 toneladas de oro al exterior.
CI Metales Hermanos, otra de las principales exportadoras de oro colombiano, está en la misma situación. Según la Fiscalía, entre 2009 y 2015, esta empresa realizó compras ficticias a personas inexistentes e infló sus transacciones con el fin de certificar el origen del oro. Algunas de ellas, revela el expediente al que se tuvo acceso para esta investigación, fueron hechas con los habitantes de un resguardo indígena llamado Chorrobocón, en Guainía. La comunidad, sin embargo, no reconoce esas ventas.
“Hace unos años vinieron unos señores y sus abogados que nos pedían firmas, porque les incautaron unos kilos de oro. Llegaron a la comunidad porque éramos los únicos que teníamos zona minera. Y porque también hay barequeros registrados. Entonces vinieron a pedirles que firmaran un papel donde manifestaban que el oro era sacado aquí y se vendía para ellos”, explica el capitán de Chorrobocón, máxima autoridad de la comunidad. “Ofrecían 10 millones de pesos (al rededor de 2.600 dólares) a la comunidad por la firma, pero la autoridad de esa época no lo aceptó”, cuenta.
Pese a que Chorrobocón fue la primera Zona Minera Indígena que se formalizó en el país, en los años 90, actualmente no tiene títulos mineros vigentes, pues los perdió en 2006 por no llevar registros contables del oro que extraía ni tener reportes de las regalías que debían pagar. Sin embargo, como también confirma su capitán, el oro se sigue extrayendo de forma informal en los ríos.
Los papeles del lavado
En las 20 calles que conforman la zona urbana de Puerto Inírida, solo un almacén tiene un letrero grande que dice “compra de oro”. Está acompañado del NIT, el número de identificación que demuestra que es un negocio legal, registrado. Pero no es el único lugar donde se comercializa oro. En este pequeño caserío que se abre paso entre la selva, hay más de una decena de joyerías y compraventas que se dedican a la misma actividad.
En la parte trasera de uno de estos sitios en los que se comercializa el oro sin mayores controles, hay un pequeño horno, que alcanza temperaturas de hasta 1200 °C. Allí, cuenta un hombre detrás del mostrador, funden los gramos que compran a los distintos mineros. Tanto los que están registrados como “mineros de subsistencia”, una categoría que creó el Estado colombiano para reconocer y formalizar a los mineros artesanales; como a quienes trabajan en las dragas.
Según el “Registro Único de Comercializadores” de la Agencia Nacional de Minería (ANM), en Guainía hay 1.556 mineros inscritos como de subsistencia. Todos ellos tienen prohibido usar máquinas, explosivos o hacer actividades subterráneas. Y ninguno puede extraer más de 420 gramos de oro por año.
Aunque hay algunos que cumplen la normativa, investigaciones de la Fiscalía a las que tuvo acceso El Espectador, como parte de la Red Transfronteriza de OjoPúblico, revelan que este registro (RUCOM) también se ha usado para “certificar” o lavar el oro extraído en yacimientos ilegales. En otras palabras, asegura una fuente de la Fiscalía que ha investigado la minería ilegal, pero que solicitó mantenerse en el anonimato, ha sido un camino para lavar o blanquear el oro de origen ilegal.
La Agencia Nacional de Minería pide diligenciar unos formatos en los que está el nombre de la persona registrada en Rucom, el lugar de extracción y la cantidad de gramos que ha vendido (con un límite mensual de 32 gramos). “Pero cualquier persona puede registrarse, llenarlos y, con esos papeles, vender el oro que viene de yacimientos ilegales. Entonces, los comerciantes pagan las regalías, como si hubiera salido de una explotación formal, y consiguen la autorización para exportarlo”, explica. Cuando superan el tope de producción, agrega, inscriben a familiares o amigos en el sistema, así no realicen la actividad. “En la autoridad minera (ANM) no hay manera de verificar que ese oro es legal. Ahí hay una falla en el sistema”.
Álvaro Pardo, director de la ANM, dice que no es cierto que estén comprando oro ilegal y reitera que están haciendo esfuerzos para que eso no ocurra. En el caso de los mineros de subsistencia, asegura que el límite de los gramos es uno de los controles de la agencia. “Ahí no puede filtrarse oro de lavado de dólares o de dudosa procedencia”.
Pero también reconoce que, en el tiempo que lleva en el cargo (un año y medio), han detectado ciertas inconsistencias con esos registros. Ha habido, por ejemplo, mineros artesanales que no logran extraer los 420 gramos por año y venden su “cupo” restante por $100 mil o $200 mil pesos colombianos (US $ 20 - 50) a otras personas para que los usen. En otros casos, han hallado personas fallecidas cuyos nombres siguen siendo utilizados para comercializar oro con registro (RUCOM).
“Tengo otras denuncias gravísimas de lo que pasó en años anteriores: a un montón de gente que no tenía nada que ver con la minería, le dieron RUCOM. También había personas de bajos recursos a los que les pidieron sacar ese registro para luego vender el ‘cupo’. Así, otros legalizaban el oro que era ilegal. Es muy grave. Pero desde la ANM estamos poniéndole freno a esa situación”, sostiene Pardo.
Aunque las Alcaldías de cada municipio son las que deben registrar y verificar a esos mineros de subsistencia, es fácil comprobar la fragilidad del sistema al ingresar a una de las compraventas de oro en Puerto Inírida. Mientras estamos en una de ellas, un hombre moreno, flaco y alto entra y, de su bolsillo, saca una pequeña bolsa con fracciones diminutas de oro y un trozo de un par de centímetros. Los vierte en una taza sobre una báscula; suman tres gramos. Le pagan en efectivo y se va. No le pidieron documentos, no revisaron el registro de barequeros. Tampoco contaron cuántos gramos ha vendido en el mes o en el año.
Transacciones con resguardos indígenas en Guainía
Algo similar a este problema fue lo que detectó la Fiscalía en el caso de la empresa antioqueña CI Metales Hermanos y sus transacciones con el Resguardo Indígena Chorrobocón. La investigación documentó transacciones por $38.860 millones (US $12.7 millones) con el resguardo en Guainía. Y, según la entidad, la empresa realizó esos pagos a través de la Cooperativa Mineros de Colombia (Coomilcop), representada por Sergio Alejandro Varón Moreira.
Sergio Varón ha sido señalado de liderar el plan para que los indígenas aparecieran como proveedores de CI Metales Hermanos, pero, actualmente, se desconoce su paradero. “Él fue el representante legal de esa asociación de mineros. Pero creo que cometió un error ante la ley, entonces desapareció”, recuerda la autoridad indígena del resguardo.
La Fiscalía había iniciado esa investigación en 2018. Sospechaba que los accionistas de esa empresa, los hermanos Carlos Felipe y Jorge Andrés Ortiz Yepes, eran culpables de lavado de activos, concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito de particulares. Con las pruebas que habían recopilado, el 4 de abril de 2019 el fiscal encargado presentó la imputación ante un juzgado de Medellín y pidió medidas de aseguramiento que no privaran de la libertad a los hermanos Ortiz Yepes y a otros funcionarios de la empresa. El juez accedió a que hubiese vigilancia electrónica y les prohibió salir del país.
Al cabo de unos meses, en noviembre de 2019, la Fiscalía presentó el escrito de acusación con un hallazgo clave: aseguró que las transacciones que CI Metales Hermanos había hecho a resguardos indígenas por compras de oro nunca existieron. Pero la empresa sí registraba transacciones millonarias a distintos proveedores. “La mayoría de las transacciones realizadas desde y hacia las cuentas corrientes de CI Metales Hermanos superan los $500.000.000 (US $164.000) [cada una]. Gran parte se giraba mediante cheques de gerencia”, se lee en el expediente al que tuvo acceso El Espectador para esta investigación.
En otro apartado, quienes lideraban la investigación ratificaron que en los municipios en los que los empresarios dijeron haber adquirido el oro, no existía ese mineral o la explotación no era de la magnitud que se reportaba. También constataron que muchas de las empresas de las que CI Metales Hermanos decía haber adquirido el oro eran, en realidad, proveedores ficticios.
Solo en algunos casos las direcciones de funcionamiento de los proveedores de CI Metales Hermanos sí correspondían a pequeñas compraventas de oro. En muchas otras ocasiones eran direcciones falsas, direcciones de casas de familia o de chatarrerías. Aun así, entre 2014 y 2015, la empresa exportó 6,78 toneladas métricas de oro colombiano. La última exportación que hizo fue en 2015. Desde septiembre de 2016 se encuentra en extinción de dominio y está en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En total, según la Fiscalía, CI Metales Hermanos lavó $1.9 billones (US$ 580 millones) a través de oro ilegal.
Ahora, la Fiscalía se prepara para la próxima audiencia, que está programada para mayo de este año. Por el momento, los abogados de la compañía se han centrado en explicar que la actividad minera de la que provino el oro que comercializó la empresa se hacía en entornos muy informales, en donde los mineros no estaban registrados y otros no tenían interés en hacerlo. Entre sus argumentos indican que las operaciones de comercio exterior realizadas por CI Metales Hermanos se ajustaron a las normas que, en ese entonces, regían la actividad de comercio de metales preciosos entre Colombia y Estados Unidos.
Los icónicos casos de “blanqueo” de oro que siguen sin concluir
El caso de CI Metales Hermanos es el más avanzado de todos los que adelanta la Fiscalía por lavado de activos en contra de empresas comercializadoras vinculadas con minería ilegal, pero no es el único. La primera investigación de ese tipo fue hace casi una década, en 2015, y ocupó un lugar especial en la memoria de los colombianos. Fue contra Goldex que, con el tiempo, empezó a ser conocida como la “lavadora de dinero” más grande del país.
Goldex era propiedad de Úber Hernández, conocido como “el zar del oro”. Aunque fue acusado de concierto para delinquir, lavado de activos, fraude procesal y falsedad en documentos en 2015, quedó libre un año después por vencimiento de términos. La acusación por “lavado de activos” que hay en contra de los funcionarios de la compañía caduca en enero del 2025.
Además del escándalo que desató ese caso, en el proceso hubo un acontecimiento muy particular que capturó la atención de todos los medios: uno de los acusados se suicidó en plena audiencia. Hoy, seis de los siete procesos que tiene abiertos el ente investigador contra los integrantes de esta empresa están lejos de acabar (continúan en audiencias preparatorias), pero los delitos están cerca de prescribir, adviertieron fuentes cercanas al proceso.
Otro caso icónico en Colombia es el de CIJ Gutiérrez, una de las comercializadoras de oro más antiguas del país, constituida en 1936, y que actualmente sigue ocupando el primer lugar en la exportación de oro colombiano de la última década (83 toneladas, valoradas en más de US $3 mil millones). La Fiscalía también acusó a sus accionistas de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En el expediente, al que accedió El Espectador, esa entidad sostiene tener pruebas para asegurar que, como en el caso de Goldex, la compañía usó nombres de personas fallecidas, nombres inexistentes en la base de datos de la Registraduría o de empresas de fachada para justificar la procedencia del oro. Además, vincula a la compañía con grupos armados.
Entre 2006 y 2008, según el expediente judicial, la compañía realizó supuestas operaciones con la empresa de Jairo de Jesús Rendón, alias Germán Monsalve, hermano de los exjefes paramilitares Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, y Fredy Rendón Herrera, alias “El Alemán”. Ambos fueron líderes de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en los departamentos de Antioquia, Meta y Chocó. El primero está preso en Estados Unidos, desde 2018, por narcotráfico. El segundo, está libre luego de someterse a la justicia.
De hecho, la Fiscalía señala que en 2010 CIJ Gutiérrez realizó operaciones por más de $1.900 millones (US $1’029.200) con Jairo Hugo Escobar Cataño, también llamado “el zar del oro”, actualmente condenado y preso por el asesinato de cuatro mineros en Remedios (Antioquia) y por haber financiado grupos criminales en el Bajo Cauca.
Desde 2019, CIJ Gutiérrez es administrada por la SAE, temporalmente, mientras se define si se utilizó con fines ilícitos. Sin embargo, en agosto de 2023, un juez anuló por tercera vez el proceso contra la compañía, pues, a su parecer, la imputación y la acusación de la Fiscalía fueron “confusas”. En octubre de 2020 y febrero de 2023, otros dos jueces ya habían anulado el proceso: consideraron que la Fiscalía no sustentó adecuadamente los cargos contra los miembros de la empresa.
Por su parte, los abogados de Goldex, que también defienden a los directivos de CI Metales Hermanos, señalan que “la Fiscalía no ha podido demostrar que el origen del oro es ilícito o demostrar que las empresas tienen nexos con grupos criminales”. En otras palabras, en los dos casos más emblemáticos de la Fiscalía sobre el lavado de activos a través de oro, no hay una sola condena.
3-03-2023
Actividades :
1. Investiga que es la Jep y quien Salvatore Mancuso.
2. cuales son los desafíos más grandes de la JEP con respecto
a las declaraciones de Mancuso. Justifica.
3. Cuáles son Las relaciones entre las Convivir, fuerza pública y el DAS.
Las novedades y reiteraciones de Salvatore Mancuso ante la JEP
En documentos conocidos por El Espectador, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contrastó las declaraciones que dio el exparamilitar para ganar un cupo en su sistema de justicia. Los hallazgos muestran que solo hay un poco más de 20 hechos novedosos y que el resto de sus testimonios serían verdades recicladas.
Salvatore Mancuso Gómez completa cinco días en suelo colombiano, después de haber sido deportado desde Estados Unidos, país donde purgó una condena por delitos relacionados con el narcotráfico. Aunque sus deudas están saldadas con la justicia del país norteamericano, en Colombia su situación jurídica es todavía incierta. El exjefe paramilitar busca recuperar su libertad para cumplir con su rol como gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro. Según Mancuso, está comprometido con la paz en Colombia, y, en caso de ser cierto, tendrá que aportar con verdad y reparación a las miles de víctimas del paramilitarismo, como se comprometió a hacerlo en la Jurisdicción para la Paz (JEP) desde el año pasado, cuando le abrieron las puertas.
El Espectador revisó tres extensos documentos elaborados por la JEP en los que contrasta lo dicho por Mancuso en esa y otras jurisdicciones sobre la relación entre agentes del Estado, empresarios y políticos con el proyecto paramilitar de los hermanos Castaño. Lo consignado allí es la piedra angular con la que la JEP aceptó su sometimiento, porque, según esa jurisdicción, en sus declaraciones “hay elementos presentes, efectivos, suficientes y novedosos respecto a hechos que ya se conocían o han sido investigados por la justicia colombiana”. Además, hay información “novedosa” sobre cómo los tentáculos del paramilitarismo se entrelazaron en la planeación y ejecución de operaciones que eran exclusivas de las Fuerzas Militares, de la Policía y organismos de inteligencia.
Mancuso llegó a la JEP de manera atípica, siendo la primera persona en esa jurisdicción en aterrizar bajo la denominación de “bisagra”. En palabras sencillas, el sistema de justicia transicional considera que el exjefe paramilitar puede contribuir a sus investigaciones porque tuvo el poder para “mover los hilos de estructuras militares, empresariales y políticas, e incidir en agentes del Estado de alto rango”, para que colaboraran con su proyecto criminal. En agosto de 2021, Mancuso pidió pista en la JEP, pero, antes de esta solicitud, su intención no era volver a Colombia a darles la cara a las víctimas y a la justicia, sino refugiarse en Italia, país del que también es ciudadano y donde no hay tratado de extradición con Colombia. Sin embargo, su posición cambió en 2022, con la victoria de Gustavo Petro en las urnas.
Entre la información contrastada por la JEP este diario encontró que Mancuso hizo 316 aportes sobre las autodefensas, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y agentes del Estado. De esos temas, la JEP consideró que solo hay 20 que son novedosos y 10 de ellos todavía no se conocen, pues continúan bajo reserva. En las declaraciones dadas a la JEP, resaltan nombres de personalidades de la política, antiguos mandos militares y empresarios que habrían hecho parte del andamiaje que permitió los crímenes de los grupos paramilitares en las décadas de 1990 y 2000. De acuerdo con esas matrices de contraste de la JEP, el 93 % de sus aportes fueron menciones que ya hizo en otros procesos como los del escándalo de la parapolítica y la paraeconomía.
Menciones a expresidentes y otros políticos
Uno de los desafíos más grandes de la JEP con respecto a las declaraciones de Mancuso son los señalamientos del exjefe paramilitar contra un expresidente y otros políticos de gran calado nacional. En las matrices de esta jurisdicción aparece que Mancuso señaló que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) apoyaron las campañas políticas de Horacio Serpa, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Esta declaración la hizo durante las audiencias públicas de 2023 en las que puntualizó que solo iba a ampliar estos hechos en diligencias reservadas. En los documentos de la JEP solo se precisa que el puente entre Pastrana y los paras habría sido el excongresista Luis Carlos Ordosgoitia, pero el expresidente conservador negó tajantemente cualquier vínculo con los paramilitares.
Lo propio ha hecho Uribe. Por ejemplo, tras la deportación de Mancuso, el expresidente dijo en sus redes sociales que jamás se reunió con él y que lo extraditó, junto a otros jefes paramilitares, por sus incumplimientos al proceso de paz de ese momento, porque, al parecer, siguió delinquiendo desde prisión. Sobre la campaña de Uribe, el exjefe paramilitar mencionó a José María Maroso, exgerente en Córdoba de la agenda política del entonces candidato. Según su versión, fue a él a quien le entregaron recursos económicos “de diferente origen” y de apoyo proselitista. Para la JEP, la mención de Maroso es uno de los pocos aportes novedosos que entregó Mancuso a la jurisdicción especial para ganarse un cupo como bisagra.
Mancuso, de manera reservada, también apuntó contra un líder gremial que, según el exjefe paramilitar, habría sido aliado de paramilitares y que ahora ha mostrado voluntad de colaborar con la iniciativa de paz de Gustavo Petro: José Félix Lafaurie, miembro del equipo negociador del Gobierno con el ELN y presidente de Fedegán. La revista Cambio publicó unas declaraciones en las que Mancuso señaló que “las AUC estábamos con la idea de apoyar la candidatura a la Fiscalía de Jorge Pretelt por ser cordobés, pero el ministro Sabas Pretelt habló con nosotros e, incluso, en algún momento me mandó a Lafaurie, con quien me mandó un listado de las personas políticas que podían influenciar en algunos magistrados de la Corte Suprema”, con el fin de que Mario Iguarán fuera fiscal general, como eventualmente sucedió en 2005. El exfiscal, por su parte, rechazó esa afirmación.
En 2012, cuando Mancuso empezó a apuntar contra Lafaurie, el hoy negociador del Gobierno dijo que “resulta delirante pensar que la Corte Suprema se dejó influenciar con dinero para designar a Mario Iguarán como fiscal. ¡Por favor, respetemos a la Corte! El propósito de delincuentes es crear zozobra e incredulidad sobre institucionalidad y personas. La justicia aclarará todo. La verdad brillará”. Lafaurie volvió a referirse a las declaraciones de Mancuso en agosto pasado, cuando Petro designó gestor de paz al exjefe paramilitar. “Me preocupa es que Mancuso termine volviendo a cuestionar a la fuerza pública y a ciertos sectores empresariales, generando un carrusel de versiones que claramente lo que va a permitir son escenarios un tanto irregulares y en algunos casos de extorsión. Me parece terriblemente inconveniente”, señaló Lafaurie.
Las relaciones entre las Convivir, fuerza pública y el DAS
De acuerdo con los documentos en poder de este diario, Mancuso le entregó a la JEP información de grupos armados previos a las Convivir, organismos de seguridad privada que, aunque nacieron con el aval del gobierno de César Gaviria, terminaron siendo fachada para grupos paramilitares, como los que comandaron Salvatore Mancuso y los hermanos Castaño. Además, el recién deportado mencionó a quienes, supuestamente, colaboraron para darles vida. La JEP clasificó de novedosas las menciones que hizo de tres comandantes de la Brigada XI del Ejército, quienes habrían participado y ayudado a crear los grupos armados que antecedieron a las autodefensas en Córdoba. Uno de ellos fue el general (r) Álvaro Daniel Medina, quien fue el primer comandante de la Brigada entre 1987 y 1990.
Otra de las menciones novedosas de Mancuso es la de Carlos León Gómez, comandante de esa misma brigada entre 1992 y 1993. El exjefe paramilitar le dijo a la JEP que León Gómez era su contacto dentro del Ejército para no tener problemas con la fuerza pública en Córdoba y poder seguir moviéndose a sus anchas por todo el departamento. Además, según la información plasmada en los documentos de esa jurisdicción, algunos de los uniformados de esa brigada y los hombres de Mancuso coordinaron varias operaciones conjuntas. Entre los acuerdos que hacían empresas, Ejército y grupos armados en esa década están los que, según Mancuso, habría hecho con el general (r) Hugo Tovar y los jefes de seguridad de la compañía carbonera Drummond, en la década de 1990.
Los ejecutivos y exejecutivos de la Drummond en Colombia, que son procesados por la Fiscalía por supuestamente financiar grupos paramilitares, han dicho que “la compañía no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley, independientemente de su origen. Así mismo, nunca ha financiado o prestado apoyo económico a estructuras criminales”. Incluso, la carbonera señaló que paramilitares han mentido ante las autoridades con el fin de recibir beneficios judiciales y económicos y que son víctimas de un “cartel de abogados”. Ante la JEP, la empresa ha enviado información para desmentir las acusaciones en su contra, pero en esa jurisdicción la lupa está puesta sobre asesinatos y persecución contra líderes sindicales de la multinacional.
Carlos Buelvas Aldana, fallecido exgobernador de Córdoba, fue otro de los nombres dados por Mancuso que le resultaron novedosos a la JEP. Según el exjefe paramilitar, “la estructuración del Bloque Norte se hace básicamente de la mano del general (r) Iván Ramírez, en una reunión que tuvimos con él y el gobernador Carlos Buelvas Aldana con Carlos Castaño”. Mancuso le aseguró a la JEP que después de esa reunión se “hicieron coordinaciones con diferentes generales, coroneles, que en el transcurso de las diligencias he nombrado, que tienen que ver con los comandantes de la Brigada XI”. Otro de los datos novedosos para la JEP fue la mención de Carlos Enrique Rojas Mora, alias Gato, del Bloque Frontera de las AUC, que falleció en diciembre de 2007.
Mancuso relató que Jorge Enrique Díaz, director del DAS en Norte de Santander de 2002 a 2004, le pidió a alias Gato que planeara un atentado contra las oficinas de la entidad justo el mismo día que el entonces presidente Uribe tenía programada una visita a las instalaciones. Según el exjefe paramilitar, en ese y otros ataques, supuestamente simulados contra el DAS, se usaron bombas que “previamente habían sido halladas en una operación conjunta de las autodefensas”, información que tenía a la mano el entonces director Díaz. El funcionario fue asesinado el 26 de abril de 2005 en La Fría, ciudad del estado Táchira (Venezuela). El crimen no ha sido esclarecido todavía y solo en 2021, la Fiscalía capturó a un presunto responsable. Hasta aquí llegaron las novedades que se conocen de la versión de Mancuso a la JEP.
Lo que viene para Mancuso
El viernes pasado, en una audiencia ante un juzgado de ejecución de sentencias de Justicia y Paz, la defensa de Salvatore Mancuso insistió en que su cliente debe recuperar la libertad, pues ya cumplió con la máxima pena que podía imponerle la justicia transicional: ocho años de cárcel. En la diligencia, la Fiscalía estuvo de acuerdo con esa posición, aunque aclaró que todavía hay procesos de extinción de dominio andando y otros casos en los que no se ha leído la sentencia. Por su parte, los abogados de víctimas señalaron que Mancuso ha colaborado en algunos casos, pero que en otros su información no ha sido suficiente para esclarecer hechos. Además, la Procuraduría y varios representantes de víctimas le enrostraron a Mancuso que su reparación a las víctimas ha sido lenta e insuficiente.
Según expusieron, todavía existen 100 bienes de Mancuso en materia de investigación que no habrían sido entregados por el exjefe paramilitar como parte de su reparación a las víctimas, un requisito del sistema de Justicia y Paz que podría costarle la expulsión del sistema de justicia transicional. Sin embargo, la Fiscalía no tiene problema con dejar libre a Mancuso. Durante la audiencia del viernes, la fiscal Magaly Álvarez señaló que “no se opone a concederle la libertad a prueba”. La funcionaria del ente investigador expuso que, tras la revisión de los requisitos necesarios, concluyó que el exjefe paramilitar los cumplía por completo, pues habría realizado aportes de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sin embargo, la Procuraría no está de acuerdo.
Entre otras cosas, porque, considera revictimizante que Mancuso vuelva a la zona donde hace dos décadas sembró terror. Con los argumentos sobre la mesa, se espera que mañana lunes la jueza tome una decisión que podría significar la libertad de Mancuso. Las implicaciones de ese fallo solo se conocerán la próxima semana, cuando las otras instancias que han requerido al exparamilitar también se pronuncien sobre los otros procesos que tiene pendientes. Es tan complicada su situación jurídica que ni fuentes cercanas al proceso tienen claro qué va a pasar el próximo lunes. “Hay que ir paso a paso”, agregaron los abogados y advirtieron que este caso representa el choque de tres jurisdicciones que nunca se había visto en la justicia nacional: la ordinaria, la de Justicia y Paz y la JEP.
Así Mancuso recupere su libertad o deba permanecer en una celda de La Picota completamente aislado, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un reto sin antecedentes: demostrar que el exjefe paramilitar sí tiene un cupo como bisagra en su sistema de justicia transicional, pese a que en los documentos a los que tuvo acceso este diario demuestran que hay solo un poco más de 20 hechos novedosos y que el 93 % restante de sus declaraciones son temas que ya había mencionado en otras instancias judiciales.
11-02-2024
Ingresa a los diferentes enlaces y las lecturas .
1. Cual es la tensión y las causas de la polémica entre Petro y el Fiscal
2. Investiga que es la corte suprema de justicia , sus funciones ,
como esta conformada, importancia y cómo se elige el fiscal-
3. Quies es Martha Mancera
https://www.youtube.com/watch?v=qmVXG2XlvdM.
https://www.youtube.com/watch?v=MYVq63BkZqw
https://www.youtube.com/watch?v=T8xH0D9CD0k
quien es Martha Mancera
Petro y la Fiscalía:
¿una ruptura institucional? (Análisis)
La tensión entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro reaviva la discusión sobre el papel del fiscal en la política y sobre su proceso de elección. ¿Cuál es el problema de fondo?
La tensión y sus causas
La tensión entre la Fiscalía y el presidente aumentó por las declaraciones de Petro sobre una “ruptura institucional” a raíz de la suspensión del Canciller, Álvaro Leyva, y de la supuesta persecución política por parte del fiscal Francisco Barbosa (esta persecución se habría vuelto evidente en el anuncio de que FECODE habría aportado 500 millones de pesos no reportados a la campaña Petro).
Las tensiones antedichas han reavivado el debate sobre el rumbo de la Fiscalía y sobre el papel que ha adquirido en la política. En efecto: la Fiscalía General de la nación fue creada por la Constitución de 1991 con el propósito de hacer más eficaz la administración de la justicia y de la política criminal, pero en los últimos años la Fiscalía ha pasado a ocupar un lugar particular en la discusión política.
El proceso de escogencia del fiscal y los periodos de mandato pretendían garantizar la autonomía de la institución, desligando los periodos del fiscal de los del presidente de la República. Sin embargo, al querer involucrar al Ejecutivo en la política criminal, la presidencia quedó encargada de proponer una terna y la Corte Suprema de Justicia de designar al fiscal.
Ahora bien: hasta 2009 hubo estabilidad en los procesos de escogencia del fiscal y la duración de su mandato. Pero a partir de ese año empezó a demorarse el proceso de designación, lo que implicó una duración fluctuante de los períodos de interinidad, siendo el más largo superior a un año y el más corto de un mes. A esto se sumaron las continuas renuncias de los fiscales generales; estos cambios alteraron los tiempos de mandato y con ellos las relaciones con los presidentes.
A lo anterior se añade la falta de una reglamentación clara sobre la nominación de la terna. Estas lagunas y demoras pueden resultar en situaciones caóticas, tanto porque el presidente sufre una supuesta persecución por parte de Barbosa, como porque un proceso que debería ser rutinario estará enmarcado en la discusión política que involucra la movilización social y las dudas de una parte de la sociedad sobre el papel de la Corte Suprema frente al Ejecutivo.
obre esto último, conviene resaltar la disposición del gobierno Petro de nominar una terna integrada por mujeres y además de encontrar unos altos perfiles de personas expertas en el funcionamiento interno de la institución y con un amplio recorrido en la política criminal y en el ejercicio de la Fiscalía. Sin embargo, no dejará de hacer ruido, incluso para la Corte, que un presidente que enfrenta investigaciones sobre su campaña electoral presione por una decisión rápida.
¿El segundo cargo de la nación?
El otro problema de la Fiscalía es el interés de los fiscales en asumir un papel político, ya sea estableciendo alianzas vía burocracia con otras ramas del poder público o promoviendo sus propias visiones sobre la política criminal del Estado, aun en contra de la línea oficial gubernamental o a través de las decisiones que tome o de la promoción de políticas particulares. Según Benavides, esta práctica ha sido una constante a lo largo de la existencia de la entidad.
Conviene recordar también que los fiscales, como Néstor Humberto Martínez o Francisco Barbosa, han sido opositores de las políticas de paz de los gobiernos de Santos y de Petro, bien sea por medio de un excesivo control al funcionamiento de las instituciones transicionales, investigación a los antiguos integrantes de los grupos armados o directamente criticando los procesos de paz. Aunque estas discusiones parecen surgir del ámbito de la política criminal, en realidad son intentos de asumir un papel político.
Pero este elemento personalista y electoral de la Fiscalía se ha acelerado bajo el mandato de Francisco Barbosa, una fiscalía caracterizada por la mediatización de sus acciones y la extravagancia de sus declaraciones. Como relata Cuervo, Barbosa ha recalcado que no tiene “jefes” y que su cargo es el segundo más importante del país.
A esto se suma la interferencia del fiscal en procesos electorales colombianos, como muestra Morales, y en los países vecinos, tal como el intempestivo viaje a Ecuador en 2021 en el marco de las elecciones presidenciales de aquel país, lanzando acusaciones de vínculos entre una de las candidaturas y el ELN. Estas acusaciones no terminaron en causa judicial alguna.
La clave es el mecanismo de selección
Como señala Cuervo, la Constituyente de 1991 debatió arduamente sobre la forma de elegir la cabeza de la nueva institución, con opciones que iban desde la nominación presidencial directa a la elección popular, un proceso en fases entre presidencia y Corte o la elección única en la rama judicial. El mecanismo ganador fue el de la nominación presidencial y designación por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Este proceso conjunto entre presidencia y Corte creó el híbrido institucional que tenemos, con una figura que depende de los poderes presidencial y judicial. Una parte del problema radica en las renuncias, las interinidades y las demoras en los procesos de selección. Como señala Bernate, esto hizo que los períodos del fiscal y el presidente se cruzaran, lo que ha minado el principio de frenos y contrapesos que pretendía la Constitución.
Bajo el segundo gobierno Santos, por medio del Decreto 450 de 2016 se intentó un proceso de selección más transparente; se garantizó la libre postulación de candidaturas y la escogencia de la terna a través de un proceso que incluía la divulgación de la lista de los candidatos, la presentación de objeciones ciudadanas y la realización de una entrevista por parte de presidencia.
No obstante, Santos postuló al polémico ministro Néstor Humberto Martínez, quien saldría elegido. Posteriormente, el gobierno Duque eliminó este procedimiento y retornó al sistema anterior.
Pensar en otras formas de escoger al Fiscal ayudaría a resolver las disputas de poder. En los países latinoamericanos es común la concurrencia entre poderes para designar al fiscal, junto con la progresiva introducción de mecanismos de participación y/o de méritos.
En Chile, la elección la hace la presidencia a partir de una quiniela enviada por la Corte Suprema. En México, el Senado Federal envía una lista de diez candidaturas para que la presidencia nomine una terna ante el Senado para que este elija finalmente. En Argentina, la Fiscalía pertenece al Ministerio Público y es elegida por medio de un proceso complicado que empieza con la postulación de una terna a la presidencia por parte del Procurador General y la designación con la concurrencia de Presidencia y las dos terceras partes del Senado. En Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana realiza un concurso de méritos para la designación del fiscal general. En Guatemala, se usa un proceso por etapas en el que la nominación la realiza un cuerpo colegiado en el que participa la Corte, el Colegio de Abogados y las decanaturas de derecho del país, quienes postulan una lista de seis aspirantes para que la presidencia escoja.
Es evidente que cada diseño responde a unas preocupaciones y lógicas diferentes y que no existen mejores o peores diseños. Lo cierto es que para el caso colombiano, es necesario retomar los intentos de transparencia en la selección, pero también reglamentar los períodos y tiempos de duración de los procesos para encauzar el papel de la Fiscalía. Además, hay que establecer de forma más estricta los requisitos profesionales para la nominación. Esto debe estar en concordancia con lo recomendado por Cuervo en cuanto a los lineamientos para la elección de fiscales propuestos por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Petro contra Barbosa, el último asalto entre dos enemigos irreconciliables
El presidente de Colombia denuncia un plan orquestado desde la Fiscalía para sacarlo del poder
Hay un 90% de colombianos que no se asoma a X -antes Twitter- y es posible que a estas alturas aún no sepa que Colombia atraviesa una grave tormenta política. En la red social, en los últimos días, se ha vivido una batalla dialéctica que incluso pone en entredicho el orden constitucional del país. El presidente Gustavo Petro ha utilizado su canal de comunicación preferido para poner en alerta al mundo, en un mensaje publicado en varios idiomas -árabe incluido-, de un supuesto plan organizado por la Fiscalía para sacarlo del poder. No es la primera vez que el presidente habla de un golpe en su contra, pero en este segundo capítulo la ruptura entre el poder ejecutivo y el judicial ha escalado un paso más.
Las voces que piden rebajar la tensión se han multiplicado en las últimas horas, pero los próximos días mostrarán si la crispación sigue en aumento o se recupera la calma tensa que se vive desde que hace un año y medio llegó al poder el primer gobierno de izquierdas de la historia moderna del país. El jueves hay dos citas que marcarán la semana. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia se reunirá para elegir al sucesor del actual fiscal general, Francisco Barbosa, que finaliza el próximo lunes su mandato. Por otro, el sindicato de educación ha convocado una marcha, con el respaldo de Petro, frente a la sede de la Corte en Bogotá como forma de presión.
El pasado 25 de enero, los 23 magistrados que componen el órgano judicial ya trataron de elegir nueva fiscal entre la terna enviada por el presidente. Ninguna de las tres mujeres propuestas obtuvo una votación suficiente porque 13 magistrados votaron en blanco, lo que generó un nuevo desencuentro de Petro y el ente. La enemistad manifiesta entre el presidente y Barbosa, designado por el expresidente Iván Duque, se remonta a los tiempos de la última campaña electoral y no ha parado de escalar. Situados en dos sesgos ideológicos opuestos, el fiscal ha arremetido en varias ocasiones contra el Gobierno en una forma de oposición que ha contribuido a difuminar la línea de la separación de poderes.
Petro, por su parte, ha respondido siempre dando la batalla contra lo que considera una Fiscalía que actúa fuera de la ley. Tanto él como Barbosa han tratado en estos meses de reconducir la situación en varias ocasiones, pero el encono entre ambos es superior a su deseo de mostrar equilibrio institucional. El encontronazo se descontroló en los últimos días, cuando Barbosa ya enfila la puerta de salida. Petro considera que detrás de la decisión de la Procuraduría de suspender tres meses al canciller Álvaro Leyva -por declarar desierta la licitación de pasaportes- y de la Fiscalía de investigar un aporte de 500 millones de pesos del sindicato de los profesores a la campaña del Pacto Histórico en 2022 se esconde la intención de arrebatarle el poder. Un plan orquestado desde la Fiscalía, con el concurso de una Procuraduría encabezada por una exministra de Duque, para borrarlo del mapa.
La idea de que las élites conservadoras que siempre han ostentado el poder en Colombia quieren acabar con él ha sido una denuncia constante del presidente. Para muchos analistas se trata de una estrategia para presentarse como víctima frente a los pocos avances políticos del llamado Gobierno del cambio, pero antecedentes, en cualquier caso, no le faltan al presidente. En 2013, cuando era alcalde de Bogotá, Petro fue destituido por una decisión judicial y recuperó su puesto gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le dio la razón. Años después, la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por vulnerar sus derechos políticos.
Claves para aproximarse al conflicto palestino-israelí
El Espectador entrevistó a los docentes de la Universidad Javeriana Silvia Cogollos (SC), del Departamento de Historia, y Manuel Camilo González (MG), del Departamento de Relaciones Internacionales, para dar una perspectiva del conflicto actual en Oriente Medio desde la academia.
¿Cómo replantear el sistema internacional? Lo que puede ser una respuesta eficiente de instituciones como la ONU.
SC: en todos los conflictos tienen que existir organismos internacionales porque es una forma de organizar las relaciones entre los Estados. La cuestión es que si los Estados firman, es porque están de acuerdo. Pero ¿qué pasa ahora? Tampoco se trata de que hay que utilizar la violencia para que se cumplan, pero no sé si hay que renovarla, cambiarla.
Por ejemplo, el famoso Consejo de Seguridad, allá están las distintas posiciones de los líderes mundiales. Está la geopolítica mundial, entonces depende de los intereses. Se aprueba o no, se mitiga, se negocia en términos de la declaración, etc. Uno se pregunta ahora cómo van a tratar que este conflicto no escale más, cómo se va a tratar de tranquilizar. Ahora viajó Biden a Israel, y creo que el apoyo de Estados Unidos a Israel viene de tiempo atrás, como una forma de contención frente a todos estos Estados árabes, de acuerdo o no de acuerdo con las políticas de Estados Unidos. Aquí hay que mencionar a la Unión Europea. Funciona un poco igual, negocia de una forma muy parecida.
MG: siento que Naciones Unidas tiene un fallo de origen. Se pensó como un organismo supranacional, pero los Estados son muy recelosos de entregar soberanía y terminó siendo una institución intergubernamental donde todo se negocia. Es decir, donde los Estados tienen más poder que incluso las instituciones. Tanto así, que el balance de poder termina configurando los acuerdos y las reglas.
De otra forma, desde las relaciones internacionales, desde la academia, ¿qué soluciones se pueden plantear?
MG: siempre apuesto por el diálogo, pero hay una serie de condiciones que tienen que cambiar entre las partes.
Es decir, no hacerse de la vista gorda frente a ciertas situaciones que aparecen en las partes. Uno no puede condenar la violencia de una parte y no condenar la otra. Si todos al final de cuentas vamos a estar en una mesa de negociación, tienen que ser pares. No es una subordinación de una parte hacia la otra. Si Naciones Unidas tuviera que recobrar la credibilidad que ha perdido durante todo este tiempo, pues creo que lo primero sería cumplir ese plan de partición de 1947. El asunto es que la realidad se estrella. Por inercia los judíos están acostumbrados a tener ese territorio. No obstante, el problema es que los palestinos no han dejado de reivindicarlo.
SC: aquí habría que preguntar: ¿hasta dónde los israelíes están dispuestos a ceder, sobre todo en estos asentamientos donde hay comunidades de colonos muy violentas? ¿Hasta dónde están dispuestos a retirarse? Alcanzaría a pensar que la Autoridad Palestina, Al Fatah, estaría dispuesta a conciliar. ¿Hamás? No creo. También estoy de acuerdo, hay que sentarse y tiene que haber una simetría entre los actores. Hay que reconocer que el Estado de Israel existe, es una realidad, pero también hay que reconocer la posibilidad de un Estado palestino. La cuestión es que en las condiciones actuales con Cisjordania por acá, Gaza del otro lado e Israel en la mitad: ¿cómo funcionan como enclave? De alguna forma, ¿cómo conectar esas dos poblaciones? ¿Cómo se van a comunicar si el de la mitad no los deja y qué garantías va a tener ese paso?
¿Cómo debemos entender este conflicto como una sociedad civil de Occidente?
SC: desafortunadamente se construyen narrativas y, de acuerdo con las preferencias, hay un bueno y hay un malo. Aparentemente, es un conflicto que está lejano, que no es común y no podemos caer en eso, en las narrativas de que si estamos con estos, entonces estamos con el genocidio. ¿Esas narrativas a qué llevan? Llevan a antisemitismo, islamofobia, porque a los palestinos se les identifica clarísimamente con lo musulmán, cuando hay palestinos que son cristianos. También lleva a expresiones violentas, de odio. ‘Voy a atentar contra ese que es judío o musulmán’. Como sociedad civil tenemos que ser conscientes de que primero hay que acercarnos y conocer qué es lo que pasa, qué es el conflicto: ¿quiénes son los palestinos? ¿Quiénes son los israelíes? El 70 % de la población israelí es judía, pero hay un 20 % que es árabe.
Tampoco se trata aquí de priorizar o discriminar a todos los judíos del mundo. Hay mucha población israelí que no está de acuerdo con las políticas del gobierno, hay muchas organizaciones israelíes que reconocen la existencia y que debe existir un Estado palestino. Lo mismo para el caso de palestinos, es que no hay que verlo como que se están matando y se odian. Por supuesto, tú encuentras también en Israel grupos ultraortodoxos y radicales que no aceptan por ningún motivo la creación de un Estado palestino y viceversa. Pero lo más básico es el reconocimiento del otro, la no violencia como mecanismo, el acercarnos al conocimiento, no empezar a hablar sobre este tema si no lo conocemos, confiar en que en este conflicto se puedan sentar, que puedan dialogar.
MG: primero, desde los ciudadanos, muchas veces por redes sociales, por la inmediatez de la información, las personas suelen tomar una posición dependiendo de las preferencias, dependiendo de su afinidad política e ideológica. No es bueno ese consumo excesivo de información sin digerirlo bien.
Hay que entender que en los dos bandos hay culpabilidades, pero también en los dos bandos pueden existir las soluciones, que es lo que hablamos un poco de que en el bando de Israel hay gente que favorece, digamos, la creación de un Estado palestino, pero hay otros a los que no les favorece de ninguna forma, y lo mismo pasa del lado de Palestina. Segundo, en términos de los que toman decisiones, los decision makers, el punto de referencia tiene que ser el derecho internacional. No hay otra solución, salirse de eso básicamente es provocar más problemas. La idea es respetar el derecho internacional, la idea de respetar las resoluciones de Naciones Unidas, que es básicamente el acuerdo que todos hicieron para que este mundo estuviera en paz y seguro, que obviamente no se ha respetado.
Algo muy importante es entender que en este tipo de conflictos hay que tener mucha mesura. Los discursos terminan generando esas narrativas que llaman a la acción. Uno pensaría que simplemente son palabras vacías, pero envalentonan, motivan. Entonces hay que cambiar esos discursos de odio por unos discursos más ligados al conocimiento, más ligados a la idea de que hay que abordar estos conflictos a través de la razón.
24-09-2023
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https://www.youtube.com/watch?v=H7ubzzITthg
https://www.youtube.com/watch?v=FvX2BDRLA8k
1. Una vez observes los video escribe un artículo de opinión sobre las cárceles de Bukele y la situación de los Derechos Humanos en este país , mínimo dos hojas y prepárate para el debate . Estas de acuerdo o en desacuerdo. Te parece que en Colombia se debería escoger un modelo como este ?.
El Salvador de Bukele Entre la propaganda y la realidad del régimen de excepción
María José Noriega Ramírez Ilustraciones: Leandro Rodríguez
El Salvador de Nayib Bukele, en los últimos 18 meses, ha vivido bajo estado de excepción, y en él se han mezclado varias cosas: la propaganda del régimen, que apunta a que es el país más seguro del mundo, con playas q
ue atraen a los turistas, y algunas denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Con testimonios y entrevistas, esta es una radiografía de un país lleno de contrastes, que espera la celebración de Miss Universo en noviembre y que, a la par, ha encarcelado a más de 70.000 personas. A la sombra, están los acuerdos de paz de los años 90, con los que se esperaba instaurar la democracia, y la amenaza de las pandillas.
Hijo de la cuarta generación de una familia de palestinos que llegó a El Salvador en los primeros años del siglo XX, la familia de Bukele (papá y tíos) fue cercana a algunos miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Bajo la bandera del FMLN, tiempo después de que cambiaran las armas por la política, fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador. Ese matrimonio no llegó hasta la Presidencia.
Al ritmo de “por fin rompimos con el bipartidismo” o “estábamos aburridos de lo mismo”, los gritos de la victoria se escucharon en 2019, cuando sus seguidores se reunieron en la plaza Morazán, en el Centro Histórico de San Salvador.
Tres años después, los gritos de euforia dieron paso a silencios de dolor: en dos días, entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, 87 personas fueron asesinadas. Al parecer, una tregua entre el Gobierno y las pandillas se rompió.
Meses en los que se hicieron las denuncias por las violaciones a los derechos humanos en el primer año del estado de excepción en El Salvador
Bukele “se perfiló como un líder de soluciones (rápidas), pero con mano dura", es lo que algunos dicen del presidente “cool” que instauró el bitcoin en El Salvador, pero también un estado de excepción, que lleva 18 meses.F
uente: Informe anual sobre violaciones a derechos humanos durante el estado de excepción en El Salvador- marzo 2023, con información de las bases de datos del colectivo de OSC de derechos humanos.
Aquí eres culpable hasta que se demuestra tu inocencia”, no al revés, dicen algunos salvadoreños que tienen a sus familiares detenidos. Hay quienes tienen hasta cuatro conocidos tras las rejas.
Mientras, Bukele anunció que este año El Salvador será la sede de Miss Universo, como lo fue para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. “El Salvador está cambiando y queremos que vengan a vivirlo”.
Este es un país lleno de belleza, tiene las mejores playas del mundo para surfear, imponentes volcanes, exquisito café y ahora se ha convertido en el país más seguro de América Latina”, continuó.
Fuente: Informe anual sobre violaciones a derechos humanos durante el estado de excepción en El Salvador- marzo 2023, con información de las bases de datos del colectivo de OSC de derechos humanos.
Sin embargo, y en medio de un silencio tensionante, se conocen cerca de 4.000 denuncias hechas a organizaciones sociales. Ellas hablan de violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias y torturas.
“Admiro a Bukele”: colombiano que es comisionado de los DD. HH. en El Salvador
El abogado Andrés Guzmán Caballero cree que “una guerra como la que el presidente Bukele ha enfrentado contra las pandillas es distinta a cualquier otro conflicto en el mundo”. En esta entrevista habla de su rol como comisionado de los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, del régimen de excepción en El Salvador y de los colombianos detenidos por acusaciones de estafa.
Andrés Guzmán Caballero fue defensor delegado para los derechos en entornos virtuales y libertad de expresión en la Defensoría del Pueblo de Colombia.
El abogado Andrés Guzmán Caballero conoció a Nayib Bukele después de ir a El Salvador a dar una conferencia sobre el manejo de la información y de los derechos que tienen las personas de ser los propietarios de la suya. Alguien del Gobierno lo escuchó y captó su atención. Una conversación evolucionó a otra y a otra, y así pasó de ser defensor delegado para los derechos en entornos virtuales y libertad de expresión en la Defensoría del Pueblo de Colombia a ser parte del gabinete del salvadoreño. Guzmán lo admira, dice que Bukele es “intensamente apasionado por su país y por su trabajo”, que la percepción de él es la que él muestra en sus redes sociales, y que en su rol como comisionado de los Derechos Humanos y de la Libertad de Expresión poco o nada lo afectan los desencuentros que han tenido el mandatario y su homólogo Gustavo Petro en X, antes Twitter.
Sobre el caso de los colombianos detenidos, afirma que no ve ningún caso en específico, ni de ellos ni de ninguna otra nacionalidad, y que no sabe algo distinto a lo que ha salido en los medios de comunicación: “Los están acusando de asociaciones ilícitas, que es una pertenencia de las pandillas, porque lo que tengo entendido es que, al cobrar un interés mayor, con violencia contra las personas o con amenazas para el pago, eso hacían antes los pandilleros”. Finalmente, y hablando de la libertad de expresión, el otro tema que le compete, confiesa que le preocupa, pero “no en el contexto de que exista, sino de cómo las agresiones no son denunciadas por los medios regulares. Me explico: decir que hay 200 periodistas amenazados en El Salvador es muy fácil; yo necesito hablar con todos ellos para saber quién los amenazó, cómo, cuándo y dónde, para así poderles dar la ayuda y el acompañamiento que requieran. No he recibido una sola denuncia personalmente”. Sin embargo, hay quienes, desconfiados por la pérdida de la institucionalidad que denuncian, recurren a las organizaciones sociales para reportar torturas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, entre otros casos.
¿Cuál es su principal desafío como comisionado de los Derechos Humanos y de la Libertad de Expresión en El Salvador?
Sin duda, es tratar de respetar los derechos humanos de todas las personas que han sido víctimas de las pandillas durante todos estos años. Se trata de estar con ellas, de ayudarlas, de ver cómo desde el Estado podemos darles la mano para que se puedan crear procesos de incorporación de una paz verdadera y duradera. A veces unos no se dan cuenta que han sido víctimas de las pandillas porque, por ejemplo, durante años, mes a mes, pagaron una extorsión y se volvió normal tener miedo a contestar el teléfono; hay quienes no se dan cuenta de esas actitudes. También están los casos de mujeres que fueron obligadas a tener matrimonios serviles desde los 13 años o que tuvieron hijos con pandilleros sin ni siquiera quererlo. Esto es un tema dramático.
Se estima que en El Salvador hay más de 70.000 detenidos, en el marco del régimen de excepción que está vigente desde marzo de 2022. Se dice que unos 5.000 ya han sido liberados. Desde su oficina, ¿cómo abordó estos casos?
En realidad, no es mi oficina la que ha hecho la labor de hacer que salgan de prisión. Ellos, cerca de 5.000, no son pandilleros, son personas que pudieron haber sido detenidas durante el régimen de excepción, pero, a pesar de que fueron acusadas de pertenecer a las pandillas, de alguna u otra forma, lograron probar que no es así. Lo que estamos haciendo con ellas es tratar de generar procesos de manejo psicológico y, además, hacer que las autoridades, en particular la Procuraduría General de la República, que es la que ejerce la defensa de las personas, los jueces y los fiscales, les den celeridad a estos casos: que los que no tengan nada que ver con las pandillas, que fueron arrestados por algo de eso, sean liberados lo más pronto posible.
Hablando del régimen de excepción, algunas organizaciones sociales han documentado violaciones a los derechos humanos. Ellas hablan de, por ejemplo, torturas y detenciones arbitrarias. ¿Qué sabe de esto?
En mi despacho no han hecho ninguna denuncia al respecto. He visto algunos informes y documentos, donde hay varios análisis. Sin embargo, en el caso de las torturas, no hemos encontrado un solo caso, no hay denuncias ante las autoridades competentes, como la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General o la Fiscalía, donde se deben radicar en caso de que exista algún tipo de tortura o de violación directa a los derechos humanos. Ahora, ahí hay unos temas que me parecen irresponsables, como decir que hay 15.000 personas que no tienen atención médica. Esos son señalamientos graves que deberían tener una base técnica, unos nombres, una investigación, además de las denuncias ante las autoridades pertinentes dentro de El Salvador y dentro de la institucionalidad, para poder darles seguimiento y ver cada caso particular. Le puedo asegurar que en ninguna cárcel de El Salvador existe algún tipo de tortura.
¿Y sobre el debido proceso? Algunos dicen que no tienen claros los motivos por los cuales sus familiares han sido detenidos. Por ejemplo, les preocupan los juicios colectivos y la figura de los jueces sin rostro, pues creen que lo que está en juego es el derecho a una defensa justa. ¿Cómo ha visto este tema?
Lo que entiendo es que eso está en un trámite Legislativo, dentro de la Asamblea de Diputados, y serán ellos los que definan el rumbo de esa norma. Aquí hay una Sala de lo Constitucional, dentro de la Corte Suprema, que analiza la constitucionalidad de cualquier norma. Sobre los jueces sin rostro, existe una norma, pero, en la práctica, todas las personas que están detenidas en El Salvador no solo tienen un abogado, ya sea del Estado o uno de confianza, sino que hay un fiscal que revisa los casos y un juez de la República que los analiza. Pese a que hay una norma que instituye los jueces sin rostro, le puedo asegurar que la mayoría de ellos, o todos, les dan la cara a los reos, administran justicia, firmando y colocando sus nombres. Entiendo que esa medida fue instaurada por el miedo que generaban las pandillas, pero las garantías procesales a las personas inocentes están dadas.
27-09-2023.
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EL SIETE DE AGOSTO
El factor político
La Campaña Libertadora del ejército granadino-venezolano, iniciada en Angostura el 26 de mayo y culminada en Bogotá el 12 de agosto, derrotó al ejército del general Barreiro y puso los cimientos para la derrota definitiva del imperio español en América.
¿Cómo hicieron Bolívar y Santander para llevar a cabo una guerra popular prolongada de catorce años que terminó venciendo al imperio más poderoso de la Tierra?
La victoria militar descansó en un factor político, decisivo, la unidad nacional, en el que desempeñó un papel clave la habilidad de Bolívar como unificador. Es su principal mérito ante la historia.
Las tres hazañas militares, Pisba, Pantano de Vargas y Boyacá, tuvieron como base dos hazañas políticas, la principal, en febrero de 1819, haber consolidado mediante un proceso de acuerdos el gobierno de facto en Angostura, con la respectiva división de poderes. Allí se aprobó la Ley Fundamental y se fraguó la unidad granadino-venezolana en la nueva República de Colombia, apoyada por la Legión Británica. La otra, previa, en el segundo semestre de 1818, haber erigido el gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada con sede en Pore, Casanare, con ejército y presidente, logro cristalizado por Santander y que lo convirtió a partir de entonces, por encima de Páez, en el segundo hombre de la nueva República.
La primera guerra civil entre federalistas y centralistas (1812-1814) rompió la unidad entre las fuerzas recién independizadas y le abrió el paso a la victoria del Pacificador Morillo en 1815 y 1816. La división fue el producto de la inmadurez ideológica de la nueva dirigencia, que volvió antagónica una contradicción secundaria, susceptible de arreglo transitorio mientras se resolvía el asunto principal, la guerra con España.
Por dos factores no pudo el general Morillo aplastar la resistencia, el uno, la infinita retaguardia en los llanos granadino-venezolanos, donde se conformó la tropa de lanceros que va a ser decisiva en las batallas por venir, y, el segundo, el acuerdo entre los patriotas. Lo que terminó uniendo a los distintos sectores sociales en un solo frente fue la sangrienta represión desatada por el Pacificador.
Qué hizo posible la victoria
Cinco factores hicieron factible llevar adelante la guerra prolongada con la cual una fuerza débil acabó aplastando al poderoso ejército que había derrotado a Napoleón.
Uno, el factor dirigente, un mando único, unido y prestigioso, que no perdió la brújula, pues en todo momento fue consciente de que la contradicción principal era la que se daba entre la nación en su conjunto y el colonialismo español. Todas las contradicciones secundarias se resolvieron tomando como blanco de ataque al enemigo principal.
Dos, el factor político, la unidad entre las distintas clases, personalidades y tendencias, esclavistas y esclavos, terratenientes y siervos, masones y curas, intelectuales, comerciantes, mujeres, campesinos e indígenas.
Tres, el factor militar, un ejército de profunda raigambre popular y democrática. Fue el crisol donde se formó la nacionalidad colombiana.
Una clase dirigente, la burguesía comercial, ligada a las corrientes económicas e ideológicas más avanzadas de la época, ya en la fase capitalista de la libre competencia a escala mundial. Su apoyo financiero fue clave para las campañas en Venezuela y en el sur, una vez fundada oficialmente la República de Colombia, tras la victoria en Boyacá.
Una situación internacional propicia, pues se juntaron todos los astros, primero por la crisis de la monarquía producida por la invasión napoleónica y más tarde por el apoyo haitiano e inglés.
Conclusiones
Para el historiador José Fernando Ocampo, la de la Independencia fue una revolución auténtica, basada en los tres pilares claves, un frente único, un ejército popular y una guerra prolongada.
El hecho aplastante, irrebatible, que refuta las visiones pesimistas en boga: la Revolución de Independencia culminó victoriosamente y consumó los dos logros fundamentales que se había propuesto, la conquista de la soberanía nacional y la forma republicana de gobierno.
Las dos principales cabezas fueron Bolívar y Santander. En opinión del historiador Gustavo Quesada, Bolívar fue el jefe indiscutible y el estratega político y militar. José Fernando Ocampo lo precisa aún más: “Resulta trascender entender que Bolívar fue un unificador. Si no hubiera sido así, la lucha independentista habría fracasado. Unificó las ideologías. Unificó las creencias. Unificó las ambiciones. Unificó la lucha. Unificó el ejército. Unificó a los generales. Unificó al pueblo”.
Santander fue el constructor del Estado-nación y, según Ocampo, como presidente en ejercicio “llevó a cabo toda una revolución de las ideas y de las estructuras”.
Bibliografía
Gustavo Quesada, “Lecciones imperecederas de la Revolución de Independencia” y “El ciudadano Francisco de Paula Santander”.
José Fernando Ocampo, “Significado del Bicentenario: dos siglos de lucha”.
13-08-2023
ingresa a este enlace, y realizar esta lectura . En grupos de dos personas presentar una sustentación tipo noticiero con el tema los problemas con la transición energética de Petro , debe ser máximo de 5 minutos mínimo de 4 minutos éxitos.
“La transición es con gas y petróleo”: Minminas habla sobre el futuro energético
Andrés Camacho, recién posesionado ministro de Minas y Energía tras la salida de Irene Vélez, habla en entrevista con El Espectadorde los alcances de la transición energética, el papel de los hidrocarburos y el precio de la gasolina en Colombia.
Qué va a pasar con la exploración de hidrocarburos en Colombia es una de las grandes interrogantes en la economía nacional.
Después de un turbulento primer año de gobierno en materia energética, en buena parte atada a las polémicas y tensiones encabezadas por la exministra Irene Vélez, Andrés Camacho llegó a la entidad con la tarea de seguir avanzando en la transición energética, pero sin quebrar al país en el camino.
Exploración petrolera
¿Cuál es su lectura del informe de reservas que presentó la ANH hace unos meses? ¿Le preocupa el estado de las reservas?
Sobre las reservas yo no hablaría de preocupaciones. Son los datos que hay. Para eso son este tipo de informes. Lo que hay que hacer es tomar medidas y construir política pública que nos permita adecuar la política minero-energética del país a ese informe de reservas.
¿Se van a autorizar nuevos contratos de exploración petrolera y gas?
Nosotros estamos en clave de desarrollar la actividad exploratoria del país con lo que tenemos y empezar a hacer exploración en el país en clave de energía: explorar otros energéticos que no hemos desarrollado, como geotermia e hidrógeno blanco. La posibilidad que tenemos es enorme. Podemos incluso crecer la exploración en clave de energía y de transición energética. Podríamos hablar de contratos en esa dirección y desarrollar exitosamente los contratos vigentes que tiene el país y nos pueden permitir incorporar reservas. De hecho, hace unos días Ecopetrol anunció un hallazgo y eso nos da cuenta de las posibilidades del país de tener éxito en la actividad exploratoria, en la explotación de recursos de hidrocarburos y de gas que se van a requerir en el período de transición.
¿Eso sería seguir explorando en regiones en donde ya se ha hecho exploración?
Sí, hay que seguir explorando. Creemos que con los contratos tenemos todas las posibilidades y en la medida de poder ampliar. Precisamente esa es la transición energética: empezar a buscar otros energéticos y desarrollarlos, que es el objetivo final de nuestra propuesta, nuestra apuesta del Gobierno.
¿Tiene algún futuro el “fracking” en el país?
Ya hay una decisión del Congreso y cualquier definición, cualquier debate que se quiera dar alrededor del tema tendría que ser saldado en el Congreso. Entonces yo creo que, por ahora, está cerrado.
Desde su visión, ¿qué papel tiene el gas en la transición energética?
Tanto el gas como el petróleo son combustibles fósiles que van a seguir existiendo y que tenemos que gestionar mientras logramos su sustitución. Entonces, la transición energética es con gas y petróleo, pero nuestra apuesta es ir reduciendo la dependencia del país a estos combustibles. Van a seguir existiendo, los vamos a seguir necesitando y en ese sentido hay que seguir trabajando por el uso del desarrollo mientras vamos haciendo el proceso de sustitución. En eso consiste la transición.
Precios de la gasolina en Colombia
¿Cuándo se espera comenzar a atacar el subsidio al ACPM a través del FEPC?
Alrededor del diésel no hay ninguna decisión de Gobierno. Las medidas que se han adoptado buscan reducir el déficit especialmente en gasolina, pero hay otras medidas económicas que se han venido adoptando por parte de este Gobierno que buscan aliviar y mejorar las condiciones de vida de la gente. Todo el país las conoce: se ha logrado una reducción de la inflación, revaluar el peso, incrementar el salario mínimo. Todas esas medidas económicas que buscan garantizar, a la par que reducimos déficit, poder hacer inversión social en las cosas que necesita el país, en los sectores clave, como por ejemplo transición energética.
¿Qué cambios se han pensado para la fórmula de precios que tienen los combustibles en el país? Hace unos meses se habló de conformar unas mesas técnicas para examinar este tema, ¿qué resultado hay de ellas?
Ya tuvimos una conversación con Ecopetrol para abordar otros escenarios, ya esta es una medida para reducir el déficit, pero hay que revisar también la estructura de precios. Estamos abiertos a revisar la focalización de los subsidios, grandes consumidores, las mezclas que hay en los combustibles, etc. Todas esas son medidas y alternativas que vamos a examinar para aliviar la situación, mejorar las condiciones del país, para que no tengamos grandes impactos económicos y que no genere tampoco grandes impactos en Ecopetrol, que es una empresa determinante para el país. Pero también sabemos que hay que aliviar de manera urgente la vida cotidiana de las personas y en eso vamos a trabajar. Vamos a insistir. En estos días en el Congreso hemos dicho que hay total disposición a las mesas técnicas, a modelar, simular y hacer un análisis de impactos.
¿Hay algún marco de tiempo establecido para tener algunas decisiones sobré qué se va hacer con los precios de los combustibles?
No hay una medida de tiempo para las medidas, pero sí para arrancar con estas mesas. La semana entrante ya esperamos empezar a convocar las primeras reuniones para mesas técnicas que evalúen estas alternativas.
Precios de la electricidad y El Niño
Los comercializadores y transportadores de energía están incómodos con los decretos expedidos para La Guajira, pues argumentan que esto permite que los generadores incumplan sus obligaciones sin que se pueda hacer efectiva la póliza efectiva de cumplimiento. ¿Qué les responde?
Indudablemente nosotros tenemos la responsabilidad de brindar todas las garantías para que el país y el respaldo de energía se pueda dar, más en tiempos de un fenómeno de El Niño. Pero también tenemos la responsabilidad de evaluar. Ya hemos recibido las comunicaciones de los gremios y vamos a sostener las reuniones para analizar conjuntamente las solicitudes, alternativas y preocupaciones que existen.
Ahora que menciona El Niño, ¿le preocupa la preparación del sistema eléctrico en Colombia?
El fenómeno de El Niño y lo que ocurre en este sector siempre es un fantasma que nos persigue, pero precisamente por eso el país lleva mucho tiempo preparándose. Tenemos medidas de fondo que existen en nuestra regulación, en nuestro modelo energético: cargo por confiabilidad, contratos de energía. Además de eso hay seguimiento y control de los embalses. Hoy tenemos embalses en unos niveles muy buenos para poder soportar y amortiguar El Niño. Indudablemente, siempre hay que estar trabajando, no se puede descuidar y ahí es importante la coordinación. Pero en comparación con otros fenómenos de El Niño en el pasado hoy tenemos mejores condiciones técnicas en algunos aspectos. Estamos trabajando y haciendo seguimiento, sosteniendo reuniones y los comités estratégicos para garantizar que el país tenga esa seguridad energética. Estoy tranquilo, sobre todo porque estamos trabajando.
La transición energética
Se logró un avance en La Colectora, en La Guajira, pero ha habido problemas en otros proyectos de renovables en ese departamento y en otros lugares: ¿en qué va el avance de las renovables con respecto a la transición energética?
He mencionado una cifra que me dio la ministra de Ambiente, Susana Muhamad: durante cuatro años del Gobierno anterior se otorgaron 20 licencias ambientales para proyectos de energías renovables y durante un año de este Gobierno llevamos 15. Y eso da cuenta de la importancia y el trabajo que estamos haciendo por desarrollar las energías renovables. Sin lugar a duda, es un reto enorme y para lograr sacar adelante los proyectos en La Guajira y en el resto del país necesitamos una articulación muy estrecha entre las entidades, dependencias y ministerios. Yo he insistido en esa idea, la transición energética no es del Ministerio de Minas y Energía, es de la sociedad e implica la articulación de varios ministerios que debemos trabajar de manera integral para poder resolver todos estos asuntos. De fondo, parte de todo lo que nosotros recibimos, son “errores” —por llamarlos de alguna manera— frente al modelo de relacionamiento social y ambiental con las comunidades en donde estamos desarrollando proyectos de energías renovables. Lo que estamos haciendo desde este Gobierno también es modificado y cambiando ese paradigma de relacionamiento con las comunidades para garantizar justicia energética y ambiental y lograr desarrollar la transición y los proyectos que necesita el país.
¿A qué se refiere cuando habla de “errores” en el relacionamiento con las comunidades?
Yo creo que hay varios factores. Por ejemplo, muchos proyectos en los que se dejaba a las empresas desarrollar las consultas previas, como un poco a la deriva y no había un correcto acompañamiento para esa relación con las comunidades. Por otra parte, había una relación un poco de imposición con las comunidades, sin contar a veces con la voz de la gente, de sus aspiraciones, e incluso algunos manejos sobre el desarrollo de las consultas previas. Nosotros venimos a resolver muchas de esas situaciones y a poner en el centro de esta discusión también a la gente.
El panorama de la minería en Colombia
El sector minero saltó esta semana por un borrador de decreto que prepara el Ministerio de Ambiente, ¿cuál es su postura al respecto?
En el tema minero nosotros tenemos una regulación que ya cumple más o menos 20, 22 años, y hay muchos asuntos que resolver de lo que teníamos, de la trayectoria de esa regulación y ese marco normativo. Cuando uno entra a resolver estos asuntos, como la mayoría de los temas que estamos resolviendo en este Gobierno que son asuntos estructurales, indudablemente se generan discusiones, dudas, distintos argumentos. Pero estamos totalmente abiertos al diálogo, al trabajo, a la reflexión, a la búsqueda de alternativas. Pero no solo con lo que venía para resolver (regular mejor, superar dificultades del modelo minero), sino también hacia adelante hay grandes debates que tenemos que dar sobre minerales estratégicos para la transición. Pero venimos a encarar con mucho diálogo, trabajo y dedicación.
Yo diría que hay dos grandes retos. De una parte, nosotros necesitamos, y es uno de los pilares de la transición energética, conocimiento. Y el país todavía tiene muchas dificultades para tener conocimiento sobre lo que tenemos, sobre el suelo, el subsuelo, sobre nuestros recursos. Y ahí, por ejemplo, el Servicio Geológico colombiano, las universidades, la ciencia es determinante para que tengamos el conocimiento necesario que nos permita tomar decisiones y avanzar en lo que es la transición. Y eso es un enorme reto en el que muchos sectores, gremios y mucha gente tiene cosas que decir y hacer. Y de otro lado, precisamente para no repetir los errores del pasado y de un modelo minero que generó también contradicciones, desigualdades, que generó conflictos hacia adelante, tenemos que diseñar un modelo normativo, un código que nos permita resolver los problemas del pasado, pero que hacia adelante podamos avizorar las dificultades y conflictos que se avecinan y tengamos las herramientas para enfrentarlas.
¿Cuál es el futuro de la explotación del carbón en el país, en medio de la transición energética?
Pues hay que distinguir los tipos de carbón: tenemos un carbón térmico y uno metalúrgico. El mercado internacional del carbón está teniendo unos comportamientos y nosotros tenemos una fuerte exportación de carbón térmico y esos comportamientos internacionales nos dan unos escenarios —que, he hecho, desde este Ministerio ya están publicados en lo que es la hoja de ruta de la transición— en donde hay que tomar unas medidas para que el país no quede a la deriva y podamos estar preparados por los impactos económicos que puede tener el comportamiento internacional del mercado. Indudablemente, el mundo está transitando a la descarboxilación, muchos de los países que antes requerían carbón para sus plantas térmicas ya no lo van a hacer y eso tendrá un impacto sobre nuestro recurso. Y, además de eso, nuestra decisión ha sido ir cerrando brechas e ir cerrando el uso de carbón, sobre todo térmico, en nuestro esquema de la matriz eléctrica. Entonces ahí vamos a tener unas implicaciones. Por el lado del carbón metalúrgico, este es un mineral importante para producir acero y, pensando en clave de transición energética, vamos a necesitar carbón para la reindustrialización del país. Entonces hay escenarios distintos , pero para cada uno de ellos nos estamos preparando.
¿En dónde quedan las comunidades que dependen o están impactadas económicamente por la explotación de carbón, especialmente térmico?
La transición energética tiene un componente muy fuerte y es que implica una transición laboral. No pueden ser situaciones que se presenten en las cuales la gente quede sin trabajo, sino que la transición debe implicar que tengamos unos tránsitos laborales para que la gente pueda desempeñarse en otros campos. Ahí es, precisamente, donde la articulación de ministerios es fundamental. En algunos territorios debemos recuperar nuestra vocación agrícola, debemos avanzar también en otra apuesta de este Gobierno que es la de desarrollar una economía productiva y transitar, por ejemplo, al turismo, al agro, a la industria renovable y ahí es donde estamos dando esos pasos también en términos laborales, en el marco de la transición energética.
¿El país será capaz de absorber efectivamente toda esa mano de obra para la reconversión también productiva?
Seguramente no en un solo sector, y vamos a tener que diversificar. Por eso la tarea es desarrollar otros segmentos de la economía que efectivamente nos permitan acoger trabajadores que salgan de otros segmentos de la economía como el sector extractivista.
23-07-2023
Actividad: Realice un escrito donde expreses un esbozo de todo el paso a paso de los Acuerdos de Ralito. al final del documento justifica : ¿ cual es tu opinión sobre este anuncio por parte de Petro y todo el proceso de Ralito. Mínimo dos páginas .
Petro nombra al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz
El jefe de Estado anunció, a través de Twitter, que la designación se hace para “lograr la completa paz”. Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008 y sigue recluido en una prisión de ese país. ¿En qué va su proceso y qué ha dicho ante la justicia colombiana?
El presidente Gustavo Petro (izq.) anunció el 23 de julio de 2022 la designación del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz.
Este domingo, el presidente Gustavo Petro anunció que será nombrado como gestor de paz el exparamilitar Salvatore Mancuso, uno de los antiguos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, informó el jefe de Estado a través de Twitter.
El nombramiento de Mancuso, quien fue extraditado en 2008 a Estados Unidos y sigue recluido en una prisión de ese país, se da luego de varios acercamientos del exparamilitar con distintas entidades del Estado a las que les ha ofrecido trabajar para esclarecer las verdades del conflicto y lograr la paz en el país.
Una fuente cercana a Mancuso recordó que el exparamilitar le manifestó su intención de apoyar los diálogos de paz a expresidentes como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, así como lo hizo con Petro desde el inicio de su Gobierno. “Es un trabajo coherente con la intención del presidente de lograr la paz de Colombia”, aseguró.
De hecho, en octubre de 2022, Mancuso le envió una carta al presidente Petro, en la que aseguraba estar listo para entablar una conversación, no solo con el jefe de Estado, sino también con el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, “para materializar esta voluntad compartida de entregarle a las nuevas generaciones una Colombia pacificada y más humana”.
El anuncio de Petro se dio en respuesta a un hilo de Twitter de El Espectador, en el que este diario recordó que hace 23 años, el 23 de julio de 2001, se firmó el controversial Pacto de Ralito en Córdoba. Se trató de un acuerdo de 32 congresistas, excongresistas, alcaldes y civiles que firmaron un documento con los paramilitares para “refundar la Patria”. Aquel pacto fue la semilla de la parapolítica, un escándalo que involucró a más de 250 políticos poderosos del país, que resultaron condenados por vínculos con los grupos paramilitares.
Así está Santafé de Ralito, el pueblo donde se firmó en 2003 la paz con las AUC
Han pasado dos décadas desde el acuerdo firmado entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el gobierno de Álvaro Uribe. Los habitantes de este corregimiento afirman que se sienten olvidados por el Estado, que nunca tomó el control de la zona. Hoy conviven con nuevos grupos armados.
Las calles polvorientas, aún sin pavimentar, algunas casitas de colores en concreto, otras de madera y techos de paja y el estado de la vía, que solo se puede recorrer en una camioneta que pueda traspasar los barrizales, piedras y huecos, que empeoran durante las temporadas de lluvia y la falta de mantenimiento, dejan ver que Santafé de Ralito no ha cambiado mucho en los últimos 20 años.
Este corregimiento del municipio de Tierralta está ubicado en el sur de Córdoba, casi a 90 kilómetros de Montería, la capital. Sus habitantes son principalmente campesinos que trabajan de jornaleros en fincas cercanas, y otros en sus puestos de comida y tiendas donde siempre se escucha vallenato y hay gaseosa fría.
El lento paso del tiempo en ese lugar también se puede observar en algunas viviendas en ruinas que entonces pertenecían a jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes se instalaron en la zona en los años 2000. Por ejemplo, entre maleza, escombros y muy pocas paredes en pie llenas de humedad y descoloridas se encuentran los rastros de la antigua casa de Salomón Feris Chadid, también conocido como 08, paramilitar del Bloque Córdoba de las AUC, quien oficiaba como el anfitrión de visitantes, bien fueran sus compañeros de armas, las delegaciones del Gobierno y hasta los periodistas que llegaban a buscar entrevistas.Hace 20 años, las cámaras de medios nacionales e internacionales pusieron sus focos en este lugar porque allí firmaron un acuerdo para desmovilizarse los jefes paramilitares de las AUC y delegados del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Hoy, sin la atención mediática, el pueblo ha quedado en el olvido y presa del conflicto que no cesa. Para entrar allí hay que estar acompañado, porque aún hay ojos y oídos que vigilan y controlan los movimientos de la zona. Aunque vestidos de civil, en motos y con celulares modernos, la dinámica de control territorial permanece.
La casa de Chadid que, según recuerdan los habitantes, tenía corredores amplios, minibar y unas pocas habitaciones, se convirtió en la sede de diálogos entre el gobierno de Uribe Vélez y las AUC. Luis Carlos Restrepo, entonces comisionado de paz, llegó a Ralito en enero de 2003, junto a una Comisión Exploratoria de Paz para tener una primera reunión con los comandantes paramilitares, tras un anuncio de cese unilateral al fuego en diciembre del 2002, por parte de ese grupo armado.
Ruinas en Santa fe de Realito 20 años después, del acuerdo de paz con los paramilitares.
Foto: Nelson Sierra Gutiérrez
“El Gobierno llegaba en dos o tres helicópteros que aterrizaban en la cancha. Muy cerca estaba la casa del señor 08, que era muy grande y se escogió como sede para las reuniones que tenían con el Gobierno. Para esas reuniones cocinábamos para 130 o 150 personas y estaban todo el día encerrados hablando, nadie sabía nada. Recuerdo que lo que más les gustaba comer era gallina criolla”, contó a Colombia+20 Ana María Ávila Villalba, habitante de la zona.
Ávila es oriunda de la región y trabajó por 20 años en un restaurante escolar del corregimiento. Nos recibió en el solar de su casa con techo de palma y piso de tierra, donde estaban amarrados varios gallos.
Según recordó, la llegada de los “paras” a la zona no fue violenta como sí ocurrió en otras zonas del país. Sin embargo, señaló que sí existía un temor generalizado porque en la región esos hombres armados eran conocidos como “los mochacabezas”. Además, dijo, comenzaron a comprar tierras a diestra y siniestra en el corregimiento.
“Se concentraron aquí en los 2000, en ese entonces no nos maltrataron, pero sí estábamos temerosos porque no sabíamos qué iba a pasar. Detrás de ellos llegaron políticos de la región que nos obligaron a trabajar en labores de aseo y construcción sin pago alguno. Fue el señor Salvatore Mancuso el que acordó que nos pagaran por nuestro trabajo”, detalló Ávila.
La decisión de los paramilitares de iniciar negociaciones se alineaba con el proceso de politización del discurso que iniciaron en 2002, un año después de ser declarados por Estados Unidos como un grupo terrorista vinculado al narcotráfico.
Al momento de la firma del Acuerdo de Ralito, el Plan Colombia, redactado y financiado por Estados Unidos, llevaba tres años de lucha antinarcóticos y contrainsurgente. Por ello, la almendra del acuerdo estaba en dejar las armas a cambio de no ser extraditados a Estados Unidos por narcotráfico y legalizar parte de su fortuna y poder político regional.
Los habitantes de Ralito califican esos años como una “bonanza”, que incluso mejoró con el inicio de los diálogos con el gobierno de Uribe porque había muchas labores por hacer como cocinar, pintar casas o lavar ropa, que les permitieron a las familias tener poder económico. El dinero alcanzaba para todo, para comprar colchones, mejorar las casas y hacer cercas para los animales.
Aún hay “paras”, pero no como antes
Pero con la salida de los paramilitares, también se fue el Gobierno que negoció con ellos, y las promesas de proyectos productivos, titulación de tierras y una mejor vida nunca llegaron. Dos décadas más tarde, las vías siguen en mal estado, no hay tierra para sembrar comida ni oportunidades laborales. En esa tierra imperan el olvido, la pobreza y la estigmatización hacia los habitantes de Ralito.
Las quejas de varios de ellos es que, tras finalizar el proceso de desmovilización en 2005, fueron de nuevo abandonados por el Estado. En las denuncias, incluso, afirman que en los últimos años exparamilitares se rearmaron a causa del incumplimiento, por ejemplo, de la extradición. Grupos como las Águilas Negras, Los Paisas, Los Urabeños, Los Rastrojos, el Clan del Golfo (o AGC) comenzaron a tomarse las zonas donde estaban las Autodefensas.
Los habitantes de Ralito llevan esperando 20 años mejoras de vivienda, tierras y proyectos productivos. / Nelson Sierra G.
Foto: ...
“Aún hay ‘paras’, pero no como en ese entonces. Aunque hay cierta tranquilidad, tenemos que vivir como Shakira; es decir, ciegos, sordos y mudos; no meternos en la vida de los demás”, dijo un habitante que prefirió que su nombre fuera omitido por seguridad.
La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la expansión acelerada del Clan del Golfo en 20 departamentos del país, entre ellos Córdoba. En la alerta temprana 019-23, Tierralta es un municipio de alto riesgo por la presencia y el control territorial de este grupo armado, que se disputa gran parte del país con el ELN y algunas disidencias de FARC.
Así se llegó al acuerdo
Luego de seis meses de diálogos con el Gobierno en los que también participó la Iglesia católica, el 15 de julio del 2003 los comandantes Carlos Castaño, Vicente Castaño, Salvatore Mancuso, Don Berna, HH, el Águila, Cuco Vanoy, Francisco Tabares y Jorge Pirata firmaron el Acuerdo de Santafé de Ralito para contribuir a la paz de Colombia.
Ese 15 de julio, comenzaron a llegar al corregimiento buses con periodistas, mandatarios regionales, representantes de la Iglesia y del Gobierno Nacional. El camino hacia el corregimiento estaba adornado con banderas de color amarillo, azul y rojo con el mensaje: “La paz es compromiso de todos”.
En diciembre del 2002 las AUC anunciaron un cese unilateral al fuego como muestra de paz para el entrante gobierno de Álvaro Uribe Velez.
Foto: Archivo El Espectador
En la cancha de tierra rojiza de Ralito se instaló una gran carpa azul, donde los asistentes recibieron sombreros vueltiaos, típicos del Caribe colombiano, abanicos de cartón y carpetas tejidas en caña flecha con la información del evento.
Según reportó entonces este diario, para avanzar en esas negociaciones el equipo del Gobierno y los delegados de las AUC trabajaron por aparte un borrador con propuestas, que luego juntaron para concluir el documento. Después de que el presidente Uribe diera luz verde a lo acordado, las partes brindaron con vino blanco y se tomó la primera foto del proceso.
El documento de tres páginas con 10 puntos ratificaba el compromiso de mantener el cese al fuego, combatir el narcotráfico, restablecer el monopolio de la fuerza a manos del Estado y desmovilizar, de forma gradual, sus tropas, ubicadas en 26 de los 32 departamentos del país con más de 31.000 combatientes. Este proceso tenía que culminar el 31 de diciembre del 2005.
“La desmovilización no podía ser en bloque, porque las fuerzas militares no tenían la capacidad de bloquear todos los corredores estratégicos del país para evitar que la guerrilla afectara las zonas que estaban bajo dominio y control de las autodefensas donde era la única autoridad”, explicó Mancuso a la Comisión de la Verdad en el Informe final.
El país y la comunidad internacional veían con buenos ojos, pero también con reservas, este camino de paz que vino justo después del fallido intento de negociación del expresidente Andrés Pastrana con las FARC en los diálogos de san Vicente delCaguán (1998-2002).Monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna, quien participó en el proceso de diálogo, le explicó a este diario que, más allá de la mediación, la Iglesia buscaba invitar a los violentos a construir paz, perdonar, reconciliarse y no hacer mal. Junto a él estuvieron monseñor Julio César Vidal, monseñor Germán García Isaza, monseñor Luis Augusto Castro y los padres Leonidas Moreno y Darío Echeverry.
Los representantes de la Iglesia fueron monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna, monseñor Julio César Vidal, monseñor Germán García Isaza, monseñor Luis Augusto Castro y los padres Leonidas Moreno y Darío Echeverry.
Foto: Archivo El Espectador
Tras la firma del Acuerdo de Ralito, el 25 de noviembre del 2003 se desmovilizaron en Medellín cerca de 800 miembros del Bloque Cacique Nutibara, bajo el mando de Diego Murillo Bejarano ‘Don Berna’. Esa unidad fue la misma que participó en la Operación Orión, que se realizó en la Comuna 13 de la capital antioqueña, recordada como la incursión militar urbana más grande del país, que dejó más de 100 personas privadas de la libertad, 43 civiles heridos, dos asesinados y cientos de desaparecidos.
Por la televisión, los colombianos vieron cómo más de 20.000 hombres de las Autodefensas entregaron cerca de 18.000 armas —algunas de ellas viejas e inservibles, según se supo después— durante el proceso de desmovilización que se dio hasta agosto de 2006, de acuerdo con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA).
Santafé de Ralito también fue la sede de la firma del Pacto de Ralito en 2001, donde participaron senadores, representantes a la Cámara, gobernadores y alcaldes de la región Caribe. El objetivo de este pacto, que se mantuvo en secreto por cinco años, era “refundar la patria” permeando la arena política regional. Este Pacto se hizo efectivo en las elecciones de 2003, pues aliados del paramilitarismo llegaron a 250 alcaldías y nueve gobernaciones.
¿En qué va el proceso de Mancuso y por qué el ‘expara’ pide participar en la Paz Total?
Desde enero de 2020 la Fiscalía General de la Nación informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había confirmado que Salvatore Mancuso Gómez quedaría en libertad a partir del 27 de marzo de ese año, tras cumplir una condena por narcotráfico en ese país.
Pese a que se empezaron a disponer los trámites para que, a su regreso, Mancuso siguiera saldando sus deudas con la justicia colombiana, ya pasaron más de tres años y el traslado al país no se ha materializado.
Durante su reclusión en Estados Unidos el ‘expara’ ha rendido algunas declaraciones ante las salas de Justicia y Paz (creadas tras la desmovilización de las AUC), e incluso este año estuvo cuatro días rindiendo versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que está evaluando si le abre la puerta
8-07-2023
Buenas noches estudiantes .
una vez lean este artículo tomado del diario el espectador realiza una investigación en varias fuentes sobre las razones estructurales de la problemática planteada y que se aborda en el documento. Mínimo 4 razones estructurales con sus posibles argumentos.
¿Quiénes son y cómo operan las bandas que siembran el terror en Buenaventura?
En el distrito del Pacífico la violencia y las amenazas no cesan. Shottas y Espartanos están en una tensa tregua de no agresión, al tiempo que otros combos, como los Chiquillos, acechan la tranquilidad de los civiles y mantienen delitos como la extorsión y el asesinato. Mientras el Gobierno busca la paz, en los barrios crece el temor y la incertidumbre. ¿Qué se sabe de la supuesta presencia de carteles mexicanos?
En Buenaventura, la guerra urbana a lo largo de las comunas 7, 8, 10, 11 y 12 no se ha ido y falta aún bastante para que eso suceda. Esta semana se cumplirán nueve meses desde que el Gobierno Nacional comenzó a llevar sus propuestas al puerto para negociar con bandas criminales y frenar tanta violencia.
Entre muestras volátiles de buena voluntad, acuerdos debilitados por irrespetos a pactos de no agresión y tasas de homicidio disparadas en mayo de 2023, hay una incertidumbre por saber si esta ciudad del Pacífico puede ser un “laboratorio para la paz”, como lo denominó el presidente Gustavo Petro, o un territorio en el que no se ha dimensionado del todo que hay un conflicto latente en las calles que va más allá de las dos bandas más grandes: Shottas y Espartanos.
El pasado 6 de junio, monseñor Rubén Darío Jaramillo -obispo de Buenaventura- anunció que la Iglesia acompañaría los nuevos acercamientos entre esas dos estructuras criminales y el Gobierno. El contexto allí apremiaba con urgencia un diálogo para frenar el accionar de estos grupos.
Tan sólo en los primeros cinco meses de 2023, en Buenaventura se perpetraron 42 asesinatos a raíz de los enfrentamientos entre combos y pandillas. Sin embargo, el pedido generalizado desde organizaciones sociales, hasta el mismo despacho de monseñor Jaramillo, ha sido el de no descuidar las estructuras criminales que buscarían eventualmente ocupar los barrios de las dos bandas que entrarían en la Paz Total.
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) y el centro InSight Crime documentaron que tan sólo en mayo de 2023 se registraron 23 enfrentamientos en los barrios Juan XXIII, San Luis y Bellavista, tres de los grandes epicentros de la violencia urbana en el puerto. Lo que llamó la atención de esos hechos fueron los subregistros en la identificación de los responsables. Si bien más de la mitad de esos hechos fueron atribuidos a Shottas y Espartanos, hay sucesos sin esclarecer que apuntan a responsabilidad de otros grupos que han tomado fuerza desde que las dos grandes bandas del puerto entraron a fases exploratorias para negociar la paz.
Dennis Huffington, investigador de Pares, le dijo a Colombia+20 que no hay que sacar de la ecuación de la violencia en Buenaventura a nadie “por más pequeño que parezca”, pues, por pensar en que Shottas y Espartanos acaparan toda la violencia, en el puerto han aumentado delitos como la extorsión y asesinatos selectivos que no necesariamente llegan desde esos bandos.
“La desconfianza frente a la paz que ahora hay en Buenaventura obedece al sentimiento de venganza entre bandas por deudas antiguas, a las trabas que nunca se han quitado de encima la idea de Ley de Sometimiento y a la falta de claridad sobre varios hechos. Si bien los homicidios se han reducido en las comunas 7 y 8, las extorsiones han aumentado y las personas no pueden vivir en paz. Sin la tranquilidad de los ciudadanos en el día a día no hay canal de diálogo propuesto por el Gobierno Nacional que valga del todo”, agregó.
En medio de las treguas parciales entre Shottas y Espartanos (que comenzaron el 7 de diciembre de 2022), la banda de Los Chiquillos caló en distintos barrios de Buenaventura para apoderarse de rentas de microtráfico y mover influencias locales por medio de la violencia armada.
El fin de semana volvieron a ser noticia, pues en un video circulado por redes sociales esta banda también conocida como “Los Roberts” amenazó con tomarse al distrito de Buenaventura en “defensa de la población” a raíz de la supuesta presencia de estructuras armadas como “Jalisco” (en alusión al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación).
El mensaje de Los Chiquillos fue principalmente dirigido a los habitantes de los barrios Bello Horizonte, Carlos Holmes y Bahía (centro del distrito). Encapuchados frente a la cámara aseguraron que “nadie va a entrar a nuestro territorio. Defenderemos a sangre y fuego. Jalisco no existe, eso es en México”. Una nueva muestra de que en el puerto no hay total voluntad de ceder ante las confrontaciones por medio del diálogo.
Si bien hay poca documentación sobre quiénes son Los Chiquillos, cómo operan, cómo mantienen sus filas en los barrios, qué tipos de armas manejan o quiénes son sus aliados, su origen y obediencia de mando ha sido rastreado por la Fiscalía desde agosto de 2022.
Según un documento del ente investigador, conocido por este diario, Los Chiquillos comenzaron a operar en ese distrito cuando la banda criminal La Empresa se desintegró por las capturas y bajas de sus cabecillas.
Entre 2015 y 2021, Lo Chiquillos se disputaban la distribución de narcóticos en el oriente de Buenaventura con Shottas y Espartanos, lo que los consolidó como la tercera estructura con más fuerza en todo el puerto.
Tanto fue así que ni Shottas ni Espartanos les arrebataron el control de barrios en las comunas 10, 13, 15 y 16, como el Retiro, El Vergel y Antonio Nariño, según un documento de la Fiscalía.
Los Chiquillos son herederos de Robert Daniel Quintana ‘Robert’ (capturado por la Policía en Buenaventura el 8 de abril de 2017) y desde 2022 retomaron con más fuerza su presencia en el oriente bonaverense, zona desde la cual tienen el control en los expendios de cocaína y bazuco.
Una lideresa social de la ciudad, que pidió no ser identificada, aseguró que si bien en las comunas del oriente de Buenaventura la gente sabe de las operaciones de Los Chiquillos y las “extorsiones son presentes y de conocimiento público”, el tema de una disputa con grupos mexicanos es un enigma, pues “en los barrios no se ha escuchado que lleguen personas desde Jalisco, como dijeron en ese video que se movió el fin de semana”.
El analista Huffington, en línea con eso, pide cautela para no arrojar impresiones apresuradas de si hay o no grupos armados mexicanos, ligados con el narcotráfico, en el puerto de Buenaventura.
“Se sabe que por la estrategia de enviar droga por el Pacífico puede ser tentador hacer presencia acá. Se ha hablado de grupos mexicanos desde hace tiempo, pero sin certeza de si hay, o cuántos son. Como puede que haya bandas asociadas a ellos, esto también podría ser una estrategia para asustar aún más a la gente”, concluyó el investigador que fue consultado por este medio en junio.
Hasta la fecha de publicación de este artículo, desde el Gobierno Nacional no ha habido una información oficial de incluir en la Paz Total a más bandas criminales diferentes a Shottas y Espartanos. Sin claridad alguna de cómo serían los alcances en un eventual sometimiento a la justicia, parece que la espera a treguas locales más fuertes entre bandas son la salida más viable a corto plazo para cesar hostilidades. Una apuesta que inquieta al personero del puerto, Edwin Patiño.
Según el funcionario, por los niveles de tensión y zozobra no sería descabellado robustecer la presencia militar y de policía en los barrios más violentados de Buenaventura, principalmente ubicados en las comunas 7, 8, 9, 13 y 15.
“Se tiene que pensar en la intranquilidad que tanta gente está viviendo. Ha habido denuncias y Buenaventura aun así se mantiene en el olvido”, indicó.
Un líder social de la comuna 7 de Buenaventura aseguró que, además de encarrillar los esfuerzos para que la Paz Total vuelva a tomar rumbo en la ciudad, también impera la necesidad de investigar quién y cómo están armando a las bandas criminales.
“Leonard Rentería y más muchachos valientes han dicho una cantidad de veces que muchas extorsiones llegan desde la cárcel. Alias ‘Robert’ sigue manejando hilos desde allí y aquí no es un secreto para nadie que personajes como ‘Arley’, ‘Sixta’ o ‘Mi Niño’, pistoleros de ese señor y al servicio de Los Roberts también ordenan delitos. Como en Medellín tocará tener acá la referencia de las cárceles para que se negocie allí; saber qué quieren y cómo salimos de esta. También que se metan a más muchachos a las negociaciones, porque si sólo van los de las bandas grandes le dejan a la delincuencia organizada ‘pequeña’ un espacio enorme para ocupar actividades de delincuencia”, acotó.
9-07-2023
Finalizando su intervención, el presidente colombiano insistió en la que ha sido una de sus propuestas ambientales más conocidas: cambiar la deuda por acción climática. Como lo llama desde hace algunos meses, el “plan Marshall” busca que la deuda pública sea reemplazada por acción climática en cada uno de los países.
1. Explica que quiere decir el presidente Petro con esta expresión.
2. Qué opinas sobre los dos grandes retos de la Cumbre Amazónica de Leticia; e investiga sobre la historia política de Lula.
Las apuestas de Petro y Lula da Silva de cara a la Cumbre Amazónica en agosto
Desde Leticia, donde terminó el encuentro que sirvió de preparación para la Cumbre de Presidentes Amazónicos que se hará en Brasil los primeros días de agosto, los mandatarios de Brasil y Colombia presentaron algunas de las apuestas que serán discutidas para evitar el punto de no retorno de la Amazonia.
Al cierre de la Cumbre Amazónica de Leticia, que se llevó a cabo durante tres días y que reunió a ocho ministros y ministras de ambiente, o a sus representantes, de los países que conforman el bioma amazónico, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, se manifestaron respecto a las conclusiones a las que se llegaron en esta reunión. (Puede leer: Arranca la cumbre para evitar el colapso de la Amazonia)
“Esta es la primera vez en la historia que Brasil y Colombia comparten gobiernos progresistas y que comparten el compromiso de poner a la Amazonia en el centro de las discusiones”, dijo al inicio de su intervención el presidente de Brasil, quien agradeció el liderazgo que tuvo Colombia en la organización de este encuentro, en la que también participaron cientos de representantes de pueblos indígenas, comunidades locales, cooperantes internacionales, entre otros.
De acuerdo con Lula, los países amazónicos tienen dos grandes retos. El primero de ellos es el fortalecimiento de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) pues, como aseguró, “no ha recibido la atención suficiente”. “En Brasil corregiremos el rumbo”, apuntó el presidente brasileño.
El segundo gran reto, de acuerdo con el mandatario de Brasil, es de carácter político y consiste en construir una visión conjunta de la Amazonia, de la cual hacen parte ocho países de Sudamérica.
Sobre este segundo reto, el presidente colombiano aseguró que en la reunión que se llevará a cabo en Belém do Pará entre el 8 y 9 de agosto, se deberá “empoderar a la OTCA, ponerla a hablar común”. Petro agregó que también es necesario que los ocho países que hacen parte del bioma amazónico tengan un discurso común en la próxima cumbre de cambio climático de la ONU, que tendrá lugar del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubai
Durante su intervención, el presidente de Brasil resaltó varias de las iniciativas que su país presentará dentro de un mes, cuando los ocho mandatarios de los países amazónicos se reúnan para discutir un acuerdo que evite el punto de no retorno de este bioma.
Una de ellas es establecer un comité de expertos para la Amazonia similar al IPCC, que es un grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático. De este panel, que se creó en 1988, hacen parte los mejores investigadores de todo el mundo y recopilan la mejor evidencia científica sobre el tema. También emiten recomendaciones para evitar que la temperatura del planeta aumente por encima de 1.5 °C para finales de este siglo. (Le puede interesar: Deforestación en tierras indígenas provocó emisión de 96 millones de toneladas de CO2)
Sin embargo, tanto Lula, como Petro, así como los ministros y ministras de ambiente, reconocieron que es importante reconocer e integrar los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y las comunidades locales, con el conocimiento científico, para hacerle frente de manera integral al reto que supone mantener en pie este gigantesco ecosistema.
De manera independiente, el gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Ambiente, y el presidente de Brasil, se comprometieron a eliminar la deforestación en estos países para 2030. Cabe resaltar que un compromiso similar había sido realizado por los anteriores mandatarios de ambos países en la COP26, que se llevó a cabo en Glasgow, Escocia, a finales de 2021. (Puede interesarle: Científicos van a “rociar” CO₂ sobre la Amazonia. ¿Qué buscan?)
Finalizando su intervención, el presidente colombiano insistió en la que ha sido una de sus propuestas ambientales más conocidas: cambiar la deuda por acción climática. Como lo llama desde hace algunos meses, el “plan Marshall” busca que la deuda pública sea reemplazada por acción climática en cada uno de los países.
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Economía TOMADO DE REVISTA SEMANA , EDICIÓN DOMINGO.
El dólar tiembla por la salida de José Antonio Ocampo y analistas advierten: “Si no fuera por Petro, el dólar sí estaría en 3.700 pesos”
Entre el miércoles y viernes el dólar subió 183 pesos. Esto es lo que le espera a la moneda, según los expertos consultados por SEMANA.
José Antonio Ocampo, Gustavo Petro- Foto: JUAN CARLOS SIERRA / GETTY IMAGES
Esta semana, que está a punto de terminar, definitivamente no fue buena con el peso colombiano, teniendo en cuenta la disparada que mostró el dólar tras la remezón ministerial que realizó el presidente Gustavo Petro y la polémica que se ha desatado por cuenta de los nuevos personajes que llegarán a los ocho ministerios que cambiaron de jefe. Esta semana ha sido de mucho ruido en materia económica y debido a esto se disparó la demanda del billete verde en el mercado local.
Cabe recordar que entre el miércoles y viernes el dólar subió 183 pesos. Aunque en el mercado se alcanzó a negociar por encima de los 4.700, su precio promedió el viernes en 4.669,84 pesos. En menos de una semana, el peso colombiano dejó de ser el de mejor comportamiento en lo corrido del año en América Latina y en la última semana de abril fue el más devaluado del vecindario.
Lo más preocupante es que toda la tormenta se ha desatado por factores internos, ya que las noticias que llegan desde afuera son buenas. Un ejemplo de esto se aprecia en la nueva caída de la inflación que vivió Estados Unidos o el crecimiento del PIB en la Eurozona, que finalmente logró hacerle el quite a la recesión. Se esperaba con estas buenas nuevas que el dólar siguiera bajando, pero debido a los anuncios del Gobierno Petro no fue así y por el contrario se disparó con mucha fuerza.
Ahora bien, en medio de todo esto, la pregunta que se hacen los analistas y expertos es ¿para dónde va el precio del dólar en Colombia? Puesto que la incertidumbre es alta y aún sigue vigente el temor por las reformas que impulsa la Casa de Nariño en el Congreso de la República y el precio de la moneda cambia con las declaraciones del presidente Petro.
Para Andrés Moreno Jaramillo, analista de mercados y asesor financiero, lo primero que hay que tener presente es que al dólar lo mueven factores como los precios del petróleo, el entorno internacional, las políticas de gobierno y la percepción de riesgo que estas generen en los mercados, “lo que se diga desde el Ministerio de Minas, desde el Ministerio de Hacienda o desde el propio presidente”.
“Petro parece ser una persona que no le interesa la confianza inversionista, que maneja un lenguaje muy ofuscado, un lenguaje muy agresivo en redes. No entiende la diplomacia y está impulsando unas reformas que no sirven para nada de lo que realmente necesita el país y pues estar peleando con el gabinete, cambiando gente que dice que no le sirve, pues genera incertidumbre. Si no fuera por Petro, el dólar sí estaría por ahí en 3.700 pesos, con Petro está mil pesos arriba, por eso la inflación, por eso la devaluación, Petro le imprime una prima de riesgo muy alta a Colombia y eso es lo que estamos asumiendo”, explicó.
El precio del dólar en Colombia se está cotizando por encima de los 3.900 pesos luego del triunfo de Guistavo Petro- Foto:SEMANA/Getty
Así mismo, agregó que “cuando el dólar trata de bajar, porque Petro no está en redes o porque no hay absolutamente nada, algo ocurre, él parece que mirara o que necesitara que el dólar suba porque siempre sale con algo o con alguna locura para disparar su precio. Entonces, el rango que se ha visto recientemente en el mercado de divisas es de 4.300 pesos o 5.000, hoy está casi que en la mitad de ese rango, aunque acercándose a ese nuevo rango alto, el dólar debería estar acercándose en el corto plazo a los 4.900 próximamente y luego volverá a caer. En la medida en la que Petro siga terco, el dólar seguirá por las nubes”.
“Desde el punto de vista interno, primero, hay que tener en cuenta que desde el año pasado el dólar empezó a cotizarse por encima del nivel en que se encuentra el dólar en la región debido a que se avivó el riesgo político además de la incertidumbre de la sostenibilidad fiscal en medio de las reformas y la transición energética que planea realizar el Gobierno”.
- Foto:juan carlos sierra
Este analista cerró recordando que “En el caso que las reformas generen un gasto fiscal insostenible y no se realice una transición energética gradual y ordenada, el dólar podría mantenerse elevado o aumentar aún más. En el caso contrario, es decir, si las reformas son sostenibles fiscalmente y la transición energética es gradual y ordenada, el dólar podría caer y ajustarse más hacia el nivel en que se encuentra el dólar en la región”.
El valor del dólar es un tema relevante para cualquier economía y Colombia no es la excepción. En general, una tasa de cambio más baja del dólar frente a la moneda local puede ser beneficiosa para la economía del país, aunque esto depende de varios factores y puede tener tanto efectos positivos como negativos. Uno de los beneficios más importantes es que una tasa de cambio baja puede mejorar la competitividad de las exportaciones colombianas en el mercado internacional, ya que los productos del país se vuelven más atractivos para los compradores extranjeros debido a que su precio en dólares es más bajo.
SEMANA analizó lo que viene tras el remezón en su última portada. Léala completa
Gustavo Petro: ¿se radicalizará o tratará de conciliar y recuperar su coalición? La turbulenta semana que termina es un campanazo; esto podría venir para el país
2133- Foto:Semana
El abrupto remezón ministerial promovido por el presidente Gustavo Petro ante la negativa de los partidos de aprobar su polémica reforma a la salud marca un antes y un después en su Gobierno. Los colombianos podrían estar empezando a conocer a un mandatario más radical, dispuesto a sacar adelante sus proyectos a como dé lugar y apoyado en las calles y la presión social.“Se está sintiendo acorralado y en su ADN se vuelve más radical”, advirtió en las últimas horas el expresidente Juan Manuel Santos en varios medios de comunicación.
El expresidente Juan Manuel Santos hizo críticas a las decisiones de Petro.- Foto:ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-semana
Petro cambió a siete de sus ministros en un inesperado revolcón que, incluso, le costó la salida a José Antonio Ocampo, de la cartera de Hacienda, considerado el polo a tierra de las políticas económicas del Gobierno.Ocampo se paró firme cada vez que hubo planes que ponían en riesgo la independencia del Banco de la República.Siempre se opuso a la emisión de billetes para solventar los problemas sociales y sacó adelante una jugosa reforma tributaria. Tampoco comulgó con poner en marcha medidas restrictivas del mercado, como control de precios o capitales.Era claro que la intención de Ocampo era quedarse un año más en el Gobierno y, de hecho, la Universidad de Columbia, en Nueva York, le había extendido su licencia.
José Antonio Ocampo salió de su cargo como ministro de Hacienda.- Foto:GUILLERMO TORRES REINA-semana
Sin embargo, las alertas que emitió en torno a la peligrosa reforma a la salud fueron deteriorando su relación de confianza con el presidente.Algunos se atreven a decir que Ocampo selló su salida del Gobierno el pasado martes cuandoSEMANApublicó un documento del Ministerio de Hacienda que advertía que la reforma a la salud costaría 113 billones de pesos en los próximos diez años. El presidente montó en cólera y desmintió la información.
Carlos Ramón González será el nuevo director del Dapre.- Foto:Alejandro AcostaFOTO-semana
Unas horas después, Petro le pidió la renuncia protocolaria a todo su gabinete. Al día siguiente, la suerte de Ocampo estaba echada. Su reemplazo, Ricardo Bonilla, quien se desempeñó como secretario de Hacienda del entonces alcalde Petro, no la tiene fácil.Deberá enfrentar una inflación que se niega a ceder y se encuentra en el 13,34 %, la más alta desde 1999, y una tasa de desempleo que en marzo fue del 10 %.Bonilla deberá capotear los grandes costos que se avizoran por las reformas laboral, pensional y de la salud, que han sumido en la incertidumbre a los empresarios y trabajadores por los posibles efectos negativos que puedan provocar. La clave de Bonilla será respetar la regla fiscal y, así como lo hizo Ocampo, tranquilizar los mercados y evitar el deterioro de la confianza.
Ricardo Bonilla es el nuevo ministro de Hacienda.- Foto:JONATHAN CHIQUIZA-semana
Con la crisis de Gobierno, de forma paralela, esta semana el dólar se volvió a disparar y el viernes cerró en 4.669,65. Las noticias por el lado de Ecopetrol tampoco son buenas. Tras la llegada de su nuevo presidente, Ricardo Roa, y sus primeras declaraciones, la acción de la empresa perdió esta semana 0,13 % de su valor.El viernes cerró en 2.288 pesos, 32 pesos menos que lo que valía el lunes.La devaluación del peso también fue estrepitosa: en la semana bajó 146 pesos, lo que implica una caída de 3,23 %.
William Camargo es el nuevo ministro de Transporte.- Foto:Alejandro AcostaFOTO-semana
Al mismo tiempo, en medio del remezón, el presidente Petro le quitó su respaldo a la “ideologizada” ministra de Salud, Carolina Corcho. La decisión tomó por sorpresa a la coalición y a la oposición e, incluso, a ella misma a tal punto que, molesta, dejó plantado al presidente en el consejo de ministros del miércoles.Al fin y al cabo, la crisis estalló por su equivocada gestión en el trámite de la reforma y por hacerles conejo a los acuerdos, según la denuncia de algunos partidos.
La exministra de Salud, Carolina Corcho salió del cargo.- Foto:GUILLERMO TORRES REINA-semana
El reemplazo de Corcho, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien ya anunció que defiende el modelo del Seguro Social, tendrá el reto de lograr consensos en medio de la estrategia del Gobierno de negociar al menudeo con los congresistas y no con los jefes de los partidos. Sobre este punto, el expresidente César Gaviria lanzó el martes una bomba y advirtió que cualquier ofrecimiento a cambio de votos para la reforma podría convertirse en un “cohecho”, tal y como sucedió con la ‘yidispolítica’.Por eso, los congresistas que están conversando con el Gobierno a espaldas de sus partidos y directores deben saber que tienen todos los reflectores encima y que lo que hagan saldrá a la luz.
Guillermo Alfonso Jaramillo llegó a la cartera de Salud.- Foto:León Darío Peláez-semana
Gran parte de los análisis del nuevo gabinete coincidieron en que se trata de un equipo más afín a la izquierda.El temor de algunos es que el mandatario haya perdido los contrapesos en su propio Gobierno y, por tanto, se radicalice cada día más. De hecho, en los últimos días, Petro agitó el debate sobre temas muy espinosos y que causan tanto temor como las expropiaciones. Asimismo, invitó a los campesinos, indígenas y afros a “movilizarse”. Ni siquiera se salvaron los expresidentes.A Santos le dijo “mentiroso” por defender el actual modelo de salud y muchos atribuyen la salida del cargo del ministro del Interior, Alfonso Prada, a una represalia de Petro por considerarlo un “santista” purasangre.Prada intentó entablar acuerdos alrededor de las reformas, pero en una entrevista enEl Tiempodejó en claro que la ministra Corcho siempre fue un obstáculo porque no cumplía los compromisos.
Petro también arremetió contra el expresidente Gaviria y lo ridiculizó con una ofensiva caricatura en la que aparecía gritando, con los pantalones abajo y un bastón.El viernes, el jefe del Partido Liberal seguía firme como un roble en su posición de rechazo a la reforma a la salud y contaba con el respaldo de todos los senadores. Incluso, los representantes rebeldes ya estaban a sus pies.Pese a esto, el nombramiento del rebelde liberal Luis Fernando Velasco como ministro del Interior fue interpretado como un mensaje a Gaviria, que desde ya plantea que el Gobierno Petro va por su colectividad.
Luis Fernando Velasco es el nuevo ministro del Interior.- Foto:JUAN CARLOS SIERRA PARDO-semana
Aunque Petro no fue desobligante con Uribe, sí le dedicó varios trinos y, en uno de ellos, le dijo:“Expresidente, ¿para qué quiere que las EPS privadas manejen los dineros públicos? ¿Sí sabe que eso lleva a desatender pacientes incluso con peligro de muerte y a quebrar hospitales?”.Uribe ha seguido alertando sobre los peligros de la reforma a la salud sin caer en una pelea personal con Petro.
El expresidente Álvaro Uribe sostuvo diferencias públicas con Petro por la reforma de salud.- Foto:JUAN CARLOS SIERRA PARDO-semana
Jhenifer Mojica será la nueva ministra de Agricultura.- Foto:JONATHAN CHIQUIZA-semana
Como si todo esto fuera poco en la semana más difícil para el presidente en lo que va del Gobierno, la Conferencia Internacional sobre Venezuela, a la que él tanto le apostó, pasó sin pena ni gloria. No se logró un pronunciamiento público conjunto de los países invitados. El canciller Álvaro Leyva, en solitario, tuvo que leer una declaración.Por el contrario, Petro recibió fuertes críticas por el manejo que le dio a la llegada a Bogotá del líder opositor Juan Guiadó, obligado por el Gobierno a salir del país hacia Estados Unidos.Guaidó advirtió que fue amenazado con ser deportado al régimen de Maduro en Venezuela, donde su vida y la de su familia, al igual que su libertad, corren serios peligros. “El presidente Petro demostró del lado de quién está, de la dictadura de Maduro”, le dijo Guaidó aSEMANA.
Las encuestas tampoco han estado del lado del mandatario. Según Invamer, solo el 35 % aprueba la gestión del presidente y el 57 % la rechaza. En ocho meses, la aprobación de Petro ha caído 21 puntos porcentuales y la desaprobación ha subido 37 puntos porcentuales. La prueba de fuego serán las elecciones de alcaldes y gobernadores en octubre.Si el respaldo al presidente y su gobierno sigue cayendo, la votación será un plebiscito a la gestión de Petro, que puede dejarlo muy debilitado y poner en aprietos su gobernabilidad.
El presidente Gustavo Petro tomó la decisión de mover a varios de sus ministros.- Foto:león darío peláez-semana
¿A qué le apuesta?
La gran pregunta hoy es para dónde va el presidente, quien tiene dos opciones por delante. La primera es buscar el consenso con los partidos, recomponer la coalición y sacar adelante unas reformas más moderadas que construyan sobre lo construido y ayuden a resolver problemas sensibles para los colombianos, en vez de agravarlos. En medio de la inseguridad, que se ha recrudecido, el presidente tiene grandes retos con su iniciativa de la paz total, con la que también ha causado tanta controversia. El consenso es la palabra clave para que sus propuestas sean una realidad.Petro también puede aprovechar el innegable buen momento por el que atraviesa su relación con Estados Unidos, el principal aliado del país.El presidente Joe Biden no solo tiene simpatía por el mandatario colombiano, sino que se ve tolerante frente a los debates que plantea, como los cambios en la lucha antidrogas.
Si Petro apela a la sensatez, podrá alejar las grandes preocupaciones del Departamento de Justicia y agencias federales como la DEA y el FBI frente al trato que se les daría a los capos del narcotráfico y, en especial, a la extradición.
Dilian Francisca Toro, directora del Partido de la U.- Foto:GUILLERMO TORRES REINA-semana
El segundo camino de Petro es preocupante y puede poner en riesgo la democracia. El país estaría frente a un presidente que, ante el fracaso, podría optar por una vía autoritaria y gobernar mediante decretos, dejándose arrastrar por voces de una izquierda radical que promueven una riesgosa constituyente, que, sin duda, sería un salto al vacío y reviviría el traumático fantasma de la reelección.Las palabras del expresidente Gaviria podrían convertirse, entonces, en premonitorias: “A (Petro) le va a dar trabajo entregar el poder, me da temor”.En este oscuro escenario, Petro apostaría por las calles como su tabla de salvación con el fin de presionar al Congreso y a las instituciones en un ambiente de caos y anarquía. El mandatario es un buen orador, así lo demostró en la campaña y cuando fue congresista. La protesta es su hábitat natural y es claro que lo seduce. Pero el presidente sabe que violentar la democracia lo puede llevar a una confrontación con todos los poderes públicos, al igual que con las altas cortes.De hecho, la Corte Constitucional ya le mostró los dientes al anunciar que podrá tumbar, de manera preventiva, cualquier ley que apruebe el Congreso y que se considere lesiva para el interés general.
El expresidente César Gaviria, líder del Partido Liberal, ha tenido diferencias con Petro.- Foto:JUAN CARLOS SIERRA PARDO-semana
Por su parte, la Corte Suprema toma nota cada minuto. En febrero termina el periodo del fiscal Francisco Barbosa y los magistrados tendrán que elegir su reemplazo a partir de una terna enviada por la Casa de Nariño.Varios han hecho saber que la elección ocurrirá siempre y cuando la terna sea confiable, segura y sensata para el país y la justicia. Si no es así, dicho proceso podría tardar meses y la Fiscalía podría quedar en interinidad.
De cara al mediano plazo, algo que inquieta a los colombianos es saber para dónde va el Gobierno en materia de seguridad.Pese a que se hablaba de un cambio en la cartera de Defensa, esto no ocurrió, con lo cual queda claro que el presidente está satisfecho con la gestión del ministro Iván Velásquez. En esa área, el primer mandatario debe entender que su política de seguridad estará a prueba, ya que debe sofocar la creciente violencia que azota a las regiones.Está por verse si el cese al fuego es efectivo y logra pacificar el país, teniendo en cuenta que organizaciones sociales han denunciado 219 violaciones a lo acordado entre el Gobierno y distintas estructuras criminales.
Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador.- Foto:GUILLERMO TORRES REINA-semana
En este complejo ajedrez están los accidentados diálogos con el ELN, que pronto tendrán que empezar a mostrar resultados.En caso de que no ocurra, el presidente perderá la confianza de la opinión en esa apuesta.Las conversaciones con Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, que se inician el 16 de mayo, también se convierten en una papa caliente para el Gobierno. O negocian y se desmovilizan rápidamente, o esos diálogos serán al final un bumerán contra el presidente Petro. Los colombianos no quieren otro Caguán. Mientras tanto, es incierto en qué terminará el plan de dialogar con Iván Márquez y la Segunda Marquetalia, pues no es claro aún si los reincidentes de los diálogos de La Habana pueden tener otra oportunidad para dialogar con el Gobierno o si, por el contrario, la única alternativa que les queda es el sometimiento a la justicia.En la incertidumbre también está lo que ocurrirá con el Clan del Golfo, grupo criminal con el que ya hubo un serio tropiezo cuando el presidente rompió el cese al fuego por el paro armado en el Bajo Cauca.
Yesenia Olaya es la nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación.- Foto:MIN CIENCIA
La cereza del pastel es lo que el Gobierno ha pretendido hacer con la ley de sometimiento de narcos. Esta sigue siendo tan laxa que tampoco tiene mucho futuro en el Congreso.Por lo menos, mientras el fiscal Barbosa esté en el cargo, es evidente que su tránsito será casi imposible, ya que Barbosa ha llegado a decir que el Gobierno Petro quiere “legalizar toda la cadena del narcotráfico”.
El futuro de la fuerza pública también está en juego tras la barrida de más de 60 generales, el ruido sobre una baja de la moral en las tropas y los constantes señalamientos por la disminución en la operatividad. Petro está empeñado en la interdicción y ha dejado en un segundo plano la erradicación de la coca, por lo que se espera que el país muy pronto llegue a la cifra de 300.000 hectáreas sembradas o más, algo impensable.Esto se convierte en un arma de doble filo para el presidente, pues a más cocaína, más combustible para la violencia en el país.
Mauricio Lizcano será el nuevo ministro de las TIC.- Foto:GUILLERMO TORRES REINA-semana
Si bien Petro quiere posicionarse como un líder regional, tendrá que ser muy cauteloso y saber cuáles son los límites.De lo contrario, podría caer en la crisis de legitimidad que están viviendo algunos de sus colegas, como Gabriel Boric en Chile, cuya desaprobación es de más del 60 %; Pedro Castillo en Perú, quien lo perdió todo y está preso; Alberto Fernández en Argentina, hundido en la quiebra; o Nicolás Maduro, que terminó por destruir a Venezuela. Aunque la comunidad internacional trata de buscar soluciones democráticas en este último país, lo cierto es que el líder del régimen no debe vivir tranquilo. Una corte federal en Estados Unidos lo busca por narcotráfico y ofrece más de 15 millones de dólares por su captura.Entretanto, avanzan las investigaciones en su contra en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad.
Del camino que tome el presidente Petro en este temprano segundo tiempo de su Gobierno dependerá la suerte y el futuro de la nación.Por eso, el mandatario deberá pensar primero en el país más que en sí mismo. Una Colombia caótica no le sirve a él ni a nadie.
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Actividad: cuales son los pro y contra de la reforma a la salud . prepárate para el debate.
¿Cómo se embolata una reforma a la salud entre tantos intereses?
Para que la reforma de Carolina Corcho prospere, deberá poner de acuerdo a una gran cantidad de agentes del sistema, algo que no lograron los anteriores ministros de Salud. EPS, hospitales, pacientes, diversos gremios médicos, universidades, industrias farmacéuticas y empresarios son algunos de los actores que buscan defender sus intereses. Este es un esquema para ayudar a entender esa complejidad.
Alejandro Gaviria, que acaba de dejar su cargo como ministro de Educación, tiene una buena frase para resumir lo difícil que es sacar adelante reformas que busquen darle un giro al sistema de salud: “Todo el mundo quiere hacer una reforma a la salud hasta que alguien se atreve a hacerla”.
Gaviria, que por seis años estuvo en el puesto que hoy ocupa Carolina Corcho, sabe bien de qué habla. En 2013 intentó sacar adelante una reforma en el Congreso para modificar varios eslabones del sistema, pero se encontró con una gran cortapisa. Algunas de sus propuestas no gustaron a un sector del gremio médico, que optó por protestar en las calles. Las facultades de Medicina tampoco vieron con buenos ojos ciertos cambios que quería hacer el Minsalud (permitir que los hospitales no universitarios ofrecieran posgrados, ante la escasez de cupos para especializarse) y se opusieron con vehemencia. Al final, ese proyecto terminó hundiéndose en el Congreso, tras meses de discusiones y ruido.
Cuando conversamos por teléfono con Gaviria, hace un par de semanas, nos explicaba la razón de ese fracaso: “Como es un sistema con muchos agentes, todos quieren un pedazo de tierra. Hay intereses muy distintos. Yo fracasé esa vez por no estudiar mejor la economía política. Nos dimos cuenta de que, al final, era mejor avanzar con reformitas”.
La mejor manera de entender esa frase es darle una mirada al extenso gráfico que está al final de este texto. A diferencia de otros sectores, la salud es una enorme red tejida por muchísimos actores que, además de intereses, tienen visiones muy diferentes de lo que hay que ajustar en el sistema. Para poner un ejemplo, es muy diferente hablar de la asociación que agremia a los hospitales públicos (ACESI), que respalda la reforma de Carolina Corcho, que de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), que apoya ciertos puntos, pero tiene algunos reparos.
Tampoco es lo mismo hablar de la Federación Médica Colombiana, de donde viene Corcho, que de la Academia Nacional de Medicina que, junto a otros grupos, manifestó su descontento con diversos cambios que propone la reforma. La historia se repite en el gremio farmacéutico (no se puede meter en una misma bolsa a las multinacionales y a los laboratorios nacionales) y en las asociaciones de pacientes.
Por eso, no siempre ha salido bien el ejercicio de ajustar varias tuercas del sistema de salud al mismo tiempo. Como dice Fernando Ruiz, exministro de Salud, “hay muchos intereses; de todo. Económicos también, claro. Pero, además, el sistema tiene una institucionalidad muy grande y es el único que cubre a toda la población. No es lo mismo hacer una reforma a la educación, que afecta a un grupo específico como los universitarios, que transformar un sistema en el que hay 51 millones de colombianos”.
Ruiz también cree que en 2013, cuando era viceministro de Salud, cometieron errores de cálculo político. Para él, esa era una buena reforma, pero tocaron temas de no debían. Uno fue la educación médica, que condujo a las calles a los grupos de residentes —encabezados por Carolina Corcho—. El otro, recuerda, fue intentar reducir la famosa integración vertical, que despertó el disgusto de las EPS y “empezaron a hacer mucho ruido. Esos puntos nos costaron, en gran parte, el hundimiento del proyecto de ley”.
Eso no quiere decir que por el Congreso no hayan pasado, con éxito, reformas a la salud. Ajustes quirúrgicos, los llama Ruiz, que no despiertan tanta controversia, como el de Gaviria en 2013 o el que apoyó el mismo Ruiz como ministro en 2021, presentado por Cambio Radical y sepultado en medio del paro nacional. De hecho, desde el gobierno de Santos (2010), se han aprobado, al menos, 11 leyes que lograron cambios específicos, pero trascendentales (como la Ley 1753 de 2015, que creó la ADRES, el “banco de la salud”).
Lo que sucede es que reformular el sistema tiene otro precio. Parafraseando al profesor de la U. Javeriana Jaime Ramírez Moreno, Ph. D. en Economía y estudioso de la regulación en este sector, los partidos políticos entran a jugar para defender los intereses que han construido durante los últimos 30 años, desde que nació la Ley 100. “Ahí empiezan las negociaciones con los gremios y las concesiones; y ahí las leyes se enredan”. Para decirlo en palabras de alguien muy cercano al gremio de las EPS, “en salud se sabe qué entra al Congreso, pero no qué sale”.
Tal vez una anécdota ayude a dimensionar ese juego. En una de las reformas que quiso sacar adelante Gaviria como ministro de Salud, recuerda una de las personas de su equipo, un día recibieron 250 proposiciones de un congresista del partido de la oposición que debían resolver para avanzar con la discusión. “¿Usted sabe qué son 250 proposiciones? No me quiero imaginar las que deberán resolver las del equipo del actual ministerio de Salud”, anota.
Otro ejemplo es el de 2011, cuando estaban a punto de aprobar la Ley 1438 (que hizo importantes cambios a La ley 100). A último minuto llegó un congresista del Partido Liberal con una proposición firmada por muchas personas en la que prohibía la popular “integración vertical”. A Mauricio Santamaría, entonces ministro de Protección Social, le tocó sentarse a conciliar para no echar al traste todo el trabajo previo de varias semanas, de acuerdos y conciliaciones.
“Toca estar con los ojos muy abiertos para que no se cuelen artículos que promuevan incentivos a determinados actores”, apunta el exministro Ruiz.
Todas esas proposiciones no vienen propiamente de los congresistas, que, como afirman varias personas con quienes hablamos, saben muy poco del sistema de salud (a excepción de casos como el de Norma Hurtado, de la U). Las sugerencias vienen de diferentes sectores. El sector hospitalario, por ejemplo, ha sido más cercano a los liberales; y las EPS, a los conservadores y al Centro Democrático, dicen un par de dirigentes gremiales.
“Tanto las EPS como los hospitales y la industria farmacéutica hacen un lobby muy intenso, que la gente no alcanza a percibir. Hasta los gobernadores están en la jugada, porque también reciben buenos recursos de la salud”, indica uno de los exintegrantes del equipo de Gaviria. “Por eso”, cuenta otro líder gremial, “es que ahora tenemos varios proyectos de ley que tendrán que ser discutidos y van a ayudar a perfeccionar el de Carolina Corcho o terminarán convirtiéndolo en un verdadero Frankenstein”.
La gran pregunta que se hacen todos es si, en medio del nerviosismo que ha generado la actual reforma, esta vez quienes representan esos intereses son capaces de convencer bancadas, en un Congreso con varias caras nuevas que no tienen mucha claridad sobre lo que está en juego al cambiar el sistema.
Hay otra dudas en el aire: ¿Prosperará en medio de la discusión de las otras leyes que también son prioritarias para Petro, como el Plan Nacional de Desarrollo o la reforma pensional?, ¿optarán los senadores y representantes por defender los intereses de algunos actores u optarán por sumarse a la coalición del Gobierno?
Una vez realices la lectura del documento y del enlace del video en un texto de 2 páginas realiza un artículo de opinión sobre este tema. Texto tomado de Revista semana edición 12-02-2023 .
12-02-2023
Gas
Así es el negociazo de Venezuela para exportar gas a Colombia
Periodistas venezolanos revelaron cómo en una carrera contra reloj y frente al triunfo de Gustavo Petro a la presidencia, empresarios adquirieron la compañía que sería favorecida por Pdvsa y Tareck El Aissami para exportar el gas venezolano.
si bien el gobierno nacional negó la llegada de Prodata Energy en su momento, un nuevo reportaje deja claro que no es del todo es cierto.- Foto: Fotos Semana y Getty Images.
A finales de noviembre de 2022, Colombia amaneció con la noticia de que, contrario a lo que se esperaba, Venezuela habría autorizado a una empresa privada a exportar gas natural a Colombia por primera vez en toda la historia. Se trata de Prodata Energy, compañía que opera en Caracas, la cual recibió la autorización para hacer envíos a través de un gasoducto inactivo de 224 kilómetros que van desde la región occidental de ese país hacia el nororiente de Colombia.
De acuerdo con un convenio que fue firmado en julio y dado a conocer por Bloomberg, Prodata hará la entrega de 25 millones de pies cúbicos de gas por día a través de Energy Transitions SAS ESP, distribuidor colombiano.
Prodata hará la entrega de 25 millones de pies cúbicos de gas por día a través de Energy Transitions SAS ESP, distribuidor colombiano.- Foto: Getty Images/iStockphoto.
Esto dejó fríos a muchos inversionistas, puesto que desde el principio se dijo que cualquier operación de este estilo sería únicamente con Ecopetrol o la Transportadora de Gas Internacional (TGI). Incluso el mismo embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, salió a desmentir que Prodata Energy fuera a recibir dichos contratos, aclarando que todo se manejaría por medio de la petrolera estatal y dejando por fuera la posibilidad de que este negocio caiga en manos de privados.
Los últimos datos del sector gasífero y que fueron revelados por la ANH, indican que la producción promedio de gas comercializado fue de 1.087,29 millones de pies cúbicos por día (mpcd) en agosto de 2022, lo que representó una disminución de 2,97 % con respecto al mes anterior, cuando alcanzó los 1.120,61 mpcd. Esta disminución se presentó por la caída del promedio de producción del campo Cupiagua Liria y por fallas eléctricas en el campo Clarinete.
Prodata Energy sí se quedará con este negocio y que además se viene desarrollando desde hace varios meses, incluso desde que el presidente Gustavo Petro estaba en campaña.- Foto: Getty Images/iStockphoto
“El acercamiento político entre Caracas y Bogotá reactiva el gasoducto que conecta a ambas naciones. Pero su trayecto de 224 kilómetros en línea recta se puede resumir en un rizo que ahora beneficia los negocios de Bernardo Arosio Hobaica y Jorge Jara Salas. En una carrera contra reloj y contra el calendario electoral que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, ambos empresarios se apresuraron a adquirir la compañía que sería favorecida por Pdvsa y Tareck El Aissami para exportar el gas venezolano, al tiempo que establecieron relaciones societarias con la compañía que lo va a recibir para distribuirlo en Colombia”, dice este reportaje.
Cronograma de cómo se concretó el negocio de Prodata Energy.- Foto: Imagen tomada de Armando.info
En este artículo, realizado por periodistas venezolanos, se muestra cómo los empresarios ya mencionados libraron una carrera contra el tiempo en la que, por ejemplo, se adquirió y se cambió el nombre Production Data Acquisition Wire Line, una prestadora de servicios petroleros fundada en 1971 en el estado Zulia, con el fin de poder ofrecer sus servicios a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y verse beneficiados con el contrato para la exportación de gas a Colombia.
“Los documentos obtenidos para este reportaje no solo comprueban que Arosio y Jara se convirtieron en flamantes propietarios de Prodata Energy, casi en simultáneo al ascenso de Gustavo Petro como presidente de Colombia y el anunciado restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen chavista. Revelan, además, que los mismos empresarios tienen presencia en su contraparte en la vertiente colombiana del negocio, ya que también tienen lazos societarios con Energy Transitions, la compañía colombiana que distribuirá el gas natural venezolano en Colombia”, agregaron.
Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela - Foto: afp
“El 5 de agosto de 2022, apenas un mes después de constituida y dos días antes de la proclamación de Gustavo Petro, Investment Holding Corp adquirió la totalidad de acciones de Prodata Energy, antigua Production Data Acquisition Wire Line. Ese traspaso de acciones fue el último paso de una transición que comenzó meses antes y se aceleró cuando ya el triunfo de Petro parecía inevitable”, sostiene este reportaje.
El presidente Gustavo Petro y su homólogo Nicolás Maduro se reunieron en Caracas.- Foto: Tomada del Twitter @NicolasMaduro
Otro punto que llama la atención en esta denuncia tiene que ver con que ni Arosio, ni Jara aparecen en la foto de adquisición, ya que estas negociaciones se realizaron por medio de terceros, quienes fungen como apoderados del holding de inversiones. Entre los personajes que se mencionan que cumplirían esta tarea está Roberto Villalba Rincón, un ingeniero que ocupó cargos estratégicos en Pdvsa hasta julio de 2021, para luego convertirse en directivo, primero y, después, presidente de Prodata Energy.
“Aunque dedicado al negocio de la construcción con ATB Constructores en el desarrollo de complejos turísticos en Los Roques o en San Isidro de Galipán, así como conjuntos residenciales y hoteleros en Caracas, Armando.Info reveló recientemente el vínculo de Arosio Hobaica con Walker International Dw-Llc, una intermediaria de Pdvsa en la comercialización del crudo venezolano en mercados internacionales”, indicó el periodista Roberto Deniz.
En su página web, la firma Energy Transitions se califica como “integradores de soluciones energéticas, como lo cita nuestro eslogan: Sostenibles, Confiables y Eficientes; con la visión de contribuir al proceso de ‘transición energética’ que se está dando en el país en años recientes para avanzar hacia una economía basada en energías más limpias, más confiables, sostenibles y tecnologías más eficientes”.
En su página web, la firma Energy Transitions se califica como “integradores de soluciones energéticas, como lo cita nuestro eslogan: Sostenibles, Confiables y Eficientes; con la visión de contribuir al proceso de ‘transición energética’".- Foto: AP
Esta firma radicada en Colombia ha logrado un posicionamiento importante en el sector en cada una de sus líneas de negocio, y se ha convertido en una empresa de gran proyección en el mercado energético de Colombia.
Bienvenidos a un nuevo año escolar , Éxitos.
una vez realices la lectura investiga sobre los nuevos partidos que tienen personería jurídica y además profundiza ¿Cuáles son los partidos políticos que estarán en las elecciones locales de este año , nombre de los fundadores y un poco sobre su filosofía. Realiza un esquema.
22-01-2023
¿Cuáles son los partidos políticos que estarán en las elecciones locales de este año y que no compitieron hace cuatro años?
Varias fuerzas políticas han obtenido sus personerías jurídicas en los últimos años y podrán avalar candidatos a las elecciones en las que se escogerán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Esta es la lista.
22/1/2023
Las elecciones regionales serán el próximo 29 de octubre y en ellas se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados a las asambleas departamentales.- Foto: Liliana Rincón Barajas
Al menos doce partidos y movimientos políticos con personería jurídica que no compitieron en las elecciones regionales del 2019 entrarán en la puja por el poder local en los comicios que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre.
Estas fuerzas políticas se sumarán a las colectividades tradicionales y que lograron elegir alcaldes, gobernadores, concejales y diputados en la pasada jornada electoral y que necesariamente tendrán que compartir su espacio en las regiones por cuenta de estos nuevos actores de la política.
Desde el 2019 hasta el momento, doce partidos y movimientos políticos lograron alcanzar o recuperar sus personerías jurídicas, es decir el reconocimiento legal que les permite, entre otros privilegios, avalar candidatos a las elecciones. Este beneficio también les permite tener financiación estatal y espacios en medios de comunicación, entre otros.
Dentro de los nuevos competidores estarán el Movimiento Dignidad, el cual salió de la escisión o división del Polo Democrático Alternativo y el sector que lideraba en esa colectividad el excongresista Jorge Enrique Robledo.
En septiembre de 2020 el exsenador y el partido comenzaron los diálogos para llegar a este paso y en octubre fue aprobado por la colectividad. El Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la resolución 1291 de 2021, avaló el procedimiento y determinó que ambas fuerzas políticas -el Polo y el Movimiento Dignidad- tuvieran personería jurídica.
El excandidato presidencial Sergio Fajardo y el excongresista Jorge Enrique Robledo con sus equipos de trabajo tratando de construir una alianza para las elecciones regionales de 2023.- Foto: Autor Anónimo
En las últimas semanas se ha conocido que Robledo está en conversaciones con el excandidato presidencial Sergio Fajardo y su movimiento Compromiso Ciudadano -que no tiene personería jurídica- para unirse y competir en las elecciones regionales del mes de octubre.
Otro partido que podrá avalar candidatos es Colombia Humana, el movimiento que creó el presidente Gustavo Petro y que hace parte del Pacto Histórico. En su caso, la personería jurídica fue una disposición de la Corte Constitucional luego de que Petro reclamara que fue segundo en las elecciones presidenciales de 2018, era senador y no tenía un partido con reconocimiento jurídico.
El Nuevo Liberalismo, el partido fundado por los asesinados Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, también será uno de los nuevos participantes en las elecciones locales. Desde hace varias semanas se viene preparando y alistando los requisitos que tendrán que cumplir quienes aspiren a ser candidatos a nombre de esta organización política.
El excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, del Movimiento de Salvación Nacional, y la exsecuestrada por las Farc Ingrid Betancourt, del Partido Verde Oxígeno.- Foto: SEMANA
Dos partidos que también estarán en la jornada electoral de octubre y que no estaban hace cuatro años son el Movimiento de Salvación Nacional, del excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, y el Partido Verde Oxígeno, de la exsecuestrada por las Farc Ingrid Betancourt.
Una de las estrategias que se conoce dentro del partido de Gómez Martínez serán los diálogos con los aspirantes a alcaldías y gobernaciones que busquen la recolección de firmas y que se identifiquen con los postulados de su movimiento, creado por el tío del excandidato presidencial, el asesinado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.
Por los lados de Verde Oxígeno no se conocen muchos movimientos por el momento y se esperan instrucciones de Betancourt para avanzar en este proceso.
De igual forma, el Partido Comunista Colombiana, aliando del Pacto Histórico y del Gobierno Petro, también podrá avalar candidatos a las elecciones de octubre, pero, al igual que Colombia Humana, se desconoce si irán solos o junto con la plataforma política que apoya al mandatario.
El partido de Rodolfo, la gran incógnita
Una de las principales incógnitas para los comicios locales es cómo se moverá la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido político del excandidato presidencial Rodolfo Hernández y cuyo nacimiento jurídico ha estado rodeado de polémicas y recursos en el Consejo Electoral.
Los dos partidos surgidos de las curules de los afros en la Cámara de Representantes también podrán avalar candidatos: el Partido Demócrata Colombiano y el Partido Ecologista Colombiano. En cuanto al primero, ya tiene en su página web el formulario para hacer el preregistro de aspirantes a las elecciones de octubre.
Y los últimos tres partidos políticos a los que se les reconoció personería jurídica tienen como cabezas visibles a tres políticos que, seguramente, seguirán dando de qué hablar en el panorama político: Fuerza de la Paz, Fuerza Ciudadana y En Marcha.
Fuerza de la Paz es una colectividad que nació de la escisión del Movimiento ADA y que está en cabeza del presidente del Congreso, Roy Barreras. Fuerza Ciudadana, entre tanto, fue inspirado por el actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Y En Marcha es un movimiento impulsado por el exministro y exprecandidato presidencial Juan Fernando Cristo.
Todavía falta por saber si las autoridades electorales les otorgarán personería jurídica a más partidos políticos antes de las elecciones de octubre, pero en la fila de los que la pidieron están movimientos inspirados en líderes como el expresidente Andrés Pastrana y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
18-09-2022
ACTIVIDAD :
Una vez realices la lectura, elabora un texto argumentativo mínimo de dos paginas donde explique la situación presentada en el texto, debes incluir las implicaciones de tipo económico y social que tiene la medida.
Costo De Vida
¿Apagar el incendio con gasolina? Un alza en el precio del combustible podría activar una bomba social
El Gobierno anunció el aumento en el precio de algunos combustibles para ajustar las cuentas fiscales. Con ello se impulsaría la inflación, y aunque es necesario iniciar esas alzas, preocupa que se active otra bomba social.
Para algunos analistas, parte del crecimiento de la economía de este año se dará por el subsidio a la gasolina. - Foto: getty image
El presidente Gustavo Petro sacó del congelador una de las más profundas polémicas en el país, el valor interno de la gasolina, y anunció el aumento en su precio. En el mundo, la inflación ha sido el dolor de cabeza, impulsada especialmente por los precios de los alimentos y los combustibles.
La subida en el valor del petróleo, originada por el fortalecimiento de la demanda y estimulada por la invasión de Rusia a Ucrania, se ha traducido en el aumento en el costo de los combustibles líquidos. Sin embargo, en Colombia, aunque la inflación está disparada, el valor de la gasolina no la ha impactado y, por el contrario, es de los más bajos de la región.
Esto se debe al papel del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que amortigua la volatilidad externa de valor del petróleo que, en esta ocasión, ha absorbido casi por completo el alza del crudo, cuyo precio en gran parte del año ha estado por encima de 100 dólares por barril.
En otras palabras, ese saldo a favor de los refinadores e importadores se constituye en una cuenta por pagar del Gobierno que, en últimas, funciona como un subsidio que naturalmente está a cargo de los contribuyentes”, dice Anif. Y es que, en efecto, el Fondo se ha convertido en una carga fiscal adicional que el Gobierno central ha asumido casi desde su puesta en marcha, agrega.
El presidente Gustavo Petro sacó del congelador una de las más profundas polémicas en el país, el valor interno de la gasolina, y anunció el aumento en su precio. - Foto: juan carlos sierra-semana
Exceptuando los años 2008, 2009 y 2020 (en medio de la pandemia), el Fepc ha sido deficitario en cada vigencia fiscal. De hecho, se calcula su déficit para final de este año en cerca de 33 billones de pesos. Una bomba fiscal. Es decir, Colombia –dice un análisis de la firma Alianza– decidió implementar una de las políticas más heterodoxas de su historia: el subsidio a la gasolina, justo cuando los combustibles líquidos y el petróleo registraron un choque alcista en precio no visto en 100 años.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo le respondió al presidente que, tanto en el proceso de empalme como en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, quedó claro que “pagamos 14,2 billones del déficit antes de salir y dejamos 28,5 billones presupuestados, así como otras fuentes de pago”.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señaló que a partir de octubre se iniciará el incremento en el precio de la gasolina y advirtió que será menor al que planteó el Gobierno anterior, que, para ese mes, era de 400 pesos.
Pero más allá de la polémica, la situación de los precios de la gasolina en el país es sensible. Por una parte, mientras la inflación crece, pero no por cuenta de los combustibles, sino por alimentos y servicios, el déficit del fondo se hace insostenible. Y, por otra, había un ingrediente social.
Luego de los paros y bloqueos del año pasado, en los que los protestantes argumentaron para su movilización la reforma tributaria presentada por el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, aumentar los precios de la gasolina podría ser –literalmente– el combustible para disparar de nuevo la tensión social, como sucedió en Ecuador recientemente.
Para Felipe Campos, gerente de Inversión e Investigaciones de Alianza Valores y Fiduciaria, nunca hay un momento ideal para aumentar el precio de la gasolina, pero cree que el más adecuado hubiera podido ser hace 12 meses. “¿Por qué el Gobierno pasado no lo subió? Por orden público”, responde.Pero a pesar de que los precios de la gasolina no han subido, la inflación en el país ha alcanzado máximos históricos en los últimos 22 años. Y con este incremento tendría una presión mayor que la mantendría alta unos meses más y demoraría en tocar su techo.
El precio del galón de gasolina en el país debería estar entre 16.000 y 18.000 pesos, sin la intervención del fondo. La diferencia entre el precio local y el externo es de 7.200 pesos por galón. Y eso llevaría a que la inflación, que en agosto fue de 10,8 por ciento anual, hubiera sido del 17 por ciento, según Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.
Y agrega que, en este contexto, “no es tan difícil explicar el buen crecimiento del país y al mismo tiempo entender por qué nuestro déficit fiscal se mantendría cerca al 7 por ciento (5,6 por ciento del Gobierno nacional central más 2,3 por ciento del Fepc) para 2022, mientras la región ya se encontraba en el 3,6 por ciento en promedio en 2021”.
En materia de inflación, el cálculo de Alianza es el siguiente: “De haber subido completamente los precios locales de la gasolina cuando a nivel internacional se encontraba en sus máximos –llegar a 16.434 pesos en mayo–, la inflación de aquel mes habría llegado a un rango de entre 12,4 y 14,2 por ciento. Esto asumiendo una sensibilidad de entre 45 puntos básicos (Alianza) y 65 puntos básicos (Ministerio de Hacienda) por cada 1.000 pesos de aumento en el precio del galón”, concluye.
A pesar de todas las cuentas, el consenso de varios analistas señala que es necesario subir el precio de la gasolina y eliminar el subsidio. El exministro de Hacienda Rudolf Hommes considera que el presidente tiene razón al señalar que si no se aumenta el precio de la gasolina no se va a resolver el problema fiscal. “Ahora que lo puso sobre la mesa, lo que hace falta decidir es cómo se va a hacer el ajuste. No es fácil, pero es urgente”, agregó.
Otros, sin embargo, más allá de considerar el aumento en los precios de la gasolina, advierten que es necesario replantear la fórmula con la que se llega al precio. Para Aurelio Suárez, columnista y analista, “los colombianos no tenemos por qué estarle pagando a Ecopetrol 70 o 75 dólares por barril dedicado a los combustibles nacionales, cuando les cuesta refinarlo incluso hasta 48 dólares. Es una injusticia que hay que corregir y no subirles la carestía a los hogares más pobres del país”. Algunos sectores ya se han manifestado contra el incremento en el precio de la gasolina. Los empresarios de transporte intermunicipal de pasajeros expresaron su preocupación, al igual que taxistas y motociclistas.
La jornada de marchas y manifestaciones programada para el 26 de septiembre será una prueba de fuego para el Gobierno frente a las iniciativas que está tomando –como la reforma tributaria o el aumento en el precio de la gasolina– o las complejidades de los incrementos en las tarifas de energía.
Luis Fernado Mejía, Director de Fedesarrollo, dice que no se puede subir rápidamente el precio de la gasolina para eliminar el problema fiscal porque podría generar un problema inflacionario. - Foto: juan carlos sierra-semana
¿Hasta dónde puede llegar el aumento? Para Campos, de Alianza, hay un factor que juega a favor en este momento: el precio del petróleo está cayendo gracias a la posible recesión global y eso significaría que el ajuste completo ya no llevaría el precio de la gasolina a un poco más de 16.000 pesos, sino que se acercaría a los 13.000.
“El mercado global nos acaba de dar una mano de casi 50 por ciento del ajuste, que significa un déficit menor en el fondo de estabilización por lo que queda del año”, dice el informe de Alianza.
Como advierte Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, no se puede subir rápidamente el precio de la gasolina para eliminar el problema fiscal porque podría generar un problema inflacionario “de marca mayor”.
La salida, dice, debe ser la gradualidad y pensar en el mediano plazo. “Hacer subidas escalonadas, pero graduales, para evitar un empeoramiento del problema inflacionario”, puntualiza. En octubre empezará el aumento de los precios de la gasolina y se podrá evidenciar con mayor claridad cuál es la senda que recorrerá el Gobierno.
Ingresa al enlace y redacta un documento donde expliques el conflicto . " cómo entender la crisis entre China y Estados Unidos" Éxitos. Investiga en otras fuentes .
24-07-2022
actividad:
realiza un paralelo entre el gobierno de Petro y el Boric
PETRO
BORIC
Análisis: ¿Petro y Boric podrán cimentar una nueva izquierda latinoamericana?
Sobre la ola de un malestar social profundo, Gabriel Boric y Gustavo Petro llegaron al poder en Chile y Colombia, respectivamente, con una propuesta de izquierda democrática. ¿Son tan similares?
Sobre la ola de las protestas sociales Gabriel Boric y Gustavo Petro llegaron al poder en Chile y Colombia respectivamente con una propuesta de izquierda democrática. Fotomotaje con fotos de Carlos Rosas-AFP y Óscar Pérez-El Espectador
Foto: Carlos Rosas - Agencia AFP
a crisis económica y social que dejó la pandemia, y se agravó con la guerra Rusia-Ucrania, que aún no termina, pareciera haber generado una pérdida de interés internacional sobre Latinoamérica, pero la realidad no es esa. En los últimos ocho meses, los cambios políticos en Chile y Colombia han captado el interés de gobiernos y partidos políticos de América y Europa.
Hasta hace dos años, pocos apostaban por transformaciones tan relevantes en estos dos países: criterios de gobierno, visión de Estado y prioridades democráticas, que implican redireccionamientos políticos, económicos y sociales, en medio de polarizaciones internas. Las razones ciudadanas que empujaron un viraje electoral de tal magnitud son comunes en los dos países: un profundo malestar social fundamentado en el aumento vergonzoso de la desigualdad, corrupción desmedida, privilegios indecentes, y la carencia universal de derechos sociales y económicos.
Colombia ha sido reconocida por sus gobiernos de derecha que desde hace décadas impusieron una agenda de seguridad, orden y economía para opacar las problemáticas sociales y la comprensión de las causas reales de la violencia persistente y que anestesiaron a la clase media del país bajo el criterio “si la economía funciona, todo funciona”. Esa misma clase media se unió a las clases populares para elegir por primera vez en la historia a un presidente de izquierda.
Chile ha vivido por años la incoherencia de ser identificado como el país “milagro económico” pero, a su interior, este milagro solo se materializa en un pequeño grupo de empresarios y dirigentes que se hacen cada vez más ricos, mientras la mayoría se mantiene en la pobreza o en injusticia social y económica. El país no ha podido pasar la página de la dictadura de Pinochet, porque subsiste en la Constitución vigente de 1980, en los privilegios exclusivos establecidos a perpetuidad a través de ella y en el establecimiento de una institucionalidad que no responde a las demandas nacionales por más desarrollo y derechos.
Esta situación ha generado un gran terremoto, pero esta vez electoral, poniendo en evidencia al mundo que el modelo chileno es hoy un instrumento de desigualdad, exclusión, privatización de los principales recursos naturales del país, comenzando por el agua y la riqueza minera, y de abuso de algunos dirigentes de los sectores productivos, en especial el financiero y el minero. Por tanto, el fundamento del cambio constitucional fue realizar un cambio de modelo de desarrollo, instaurando un Estado social de derecho; así, la función del Estado pasará de un papel subsidiario a uno activo, que debe responder por los derechos de todos los ciudadanos, y con este nuevo rol cambia también el rol de la sociedad.
Los chilenos y chilenas, contagiados del entusiasmo de los jóvenes que persistieron en sus protestas desde 2014, lograron lo impensable: aprobar una reforma a la Constitución de 1980 con el 80 % de la votación, elegir por voto popular a los miembros de la Convención Constituyente de Chile -la mayoría independientes, con paridad de género y representación de los pueblos originarios-, y por último elegir al presidente más joven de la historia del país austral, líder de las protestas de 2014 y de la izquierda: Gabriel Boric.
Gustavo Petro y Gabriel Boric tienen en común varios ideales y metas. Parece extraño, dadas sus diferencias en edades, estudios, experiencias de vida y elección de equipos de gobierno: los de Boric más jóvenes y los de Petro más experimentados. Sin embargo, son más los propósitos que los unen que sus diferencias.
1. Boric y Petro representan gobiernos de transición. Como tales, su misión es generar los redireccionamientos claves para iniciar una nueva era de desarrollo en sus países, lo que implica reformas tributarias, pensionales, cambios en la distribución de la riqueza y la tierra, acceso universal a los derechos sociales y ambientales, prepararse para la transición energética, mayores controles y estrategias frente a la corrupción nacional e internacional, la recuperación del control estratégico de bienes públicos y de la institucionalidad, así como una mayor inclusión poblacional y de igualdad de género.
2. Se enfrentan a una dura resistencia por parte de los grandes conglomerados económicos, dueños de privilegios que creían “a perpetuidad”, uno de los últimos rezagos del criollismo en estos países. Esta resistencia se canaliza a través de una extrema derecha organizada, con fuerte presencia institucional y medios de comunicación propios o a su servicio, que respaldan duras campañas de publicidad negra.
3. En cuanto a los aspectos constitucionales, Boric se encuentra en una coyuntura trascendental: lograr la aprobación del texto constitucional adelantado por la Convención Nacional Constituyente, que implica el establecimiento de los derechos sociales, cambios en la estructura del Estado, territorialidad, igualdad de género, la recuperación del agua como bien público y modificaciones sobre recursos naturales, entre otras materias. El reto para Petro es recuperar el respeto de la Constitución, que con los años ha tenido modificaciones que la han debilitado, así como bloqueos que no han permitido implementarla en su totalidad. A su vez, debe retomar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Ambos deberán tener más de una alternativa para superar las estrategias de resistencia a las que se enfrentarán.
4. A los dos les ha correspondido enfrentar la crisis económica y social más dura de lo que va de este siglo. El temor de los empresarios y los mercados internacionales fueron respondidos por Petro y Boric con la elección de ministros de Hacienda con hojas de vida intachables, miembros directivos de organismos internacionales de gran respeto y reconocimiento nacional e internacional, como son José Antonio Ocampo en Colombia y Mario Marcel en Chile, respectivamente. Hoy los responsabilizan del aumento desmedido del dólar y la inflación, que corresponde a una crisis mundial, sufrida con mayor dureza en los países de Europa y América.
Los atributos de gobierno de Gabriel Boric y Gustavo Petro son muy parecidos. La búsqueda de consensos y alianzas para gobernar; la decisión de hablar con claridad sobre sus posiciones éticas y apuestas de gobierno; la intención de encontrar fórmulas para calmar los ánimos y disminuir el miedo al cambio.
Si bien claramente se presentaron como candidatos de izquierda, hoy han comenzado a moverse hacia la centro-izquierda y es posible que continúen así, dadas sus elecciones de equipos y planteamientos principales. Son resilientes, persisten en sus luchas, incluso sabiendo que enfrentan fuertes obstáculos, porque están decididos a trascenderlos. El equipo Boric responde a ese sueño colectivo chileno y el equipo Petro, en formación, comienza a contagiarse de su energía y visión de liderazgo.
Actualmente, Chile y Colombia están en la mira, en el monitoreo de gobiernos y partidos de derecha e izquierda del mundo. Las actuaciones y diálogo de sus presidentes serán claves para conocer si se cambiarán las fórmulas de la integración latinoamericana o se fortalecerán las existentes. Los demás países del continente están pendientes de sus acciones y de saber si podrán generar una dinámica conjunta que represente a una nueva izquierda latinoamericana, distante de los gobiernos que la representan hoy.
Es este el gran desafío conjunto que trascenderá fronteras. De lograrse, habrá cambios en el pensamiento latinoamericano, en el discurso ideológico y muy posiblemente en el modelo de desarrollo.
* Analista, consultora y coach política. Abogada, MSc Estudios Políticos, doctoranda en Ciencias Políticas, de la administración y Relaciones Internacionales.
17-07-2022
Buenas noches les pido excusas por subir la actividad a esta hora pero he tenido fallas técnicas.
ACTIVIDAD: Responde la pregunta de la noticia . Puedes profundizar en otras fuentes. lo puedes redactar en 3 cuartillas . Éxitos.
Política
¿Es conveniente que Colombia renegocie su TLC con Estados Unidos?
El Pacto Histórico, partido del presidente electo Gustavo Petro, plantea una renegociación del TLC con ese país. Luis Fernando Velasco propuso un replanteamiento de las condiciones actuales, pero los conocedores de la relación bilateral resaltan los riesgos.
El Pacto Histórico plantea una renegociación del TLC con Estados Unidos. - Foto: alexandra ruiz poveda-semana
Por supuestas fallas en la negociación, la desventaja de varios sectores colombianos, el poco aprovechamiento de los beneficios comerciales y la falta de competitividad de las compañías locales, varios han propuesto renegociar el acuerdo con Estados Unidos. Luis Fernando Velasco, del Pacto Histórico, reveló que es un tema central del gobierno de Gustavo Petro en el marco de la agenda bilateral.
El senador, que seguramente hará parte del gobierno, mencionó el tema durante la reunión del equipo de Petro con funcionarios de la Casa Blanca. Al parecer, hubo disposición de los delegados estadounidenses de revisar el acuerdo junto con el gobierno entrante.
Sin embargo, muchos discuten sobre la pertinencia de la renegociación y los posibles riesgos, ya que existen beneficios para muchos. Cada año, cerca de 3.000 empresas exportan productos a Estados Unidos, los cuales se encuentran entre los 11.497 que pueden acceder al arancel cero.
María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, asegura que una revisión del acuerdo para resolver diferencias entre las partes es una posibilidad. Estas revisiones se deben llevar a cabo en la Comisión Administradora del TLC.
Según la directora de AmCham, en esta instancia “se pueden buscar acciones encaminadas a mejorar las cláusulas dinámicas del acuerdo como la reducción de aranceles, cambiar las reglas de origen, cambiar el anexo de contratación pública y puede emitir interpretaciones sobre el acuerdo, entre otras”.
En cuanto a tiempos, montos y porcentajes para subir aranceles, no se pueden hacer modificaciones, afirma la directora.
La renegociación entraría a colación si estas diferencias no se pueden solucionar en la revisión: “Una renegociación es viable y hay que tener en cuenta en una negociación el principio de reciprocidad”.
No obstante, según Lacouture, existen riesgos. “Abrir esa puerta puede ser muy arriesgado. El TLC con Estados Unidos es hoy en día uno de los más generosos en oportunidades para las empresas colombianas”.
“La discusión pública debe incluir cómo podemos aprovechar más el TLC, cómo se pueden agilizar los procesos de homologación, cómo se logra tener mayor cooperación para tecnificar y generar mayor competitividad a las empresas colombianas y allí hay muchas oportunidades que se pueden trabajar”, dijo Lacouture, poniendo como ejemplo alianzas público privadas para impulsar la empresa nacional.
Por su parte, Javier Diaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), resalta esos riesgos que podría traer una renegociación del acuerdo.
“Deberíamos revisar algunos aspectos a través de la Comisión Administradora del acuerdo. Creo que Colombia tiene una serie de ventajas, por ejemplo, la posibilidad de tener ingreso con 0 % de arancel al mercado de los Estados Unidos con un agregado nacional del 35 %”.
Resaltó, además, que países como México, al renegociar, tuvieron que sacrificar beneficios como este.
Las empresas más vulnerables quieren revisión
Las empresas colombianas quieren acceder a estos beneficios que trae el corredor comercial entre Colombia y Estados Unidos. Acopi, que representa las micro, pequeñas y medianas empresas del país, resalta la importancia de la revisión de los tratados. Junto a este pedido, también recomiendan que se ayude a que las compañías nacionales tengan lo necesario para poder hacer parte del acuerdo.
“No solamente con Estados Unidos, sino todos los tratados que no hemos aprovechado. Toda revisión es buena, siempre será buena cuando hemos firmado tratados con países muy desarrollados”, dijo Rosmery Quintero, presidenta de Acopi.
Según Quintero, en Colombia existen debilidades que hacen que sus facultades “no alcancen los niveles para aprovechar al máximo”.
“No solamente es pensar en sistema arancelario, también tenemos, como país, que fortalecer todo el sistema de certificaciones para superar los obstáculos técnicos al comercio, que quizás son de las mayores dificultades para poder aprovechar esos tratados”, agregó.
1. Realiza una infografía con las cinco cosas en el mundo que la guerra en Ucrania cambió y sus repercusiones en Colombia.
Este es un ejemplo de una infografía.
Cinco cosas en el mundo que la guerra en Ucrania cambió
Rusia invadió Ucrania hace 100 días. La primera invasión territorial de un Estado soberano en Europa en 80 años ha dejado su huella, con algunos impactos que se siguen sintiendo en todo el planeta.
Cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, estalló la primera guerra de agresión a gran escala en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Inimaginable para muchos, la guerra también ha traído consigo impactos inesperados, que han repercutido en todo el mundo.
He aquí cinco formas en que la guerra ha cambiado el mundo:
1. Masiva ola de refugiados
Desde la invasión rusa, unos 6,8 millones de ucranianos han huido de su país, junto con al menos otros 7,7 millones de desplazados internos. Tras huir inicialmente a los países vecinos, al menos 3 millones continuaron su viaje, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Además de Polonia, Alemania y la República Checa acogen actualmente el mayor número de refugiados ucranianos, con unos 727.000 y 348.000 respectivamente.
La afluencia de refugiados ucranianos a la Unión Europea ha galvanizado el apoyo a los mismos, al tiempo que ha puesto a prueba los sistemas de acogida. Los refugiados que se instalan en un nuevo país suelen depender de la red de seguridad social de ese país, al menos durante algún tiempo.
2. Crisis alimentaria en ciernes
Ucrania es uno de los mayores “graneros” del mundo. El país europeo produce alrededor de la mitad del aceite de girasol, el 15% del maíz y el 10% del trigo del mundo. El conflicto ha cortado estas exportaciones, y Rusia sigue bloqueando el grano en los puertos ucranianos del Mar Negro.
n mayo pasado, la ONU advirtió que los niveles de hambre en todo el mundo han alcanzado “un nuevo máximo”, y añadió que decenas de millones de personas podrían enfrentarse a una hambruna prolongada debido a la guerra. En mayo, unos 23 países habían impuesto restricciones a la exportación de alimentos, lo que indica que la seguridad alimentaria está disminuyendo.
3. Amenaza a la seguridad energética
Hasta la guerra, Rusia había sido una importante fuente de energía para el resto de Europa. Rusia es el mayor exportador de gas natural del mundo, el segundo proveedor de petróleo crudo y el tercer exportador de carbón. Tres cuartas partes de su gas y casi la mitad de su crudo se destinan a Europa. En 2020, el petróleo, el gas y el carbón rusos representaban una cuarta parte del consumo energético de la Unión Europea.
Pero después de que Rusia invadiera Ucrania, la UE ha buscado poner fin a su dependencia de la energía rusa. “Sencillamente, no podemos confiar en un proveedor que nos amenaza”, dijo en marzo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ya en marzo, la Comisión expuso su intención de que la UE se desprenda completamente de los combustibles fósiles rusos para 2030, así como sus planes de reducir drásticamente el uso del gas ruso en dos terceras partes para finales de 2022.
La crisis tanto de alimentos como de energía ha supuesto un gran cambio en la vida de muchas personas desde que Rusia inició la guerra contra Ucrania: los precios subieron. Cuando hay menos cantidad de algo, su valor aumenta, y cuando los alimentos y el combustible se encarecen, también lo hacen muchos de los otros productos y bienes de consumo.
Los precios de los alimentos, en particular, se han disparado. El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que mide la variación mensual de los precios de una cesta de productos alimentarios básicos, alcanzó un máximo histórico en marzo de este año. La inflación, es decir, la disminución del poder adquisitivo ocasionada por la subida de los precios, es una medida clave que afecta a todos los aspectos de la economía.
La tasa inflacionaria se duplicó en todo el mundo este año, desde marzo de 2021, según la Organización Internacional del Trabajo. En la eurozona, la inflación alcanzó el 8,1% el mes pasado, un récord. Sin embargo, se prevé que la inflación afecte aún más a los países de menores ingresos. Mientras que una reciente perspectiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectaba una inflación del 5,7% para los países industrializados, esa cifra para los países en desarrollo es del 8,7%. Por si el aumento de los costos no fuera suficiente, los expertos prevén que los precios podrían seguir siendo elevados durante los próximos años.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, y reúne a Estados Unidos, Canadá, y a 10 países europeos. Hija de la Guerra Fría, se convirtió en una especie de paraguas para la democracia y el libre mercado en Europa, con una importante expansión hacia el este en 2004.
La clave de la OTAN es el artículo 5 , que establece un principio de defensa colectiva: si un miembro es atacado, eso se considerará un ataque a todos, y cada miembro deberá tomar represalias militares. Si bien el perfil de la OTAN había bajado hasta el punto de que el presidente francés Emmanuel Macron consideró en 2019 que sufría de “muerte cerebral”, la guerra en Ucrania está haciendo que la alianza militar más poderosa del mundo pase al centro del escenario. Debido en gran parte a los temores sobre el proyecto imperialista de Putin para Rusia, Finlandia y Suecia, países tradicionalmente neutrales, solicitaron oficialmente unirse a la alianza.
as casas destruidas se ven después del bombardeo ruso en Soledar, región de Donetsk, Ucrania, el martes 24 de mayo de 2022. - Foto: AP
Vladimir Putin considera que la OTAN es una amenaza para Rusia y ha advertido en repetidas ocasiones de las consecuencias si esta permite la adhesión de Ucrania. Los críticos de la alianza dicen que su expansión hacia el este equivale a una provocación. La OTAN ha estado suministrando armas y equipos a Ucrania, aunque ha denegado la petición del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de imponer una zona de exclusión aérea sobre el país. Por el momento, la OTAN continúa con su delicado acto de equilibrio para no desencadenar una Tercera Guerra Mundial.
Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania es de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.
22-05-2022
1. Realiza un relato breve sobre 1 de los conflictos que menciona el texto. ten en cuenta (antecedentes, desarrollo, conflicto actualmente, países involucrados , intereses en fin ...)
Las guerras de las que (también) hay que hablar, además de Ucrania.
La guerra en Ucrania ha sido devastadora; sin embargo, Siria, Yemen y Etiopía, entre otros países, siguen asolados por la violencia y las crisis humanitarias.
Yemen, en donde hutíes y el gobierno reconocido internacionalmente se enfrentan desde 2015, tiene cuatro millones de desplazados internos. / AFP
Foto: KHALED ZIAD
Bastó con que la guerra tocara las puertas de Europa, como no lo hacía desde mediados del siglo pasado, para que muchas personas se familiarizaran con el horror que implica una ofensiva sostenida en el tiempo, una que cobrara miles de vidas, el hogar y la tranquilidad de millones. Ucrania puso esto sobre la mesa, de nuevo, para gran parte de Occidente, mientras en el mundo persistían (y persisten) decenas de conflictos, como la guerra civil en Siria (que completó 11 años), en Yemen (que lleva siete) o en Tigray, en Etiopía (que va para los dos años).
La guerra en Ucrania ha sido devastadora: más de 3.000 civiles han muerto (según cifras de Naciones Unidas), ocho millones de personas han sido desplazadas internamente y cerca de cuatro millones han huido a otros países en busca de refugio. Todo en cuestión de semanas. Sin embargo, el conflicto palestino-israelí o la crisis en Afganistán son dos de los sucesos globales que apenas logran figurar también en la agenda occidental y de los medios de comunicación. ¿Por qué?
“Esto demuestra que la agenda del mundo, en prioridades por conflictos, la determinan Estados Unidos y Europa Occidental. Cuando Estados Unidos quiere ubicar a Oriente Medio, el norte de África o Asia Central lo puede hacer fácilmente, como lo hizo con Afganistán o Irak. Ahora, Europa siente que el centro de la conflictividad es Ucrania, y eso ha hecho que el resto del mundo siga ese parámetro”, opina Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario.
El académico señala que han sido entidades como Naciones Unidas y ONG las que han sido persistentes y coherentes en sus llamados a no perder de vista otros conflictos. “En plena pandemia, cuando nadie hablaba del tema de Tigray, António Guterres (secretario general de la ONU) decía ‘esto es una catástrofe’, mientras que Human Rights Watch y Amnistía Internacional hablaron de limpieza étnica”. Se refiere al conflicto que estalló en la región norteña de Etiopía, entre el gobierno de ese país y el Frente Popular de Liberación Tigray (FPLT), el 4 de noviembre de 2020, tras una escalada de las tensiones políticas durante los meses anteriores y en represalia por un ataque contra una base militar federal.
Investigadores de Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), que no dejaron de advertir que por parte de todos los actores involucrados han provenido abusos, concluyeron que en Tigray occidental transcurre una operación sistemática de limpieza étnica. “No son solo crímenes de guerra, sino crímenes contra la humanidad, los más graves, según la legislación internacional. Es otro nivel”, afirmó Jean-Baptiste Gallopin, investigador de Amnistía Internacional, citado por El País.
De acuerdo con el informe de ese medio, la investigación apuntó directamente a las fuerzas especiales de la región de Amhara como responsables “y a los milicianos de Fano, un grupo político-militar originario de la misma región. Pero su estrategia de terror, especifica el estudio, ha contado ‘con la aquiescencia y posible participación del ejército etíope’”. La interrupción de las comunicaciones y de servicios públicos básicos, el veto a organizaciones como Amnistía Internacional y HRW, desplazamiento forzado, masacres y violencia sexual han estado a la orden del día.
Naciones Unidas, asimismo, no ha dejado de llamar la atención sobre la guerra en Yemen, que calificó como la peor crisis humanitaria del mundo, o sobre las consecuencias que las sanciones económicas contra Rusia y la guerra en general tienen en el hambre en África y Oriente Medio. Esto, además, demuestra que la globalización es “asimétrica”, en palabras de Jaramillo (no todos sufren por igual las consecuencias, principalmente las económicas). “La agencia de la ONU para los refugiados palestinos no ha dejado de advertir del riesgo que comportan las expulsiones (de palestinos) cerca de Jerusalén”, agrega el experto
Gallopin le dijo a El País que confía en que la solidaridad global que despertó el horror en Bucha, la ciudad ucraniana que fue escenario de crímenes de guerra que están siendo investigados, y en otras ciudades ucranianas, se contagie respecto a conflictos como el de Tigray. Pero al igual Laetitia Bader, directora de Human Rights Watch en el Cuerno de África, quien, según la publicación del medio español, se mostró escéptica, Mauricio Jaramillo opinó: “La guerra en Ucrania aceleró una tendencia de sobrerrepresentación de lo que pasa en Europa y Estados Unidos, y en eso los medios tienen una responsabilidad enorme”.
Concluyó, por ejemplo, que ni Estados Unidos ni países europeos condenarán a Arabia Saudita por su papel en la guerra en Yemen o a Israel por el asesinato de la periodista Shireen Abu Akleh (en el que Israel niega su responsabilidad). “No hay tampoco un solo editorial de un medio colombiano sobre el tema de libertad de prensa a propósito de eso (…) Vemos que lo que pasa en esa periferia seguirá estando subrepresentado, salvo por la labor de las ONG o por coyunturas que sean muy polémicas, como la de Abu Akleh. De lo contrario, no hay razones para pensar que la guerra vaya a despertar a la gente”.
14-05-2022
El tema que vamos a trabajar es el fenómeno del paramilitarismo. ingresa al enlace y observa el video luego responde
1. Enuncie las principales formas de lucha paramilitar
2. cómo se desarrolló.
8-05-2022
1. Busca información sobre el prontuario de "Otoniel", De qué se le acusa , quien tomará las riendas de la estructura sucesora del paramilitarismo?.
2. justifica por que es tan difícil desarticular estas bandas ? Justifica mínimo 1 pagina.
3. Ubica en un mapa de Colombia donde operan estas economías ilícitas? la estrategia de persecución está bien orientada o consideras que se debe hacer de otra forma? justifica mínimo 1 pagina.
El dominio del Clan del Golfo, a pesar de la extradición de “Otoniel”
Expertos cuestionan la política de perseguir a las cabezas de los grupos criminales, pues son fácilmente reemplazadas. Así estaría ocurriendo con el Clan del Golfo, aunque las autoridades dicen que los han atacado por todos los frentes.
La cúpula de la justicia de EE. UU. sostuvo una rueda de prensa el jueves para explicar la importancia para ellos del caso “Otoniel”. / AFP. Foto: KENA BETANCUR
El 90 % de toda la cocaína en Estados Unidos proviene de Colombia”, aseguró el jueves pasado la directora de la DEA, Anne Milgram, desde Nueva York. Lo dijo rodeada de los pesos pesados, como ella, de la justicia de ese país, en una declaración después de la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. Añadió que el Clan del Golfo, dirigido por Otoniel, “es el cartel de drogas más grande que opera en Colombia”, pero reconoció que, aun habiendo capturado a su máximo líder, su trabajo debe continuar para hablar de un desmantelamiento de la organización. Mientras tanto, en diversas regiones se comienzan a sentir coletazos del envío del capo a ese país de Norteamérica.
La captura de Otoniel, en octubre de 2021, fue presentada como el comienzo del fin de la organización criminal que comandaba. “Con este golpe se marca el final del Clan del Golfo”, fueron las palabras del presidente Iván Duque. Pero siete meses más tarde, ese mismo grupo armado está en capacidad de imponer un paro armado en al menos seis departamentos del país”, comentó Juan Pappier, investigador de la ONG Human Rights Watch. Y explicó: “Esta es una demostración de que el Gobierno colombiano tiene una política de seguridad que parte de un diagnóstico errado: creer que basta con capturar a los cabecillas para desmantelar a estos grupos armados”.
Durante la rueda de presa en Nueva York, un periodista le cuestionó a Milgram si la extradición de Otoniel no era otro episodio más en el que la DEA perseguía a un gran narco, solo para que pronto hubiera otro jefe. La directora contestó con mea culpa y una aclaración: “Históricamente nos hemos centrado en los líderes de los carteles internacionales. Quiero dejar muy claro que eso no es lo que ha sucedido aquí. Ha habido 115 arrestos en el último año, así como múltiples incautaciones. Nuestro trabajo continúa, nuevamente, con el objetivo de desmantelar las redes, no solo los objetivos de alto valor”.
Pappier considera que por ese camino debería estar enfocada la política de seguridad de un nuevo gobierno: primero en proteger a la población civil y, segundo, velar por desarticular las organizaciones. Para el investigador, la estrategia se debe enfocar en “enfrentar sus economías ilícitas, sus fuentes de financiamiento, el lavado de dinero y evitar y castigar la corrupción. Esta última permite, en muchos casos, que grupos armados operen con algunos niveles de connivencia de funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad”. “No solamente en capturar a cabecillas”, insistió Pappier, pues está demostrado que los grupos son resilientes y los reemplazan rápidamente.
Desde que Otoniel fue capturado se ha especulado sobre quién ocuparía su lugar. Al parecer, quien tomó las riendas de la estructura sucesora del paramilitarismo fue alias Chiquito Malo, principal coordinador del envío de cargamentos de cocaína del Clan del Golfo a Estados Unidos y Europa, y antiguo integrante del bloque Bananero de las Autodefensas. Seguido estaría alias Gonzalito, otro paramilitar de la entera confianza de Otoniel que trabajó para los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, y que hoy tendría bajo su mando la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, con unos 1.220 hombres en Córdoba, Chocó, Sucre y Antioquia.
En los días siguientes a la captura de Otoniel, fuentes policiales, incluso el director de la Policía, el general Jorge Vargas, y el ministro de Defensa, Diego Molano, señalaron que habría una pugna en el Clan del Golfo. Sin embargo, en los comunicados que ha emitido desde entonces el grupo criminal (de todos no es confirmada su veracidad) han asegurado que permanecen unidos y no hay disputas internas. Un hecho indicador de esa cohesión y fuerza, como anotó Pappier, es el paro armado que decretó el grupo tras la extradición de su máximo líder. El primer efecto de ese anuncio fue el confinamiento de 16 comunidades y acciones armadas en seis departamentos.
Un asunto que tendrán que definir Chiquito Malo y Gonzalito es su relación con otros grupos armados. Por ejemplo, con La Oficina, el grupo criminal que opera en el Valle de Aburrá y con el que el Clan del Golfo tenía, desde 2013, acuerdo de no agresión y negocios para exportar cocaína. Dos días antes de la extradición de Otoniel, la Defensoría del Pueblo alertó de un riesgo inminente de confrontación, ya que ese acuerdo estaría a punto de desmoronarse, pues los dos grupos entraron en disputa en Titiribí (Antioquia). Fuentes de la Policía y asesores jurídicos de La Oficina concuerdan en que el lío pronto sería solucionado y hablan de un gana-gana para los dos bandos.
Además de resolver los líos con La Oficina, los hombres que dejó Otoniel tienen otra cuenta pendiente con carteles internacionales. La justicia estadounidense acusa al Clan del Golfo de ingresar más de 90.000 kilogramos de cocaína a ese país entre 2003 y 2021. Buena parte entró por Centroamérica, explicó Milgram, por los negocios del Clan con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En los cargamentos de estos grupos de crimen organizado, añadió la directora de la DEA, están mezclando cocaína colombiana con fentanilo, un coctel mortal que en seis semanas cobró la vida de 29 estadounidenses. Varias fuentes confirmaron que Chiquito Malo fue el encargado de gestar esas alianzas con carteles de otros países.
Ante ese panorama, en Estados Unidos anuncian que seguirán investigando al Clan del Golfo, mientras el gobierno del presidente Duque creó un “bloque de búsqueda” para acabar con los “reductos” de la organización, con un énfasis en el Caribe y Chocó, donde son más fuertes. Pappier considera valioso, en últimas, que Otoniel haya sido capturado para que rinda cuentas por los delitos que se le endilgan, entre los que habría crímenes de guerra. O, como lo dijo Milgram desde Nueva York: “Es increíblemente significativo que el líder y, realmente, el fundador del Clan del Golfo esté bajo custodia y se enfrente a la justicia”.
01-05-2022
Buena tarde jóvenes ingresa a los siguientes enlaces . y responde la siguientes pregunta
1.
¿Qué se gana y que pierde?
¿Qué sigue?
2. Elabora un esquema de los momentos más destacados del litigio entre Colombia y Nicaragua.
Nicaragua acusa a Colombia de violar acuerdo de La Haya
Gobierno de Daniel Ortega dice que Colombia sobrepasa de forma ilícita su frontera marítima en el Caribe. Llega el turno de la defensa.
DANIELA OSORIO ZULUAGA | PUBLICADO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Una frase pronunciada por Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, resume lo que, para él, fue la primera audiencia ante La Haya sobre el litigio por la soberanía de aguas del mar Caribe: “Pasó exactamente lo que esperábamos que iba a pasar”.
Tras concluir el evento, que hace parte de una serie de audiencias orales que se extenderán durante estas dos semanas, Arrieta aseguró que, como había predicho, la defensa de Nicaragua se centró en argumentar que Colombia ha violado el derecho internacional y ha incumplido con el fallo de 2012, que le quitó 75.000 kilómetros cuadrados de mar a la Nación.
En contraste, la Cancillería de Colombia se sostiene en que las operaciones demandadas buscaban “proteger a los habitantes del Archipiélago y a la población Raizal, cumplir con deberes internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico y ejercer protección de la Reserva de Biósfera Seaflower”.
Sobre esto último, el PhD en relaciones internacionales, Juan Fernando Palacio, docente de la UPB, interpreta que, precisamente, los problemas entre ambas naciones se han derivado de que “el fallo (de 2012) no fue lo suficientemente claro en cuanto a la contigüidad territorial de las islas”, lo que -según él- provocó vacíos y ambigüedades que facilitan las disputas actuales.
Distribución de territorio marítimo
Una frase pronunciada por Carlos Gustavo Arrieta, agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, resume lo que, para él, fue la primera audiencia ante La Haya sobre el litigio por la soberanía de aguas del mar Caribe: “Pasó exactamente lo que esperábamos que iba a pasar”.
Tras concluir el evento, que hace parte de una serie de audiencias orales que se extenderán durante estas dos semanas, Arrieta aseguró que, como había predicho, la defensa de Nicaragua se centró en argumentar que Colombia ha violado el derecho internacional y ha incumplido con el fallo de 2012, que le quitó 75.000 kilómetros cuadrados de mar a la Nación.
En contraste, la Cancillería de Colombia se sostiene en que las operaciones demandadas buscaban “proteger a los habitantes del Archipiélago y a la población Raizal, cumplir con deberes internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico y ejercer protección de la Reserva de Biósfera Seaflower”.
Sobre esto último, el PhD en relaciones internacionales, Juan Fernando Palacio, docente de la UPB, interpreta que, precisamente, los problemas entre ambas naciones se han derivado de que “el fallo (de 2012) no fue lo suficientemente claro en cuanto a la contigüidad territorial de las islas”, lo que -según él- provocó vacíos y ambigüedades que facilitan las disputas actuales.
La cita del miércoles
Dos días después de escuchar las acusaciones de Nicaragua, y tras 20 años de un litigio que ha mantenido en vilo las relaciones diplomáticas de ambos países, Colombia tendrá su turno para solucionar dos diligencias: defenderse de su oponente y exponer los argumentos de las dos demandas que la Corte aceptó en contra de Nicaragua.
Sobre esto, cabe recordar que el Gobierno colombiano introdujo en la fase de alegatos escritos cuatro contrademandas de las que aún cursan dos: una que asegura que Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes de San Andrés y otra que justifica que ese mismo país extendió sus aguas internas y zonas marítimas más allá de lo que permite el derecho internacional”.
En la audiencia del miércoles, el Gobierno se ha sostenido en que Colombia siempre se defenderá “bajo la premisa clara de cumplir con el artículo 101 de nuestra Constitución a partir del cual los límites de nuestro país solamente pueden ser modificados a través de tratados de límites ratificados por el Congreso de la República” (sic), según dijo el presidente, Iván Duque., en declaraciones desde Washington.
Nicaragua dice que Colombia no respeta fallo de la CIJ en audiencia
Colombia se prepara para defenderse ante la CIJ de las acusaciones de Nicaragua.
Con señalamientos sobre la supuesta violación de Colombia a las extensiones marítimas de Nicaragua, concluyó este lunes la primer audiencia ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, en uno de los dos procesos que el país centroamericano tiene contra Colombia en La Haya.
Nicaragua había presentado en 2013 ante la CIJ un contencioso en el que afirmaba que Colombia había violado sus derechos en vastas extensiones marinas, muy ricas en recursos petroleros e ictiológicos, que la Corte le había concedido un año antes.
En la audiencia de este lunes, Carlos José Argüello Gómez, representante de Nicaragua ante la Corte, acusó a Colombia de ignorar y violar los derechos del país centroamericano: “La negativa de Colombia a cumplir con esta sentencia y a respetar los derechos de Nicaragua persiste hasta hoy. Esto solamente puede constituir un desafío directo a la autoridad de este tribunal”.
Ese país llevó a Colombia ante la CIJ en 2001, y en 2012 logró que se le concedieran decenas de miles de km2 de aguas que antes estaban bajo control del Estado colombiano.
La decisión de 2012 fue vivida como un trauma por Colombia, que defiende los derechos de los habitantes de las islas ubicadas en esa región, así como que sus actividades pesqueras sean puestas en tela de juicio por las autoridades nicaragüenses.
Nicaragua volvió a presentarse ante la CIJ en 2013, afirmando que Colombia violó sus derechos en esas vastas extensiones marinas que la CIJ le había concedido en 2012.
En 2016, los magistrados de la CIJ se declararon competentes para juzgar estos diferendos marítimos, pese a la oposición de Colombia que consideraba que este alto tribunal no lo era en estos asuntos.
¿Qué dice Colombia?
El apoderado de Colombia en el proceso, Carlos Gustavo Arrieta, defendió los derechos del país y refutó las acusaciones de Nicaragua, aclarando que no se han violado los derechos marítimos.
“Colombia no ha violado derechos marítimos de Nicaragua. Ha defendido sus derechos, y ha actuado conforme al derecho internacional que tendría, existiendo o no el fallo de 2012”, aclaró.
Dijo que, tal y lo había previsto, Nicaragua llegaría a la Corte con “barbaridades y pretensiones exorbitantes”, como la acusación de violación del derecho internacional.
En la audiencia programada para este miércoles, 22 de septiembre, Colombia va a sostener que no ha violado los derechos marítimos de Nicaragua, y que en cambio, defiende los derechos de la Nación, los cuales no pueden ser desconocidos por ese país.
Previamente, Colombia presentó cuatro contrademandas en la fase de alegatos escritos y la CIJ admitió dos de ellas.
“Estas contrademandas hacen referencia a que, por una parte, Nicaragua ha desconocido e infringido los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder a sus bancos de pesca tradicionales”, afirmó Arrieta.
Añadió que Nicaragua “expidió además un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia y de otros países”.
Los resultados de las audiencias que durarán las próximas dos semanas tendrán resultado del fallo por parte de la Corte en los siguientes seis meses o máximo un año.
En la CIJ hay otro litigio planteado por Nicaragua, que pidió a ese tribunal que le conceda una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa caribeña, pero Colombia defiende que la plataforma continental del archipiélago de San Andrés “se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana”.
La Haya determinó que Colombia violó derechos de Nicaragua en el mar Caribe
El tribunal encontró que Colombia interfirió con los derechos nicaragüenses a la pesca y la investigación científica en la zona económica que le fue concedida en 2012.
Nicaragua interpuso la primera demanda contra Colombia argumentando que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina le pertenecía. Sin embargo, en 2007, la CIJ falló a favor de Colombia.
Foto: Frank van Beek
Este jueves, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) leyó el fallo sobre el pleito entre Nicaragua y Colombia sobre las supuestas violaciones a los derechos del país centroamericano a la luz de la decisión de 2012 del mismo tribunal, que reconoció una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Nicaragua. Cerca de 75.000 km² de espacio marítimo fueron en ese momento declarados como parte de la ZEE en cuestión.
Esta vez, no estaba en riesgo ningún territorio o delimitación, sino el cumplimiento del fallo emitido hace 10 años y los derechos de pesca de la comunidad raizal, entre otros asuntos.
El tribunal, con 10 votos a favor y cinco en contra, determinó que dicha violación efectivamente sucedió en ocasiones en que Colombia interfirió con las actividades de pesca e investigación científica por parte de Nicaragua, así como al ejercer control bajo el argumento de proteger el medioambiente de la zona.
“El tribunal determina que Colombia ha violado su obligación internacional de respetar los derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua en la Zona Económica Exclusiva (...) al interferir con las actividades de pesqueras y la investigación científica marina por parte de embarcaciones con bandera nicaragüense o con licencia nicaragüense”, sostuvo la CIJ. La Corte dictaminó que Colombia debe “cesar inmediatamente” las interferencias en aguas del mar Caribe que ese tribunal reconoce como pertenecientes a la ZEE de Nicaragua.
Otro punto central de la disputa eran los derechos a la pesca por parte de las comunidades raizales debido a su arraigo en la región. La Corte, sin embargo, dijo no tener evidencia suficiente para probar los derechos tradicionales o históricos de los raizales, por lo que consideró que la mejor salida es que las partes lleguen a un acuerdo bilateral en este asunto.
“La Corte opina que las 11 declaraciones juradas presentadas por Colombia no fundamentan suficientemente su alegato de que los habitantes del archipiélago de San Andrés, en particular los raizales, han estado involucrados en una práctica de larga data de la pesca artesanal, en ‘bancos de pesca tradicionales’, ubicados en aguas que ahora caen dentro del dominio exclusivo de Nicaragua en su ZEE”, comentó la CIJ.
Sobre la Zona Contigua Integral, establecida por Colombia con el Decreto 1946 de 2013, la CIJ sostuvo que no se ajusta al derecho internacional consuetudinario, “porque su anchura supera las 24 millas náuticas desde las líneas de base y porque los poderes que Colombia hace valer dentro de la Zona Contigua Integral excedan los permitidos por las leyes internacionales”.
Un dato clave de contexto: En septiembre de 2013, el gobierno Santos expidió un decreto que creó la Zona Contigua Integral, con el que aseguró que realizaría actividades para la protección del Caribe colombiano. Este decreto incluyó la acción de protección en espacios marítimos que dejaron de pertenecer a la ZEE de Colombia en el fallo de la CIJ de 2012.
Por otro lado, la CIJ argumentó que Nicaragua expidió un decreto “contrario al derecho internacional” relacionado con los puntos y líneas a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Caribe, buscando “adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia”.
La CIJ desestimó también una demanda de Nicaragua sobre la alegada emisión de permisos de exploración petrolera por parte de Colombia. “El tribunal determina que Nicaragua no ha podido probar que Colombia continúa ofreciendo bloques petroleros situados en la ZEE de Nicaragua, por lo que se rechaza la alegación de que Colombia violó los derechos soberanos de Nicaragua al emitir licencias de exploración petrolera”, sostuvo la CIJ.
El pleito ante La Haya: algunas fechas claves de la demanda de Nicaragua contra Colombia:
2001: Nicaragua interpuso la primera demanda contra Colombia argumentando que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina le pertenecía.
2007: La CIJ falló a favor de Colombia.
2012: Tras ese fallo, una decisión de fondo de la Corte determinó que 75.000 km² de espacio marítimo se convertirían en parte de la ZEE de Nicaragua.
Colombia, al no estar de acuerdo, anunció su salida del Pacto de Bogotá, que reconoce al tribunal de La Haya como juez en conflictos jurídicos.
2013: Durante el año que debía esperar Colombia para abandonar el Pacto de Bogotá, Nicaragua aprovechó para interponer dos demandas más.
En la primera, presentada en septiembre de ese año, solicitó una plataforma continental más allá de 200 millas náuticas de su costa.
En la otra (de la que se habla hoy), presentada en noviembre, fue en la que reclamó que Colombia no respetó el fallo de 2012.
2016: Se conoció el fallo sobre excepciones preliminares. La CIJ negó la principal pretensión de Nicaragua, que buscaba que se declarara que Colombia estaba amenazando con usar la fuerza en la zona. La CIJ dijo que la situación en el mar Caribe era calmada y estable.
2022: Se conoce el fallo en el caso de la demanda de Nicaragua sobre las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.
Las tres demandas de Nicaragua contra Colombia (más detalles de cada caso): Todo empezó el 6 de diciembre de 2001, cuando Nicaragua presentó ante la Corte la primera demanda reclamando la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, entre otras islas y cayos. Sin embargo, en diciembre de 2007, en el fallo sobre excepciones preliminares, la CIJ resolvió que las islas pertenecían a Colombia.
En noviembre de 2012, la CIJ emitió un fallo de fondo sobre la primera demanda de Nicaragua contra Colombia: decidió que aproximadamente 75.000 km² de espacio marítimo pasarían a ser parte de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Nicaragua. ¿Qué pasó después? Colombia, disconforme con el fallo de ese año, se retiró del Pacto de Bogotá.
“Desde que se presentó la demanda del Pacto, en noviembre de 2012, era necesario esperar un año para que se hiciera efectiva la salida. Es decir, Nicaragua tenía un año para demandarnos, y eso fue lo que pasó”, nos explicó Ricardo Abello, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, en septiembre del año pasado, cuando arrancaron las audiencias orales ante la CIJ.
Nicaragua demandó a Colombia dos veces más: en la segunda demanda, presentada en septiembre, pidió que se le otorgara una Plataforma Continental Extendida más allá de 200 millas náuticas de su costa, lo que podría extender más el territorio ya ganado en la disputa con Colombia. Este caso todavía está pendiente. Mientras que en la tercera demanda, y sobre la se pronunció la Corte este jueves, Nicaragua acusó a Colombia de no respetar e incumplir el fallo emitido en 2012.
Algunos de los argumentos de la defensa de Colombia...
En las audiencias orales, que se llevaron a cabo del 20 de septiembre al 1.° de octubre del año pasado, los abogados de ambos países plantearon sus argumentos ante la Corte. Parte importante de la defensa del país giró en torno a temas como el derecho de las islas a tener una zona contigua, “y el derecho del país de hacer presencia en el mar Caribe en la lucha contra los delitos transnacionales, para salvaguardar la vida en el mar y para proteger el hábitat natural de la Reserva de Biosfera y Área Marina Protegida Seaflower”, se lee en un comunicado de la Cancillería.
“Nicaragua aseguró que Colombia no tiene derechos en su ZEE. Por el contrario, Colombia sostuvo que la ZEE lleva tal nombre porque la única exclusividad de derechos es precisamente económica. Colombia alega, por ende, tener derechos de navegación y sobrevuelo, así como otros consuetudinarios no explícitamente reconocidos en la Convemar”, explicó Fabián Cárdenas, profesor de derecho internacional de la Universidad Javeriana, al finalizar las audiencias.
¿Qué sigue?
Por un lado, los países están obligados a implementar las sentencias de la CIJ, que son definitivas y, por lo tanto, no pueden ser objeto de apelaciones. Respecto a la demanda que queda pendiente, como explica el profesor de la Universidad del Rosario, Ricardo Abello, a finales de este año la CIJ podría convocar a las audiencias orales para finalmente emitir un fallo en mayo de 2023.
consulta el enlace y después de realizar la lectura determina cuales son las causas estructurales de la violencia en colombiana.
12-03-2022
Buena noche vamos a realizar una pausa esta semana , tengo una ocupación extra (jurado de votación) por esta razón no tengo la disponibilidad de tiempo para realizar la actividad.
No vemos la próxima semana.
06-03-2022
EN ESTA OPORTUNIDAD NO LES VOY A DEJAR ACTIVIDAD PORQUE PARA EL DIA MIERCOLES TIENEN CONTROL DE LECTURA DEL TEXTO LA TORMENTA COMO LO ESTIPULE EN LA CLASE ANTERIOR. PREPARADOS PARA LA EVALUACION . EXITOS .
27-02-2022
BUEN DIA
ESTE ES EL TEMA QUE VAMOS A TRABAJAR HOY LES COMPARTO ENLACE , SI NO PUEDEN INGRESAR PUEDEN LEER EL DOCUMENTO
¿Por qué los tambores de guerra de Putin retumban en Colombia?
después de leer el texto
1. Explica por qué se menciona en el texto cada uno de los siguientes personajes
Vladimir Putin:
Nicolás Maduro
Iván Duque
Daniel Ortega
2. Responde la pregunta ¿Por qué los tambores de guerra de Putin retumban en Colombia?
¿Por qué los tambores de guerra de Putin retumban en Colombia?
Analistas temen que el empoderamiento de Putin aliente a sus aliados, que son enemigos de Colombia, a asumir más hostilidades. Preocupación porque Rusia quiera jugar su ajedrez en América Latina.
La distancia entre Colombia y Ucrania es de unos 10.617 kilómetros, en línea recta, pero las bombas lanzadas por Rusia este miércoles sobre ese país, podrían tener impacto en Colombia a mediano plazo.
Aunque Colombia no tiene nada que ver con Ucrania, un país vecino de Rusia que comenzó a ser invadido militarmente por orden de Vladimir Putin, podría llegar a compartir algunos referentes.
Para explicarlo sería más fácil hablar del ajedrez político mundial que juegan las potencias, y del que algunos países como Ucrania y Colombia son apenas peones.
Aunque Putin ha negado insistentemente que quiera controlar todo el territorio de Ucrania, analistas internacionales aseguran que va por él.
Después de muchos movimientos para generar incertidumbre, Putin entró en Ucrania ante la mirada atónita del mundo entero que no lo pudo impedir.
Washington y Naciones Unidas quedaron inmóviles ante la decisión de Moscú.
Putin ha sido amenazante para cualquiera que pretenda detener sus ambiciones.
“Cualquiera que intente interferir con nosotros, o más aún, crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias como nunca antes ha experimentado en su historia. Estamos listos para cualquier giro de los acontecimientos”, advirtió el imponente líder ruso.
Se creía que Estados Unidos actuaría para proteger a sus aliados, pero cuando llegó el momento de la invasión rusa, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que no se enfrentará a Rusia por defender a Kiev.
“No vamos a estar en una guerra con Rusia o poner tropas militares en Ucrania para luchar contra Rusia”, dijo Casa Blanca.
¿Cuál es el riesgo para Colombia de que Putin haya hecho lo que le dio la gana en Ucrania, ante la mirada impotente de Naciones Unidas, de Washington y de Europa?
Un militar ucraniano dispara un arma antitanque NLAW durante un ejercicio en la Operación de Fuerzas Conjuntas, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, el martes 15 de febrero de 2022. Mientras Estados Unidos advierte que Rusia podría invadir Ucrania cualquier día, el tamborileo de la guerra es casi desconocida en Moscú, donde los expertos y la gente común no esperan que el presidente Vladimir Putin lance un ataque contra su vecino exsoviético. Foto AP/Vadim Ghirda - Foto: AP
La respuesta es sencilla: que Rusia es el principal soporte que mantiene en pie la dictadura de Nicolás Maduro, principal amenaza externa de Colombia.
Rusia, además, no solo sostiene políticamente al actual régimen venezolano de Nicolás Maduro, sino a otros dos aliados enemigos de Colombia: Cuba y Nicaragua.
La presencia de Rusia en Venezuela es una realidad, pero sobre todo el potencial peligro de esa alianza para Colombia.
El apoyo de Rusia a Venezuela se ha dado en la venta de millones de dólares en armas y tropas enviadas a su territorio.
El Ministerio de Defensa de Colombia tiene información de que hay un batallón cibernético de influencia rusa, en la frontera de Venezuela con Colombia.
El presidente ruso, Vladimir Putin, a la izquierda, escucha al presidente francés, Emmanuel Macron, durante su reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 7 de febrero de 2022. Rusia lleva a cabo una concentración militar masiva cerca de Ucrania y Occidente rechaza rotundamente las demandas de seguridad de Moscú. , parece cerrarse una ventana para la diplomacia en la crisis. Pero incluso mientras Moscú continúa reforzando sus fuerzas y realiza amplios juegos de guerra, el presidente Vladimir Putin mantiene la ventana abierta para más negociaciones en un juego calculado de arriesgado intento de persuadir a Washington y sus aliados para que acepten las demandas de Rusia. Foto AP/Sputnik, - Foto: AP
Ese hecho llevó a que el presidente Iván Duque llamara al embajador de Moscú en Colombia. “En estos temas yo creo que lo importante es que sigamos manteniendo el espíritu cooperante, el espíritu franco, y obviamente mantener esto en el nivel diplomático que corresponde, sin lugar a dudas vamos a tener la posibilidad de hablar con la representación diplomática de Rusia en Colombia”, dijo Duque.
En efecto, el embajador de Moscú en Bogotá, Nikolav Tavdumadze, fue citado a la cancillería colombiana hace una semana para que diera explicaciones sobre las armas vendidas por su país al régimen de Maduro.
SEMANA supo que el embajador ruso se comprometió a que la cooperación y asistencia técnica a Venezuela no será utilizada ni contra Colombia ni contra otro país de la región.
Para esa misma fecha la subsecretaria de Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nuland, dijo: “Estamos preocupados donde quiera que Rusia apoye regímenes autoritarios y lo están haciendo en muchas partes de este hemisferio, no solo en Venezuela, sino en Cuba y Nicaragua”.
Hay que recordar que el gobierno de Nicolás Maduro protege y alienta a las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc (máximas expresiones del crimen del narcotráfico), que amenazan sistemáticamente la estabilidad de la democracia en Colombia.
Alentar a rebeldes para atacar a un país vecino fue precisamente la táctica que permitió a Putin llegar a Ucrania.
Lo que muchos han advertido es que si Putin queda ahora como el gran poder militar del mundo, ante la impotencia de Washington y Europa, le dé por jugar su ajedrez en América Latina para incomodar a Estados Unidos y aliente a Venezuela contra Colombia con su apoyo.
Nicaragua y Cuba
No solo el apoyo de Rusia a Venezuela preocupa a Colombia. También le inquieta el respaldo a Nicaragua y Cuba.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien acaba de ganar su cuarto mandato luego de encarcelar a todos sus opositores, se sostiene fundamentalmente con el apoyo de Moscú y sus aliados de izquierda en la región.
Ortega es un enemigo declarado de Colombia, como quiera que cada vez tiene más pretensiones territoriales sobre Colombia.
Daniel Ortega ya le ganó un pleito a Colombia en la Corte de La Haya, en 2012, y gracias a esa sentencia amplió su espacio marítimo en el Caribe, a costa de Colombia.
Nicaragua tiene nuevas demandas ante el mismo tribunal y pretende lograr más control sobre aguas del Caribe que hoy le pertenecen a Colombia.
Ortega y su régimen han sido hostiles a Colombia de manera sistemática.
Las relaciones de Colombia con Cuba han sido históricamente complejas. Bogotá ha roto relaciones con la Habana acusándola de proteger a miembros de la insurgencia colombiana.
De hecho en la actualidad la cúpula del Ejército de Liberación Nacional (ELN) organización a la que el gobierno del presidente Iván Duque acusa de liderar la arremetida terrorista urbana par desestabilizar la democracia, tiene protección del gobierno cubano.
Colombia ha pedido la extradición de los cabecillas guerrilleros en muchas ocasiones y el gobierno cubano se niega a aceptar la solicitud.
Reacciones en Colombia
Tras conocerse las primeras acciones de Putin sobre Ucrania, en Colombia se levantaron voces de alerta.
Maduro da “todo el apoyo” de Venezuela a Rusia en medio de tensiones por Ucrania
Los países occidentales han alertado del riesgo de una invasión, tras el despliegue de miles de soldados rusos en la frontera con Ucrania.
as estrechas relaciones entre Moscú y Caracas datan de la era del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). Foto: Cristian Hernández / AFP. - Foto: AFP
Nicolás Maduro expresó este miércoles su apoyo a Rusia, en medio de tensiones entre Moscú y las potencias occidentales por Ucrania.
“Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas de la Otan y del mundo occidental”, dijo Maduro tras recibir en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, al viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov.
“El presidente (Vladímir) Putin sabe que puede contar con el pueblo bolivariano y revolucionario de Venezuela y con nosotros como gobierno”, agregó.
Borisov, más temprano, consideró a Venezuela “un socio estratégico de Rusia en América Latina y el mundo en general”.
“Valoramos altamente el carácter de aliados, de nuestra coordinación en la comunidad internacional y el diálogo de confianza a nivel político en la situación de crecimiento de inestabilidad y la cooperación entre nuestros países es más importante que nunca”, manifestó.
Los países occidentales han alertado del riesgo de una invasión rusa a Ucrania, tras el despliegue de miles de soldados rusos en la frontera y la realización de diversas maniobras militares.
El Kremlin ha retirado parcialmente sus tropas de la zona, en plenas negociaciones para una resolución pacífica de la crisis.
Semanas atrás, ya con la tensión instalada en la frontera con Ucrania, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, asomó un eventual despliegue militar en Venezuela y Cuba, algo que nunca se oficializó.
Las estrechas relaciones entre Moscú y Caracas datan de la era del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), quien le compró a Rusia armas y equipamiento militar por cientos de millones de dólares en medio de una bonanza petrolera que acabó en 2014.
“Rusia forma parte de lo nuevo, es un país, un polo de desarrollo emergente, una gran potencia de paz, y ha puesto al servicio de la humanidad su desarrollo científico, tecnológico, industrial, energético”, indicó en tanto el ministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami.
“Rusia es signo de hermandad con el mundo y por eso desde Venezuela ratificamos todo nuestro apoyo y vamos a seguir profundizando nuestra relación”, agregó.
¿Radares rusos en Venezuela?
Radares que pueden detectar buques e interceptar cualquier tipo de comunicaciónse encuentran ubicados en territorio venezolano y son operados por técnicos rusos, según un informe de inteligencia.
La investigación de las autoridades colombianas aseguró que esta tecnología instalada en el vecino país puede interceptar teléfonos celulares, radios de comunicación de la Fuerza Pública, comunicaciones de vehículos militares, buques, aviones de combate y comerciales.
En el Fuerte Tiuna en Caracas se encontraría ubicado el radar más importante. Los otros cincos se ubican en los estados venezolanos Zulia, Táchira, Apure y Falcón. En los planes estaría instalar otros en zona fronteriza.
Este nuevo descubrimiento de las autoridades nacionales sigue incrementando la tensión entre Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Rusia.
En días pasados, la canciller y vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, había asegurado que en su reunión con el embajador ruso en Colombia dejó un acuerdo en el que Rusia se comprometía a que la ayuda que presta a Venezuela nunca iba a ser usada en acciones militares.
Tavdumadze aseguró que la situación se “aclaró” y que “el ministro de Defensa aseguró que sus palabras sobre injerencia en relaciones de Colombia fueron tergiversadas”.
Por su parte, Molano aseguró que existe “apoyo y asistencia técnica de Rusia” a las tropas venezolanas,pero explicó que una pregunta de la prensa lo indujo a usar la expresión “injerencia extranjera” en su declaración.
Durante la reunión, “el embajador manifestó que la cooperación rusa de ninguna manera tiene el interés de afectar a otro país”, agregó el titular de la cartera de Defensa.
POR OTRA PARTE
Peñalosa dijo que ha realizado consultorías tanto en Kiev como en Moscú y deploró el clima de guerra en esa región; pero lo más grave, llamó la atención de lo que eso podría significar para Colombia.
El ex embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, también se sumó al coro de preocupaciones, porque las bombas sobre Ucrania tengan un impacto en Colombia.
“Lo que sucede en Ucrania es una amenaza a la democracia en todo el mundo. En Colombia está en grave riesgo por el populismo que apoyado desde Venezuela, Cuba y Nicaragua quiere destruir la libertad. No nos podemos equivocar en las próximas elecciones”, dijo Santos.
Los ecos de la invasión de Rusia a Ucrania también amenaza con convertirse en tema de la campaña presidencial en Colombia, por cuenta de que el candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro, ha dicho que si gana la Presidencia, reestablecerá relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro.
Algunos ven en ese anuncio de Petro el futuro de una posible conexión entre Bogotá, Caracas, Moscú, pasando por La Habana y Managua.
Buena tarde por fallas técnicas esta semana no hay actividad.
Buen día. Después de leer realiza un texto descriptivo de los acontecimientos, mínimo 2 paginas. favor ingresar al enlace La guerra más terrible de la historia este se encuentra en el documento.
una vez leído: 1. realice una crónica de una guerra no declarada.
2. Justifica : Cual es la relación que existe entre el titulo de la noticia y el contenido ? es decir, porque es una guerra no declarada?, ¿se observa los nacionalismos en estos sucesos? justifica
Bienvenidos a un Nuevo año Lectivo
En esta oportunidad vamos a trabajar con la lectura y consulta el siguiente enlace:
1. Teniendo en cuenta la información sobre el proceso de paz del Cagúan, responde crees que es posible establecer diálogos de paz en medio del conflicto?.
2. Crees que la actitud de la guerrilla de las Farc durante las negociaciones con Andrés Pastrana fue coherente con los diálogos de paz? justifica
3. Interpreta el grafico y responde cómo crees que estas acciones afectaron el proceso de paz?.
4. Después de observar el video realiza una línea de tiempo.
11-04-2021
Buenas noches Jóvenes , 1. Realizar lectura del Caso de Gómez Hurtado e investigar apartes de su crimen, año, hechos , biografía, vida política, y realizar predicciones QUIEN TENDRIA RAZONES PARA ASESINARLO?.Y sobre todo panorama de Colombia, cronología?
Caso Gómez Hurtado .
Mauricio Gómez, hijo de Álvaro Gómez, no cree en la versión de las Farc, considera que están
desviando la investigación, critica las inconsistencias en la declaración de Julián Gallo (conocido como Carlos Lozada) y reclama pruebas más que versiones.
La promesa de verdad para las víctimas que llegó con la JEP, en el caso de la familia Gómez, está en entredicho. Esta es una prueba de fuego para el tribunal transicional.
EL JUEVES 2 DE NOVIEMBRE
de 1995, a las 10:15 de la mañana,
frente a la Universidad Sergio Arboleda,
fue asesinado el líder conservador
Álvaro Gómez Hurtado. Por 26
años el crimen se ha mantenido impune,
aunque su familia tiene la certeza de que
detrás estaría el expresidente Ernesto Samper.
Esta tesis se quebró cuando las Farc,
ante la JEP, aseguraron que eran los autores
del homicidio; una confesión que deja
dudas, pues no han presentado una sola
prueba, pero sí muchas contradicciones.
El excomandante de las Farc y hoy senador
Julián Gallo, conocido como Carlos
Lozada, le dijo a la JEP que fue él quien
ejecutó la orden de asesinar a Gómez Hurtado.
Pero en la confrontación de esa versión
con Mauricio Gómez, hijo del líder
conservador, quedaron sobre la mesa vacíos,
contradicciones, cambios en las versiones
y ni una sola prueba contundente.
En la primera versión, el 10 de diciembre
de 2020, Lozada afirmó que el
magnicidio fue realizado por la Red Urbana
Antonio Nariño, que operaba en
Bogotá y que comandó hasta 2007. “La
acción la hacen cuatro personas: Danilo
–no tengo el nombre a mano– muere
en una emboscada de la policía entre los
municipios de Fusa y Arbeláez. Fue sacado
de una habitación y ejecutado en el patio por un comando de la Policía. Eso
está documentado”.
Contó que “participó Chayanne, quien
muere en los hechos de Mondoñedo. No en
esa ejecución de la Policía, fue asesinado
al día siguiente del operativo donde hubo
desaparecidos, incluso incinerados. El tercero
es Freddy, también muere en Mondoñedo.
Y alias Sebastián, nosotros no sabemos
su situación porque desertó”. Cuando
habla de Mondoñedo, Lozada se refiere a
una operación ocurrida entre el 6 y 7 de
septiembre de 1996, en la que murieron varias
personas señaladas por las autoridades
de pertenecer a las Farc.
VERSIONES QUE NO CUADRAN
Esta semana, Lozada tuvo que ratificar su
versión sobre el asesinato, pero, en lugar de
aclarar el panorama, este se puso más oscuro.
Aunque Danilo era cabecilla del frente,
Lozada dice que no recuerda su nombre.
Vinieron los cuestionamientos. ¿Cómo
no recuerda el nombre si se trata de la persona
a la que le encargaron supuestamente
asesinar a Álvaro Gómez? La explicación
de Lozada es que usaban seudónimos.
La familia Gómez pidió más explicaciones:
las redes urbanas de las Farc fueron
creadas en 2002, y el asesinato ocurrió en
1995. Además, Lozada, según los documentos
de las Farc, no comandaba en ese momento
ninguno de esos bloques. ¿Por qué
alguien que no lideraba una red urbana
planeó uno de los crímenes que sacudió
y cambió parte de la historia social y política
de Colombia a finales del siglo XX?
¿Cómo pudo ejecutar el crimen una red urbana
si en ese momento no existía?
Otra pregunta, después de escuchar a
Lozada, es ¿por qué no estaba en la Universidad
Sergio Arboleda, esa mañana, si
él era el responsable del magnicidio? La
respuesta resulta difícil de creer para la
familia Gómez, pues el exmiembro de las
Farc afirmó que no estuvo al tanto, ya que
en ese momento estaba en una reunión;
pero se trataba del homicidio de una de
las personas más importantes de la vida
política del país. Tanto es así que Mauricio
Gómez le dijo: “Usted no sabe nada
de nada, usted no sabe ni cuándo dictaba
clases mi padre”.
Las dudas cobran relevancia al poner
en contexto lo que sucedía por esos años.
Álvaro Gómez propuso dialogar con las
Farc cuando Ernesto Samper era presidente.
Buscaba la paz. ¿Por qué las Farc habrían
matado a alguien que planteaba una
salida negociada al conflicto?
Pareciera que, cuanto más habla Lozada,
más crecen las dudas, por lo menos para
la familia Gómez. De hecho, en diálogo
exclusivo con SEMANA, Mauricio Gómez.
LA FAMILIA DE ÁLVARO GÓMEZ NO CREE LA VERSIÓN DE LAS FARC, POR ESO ESPERAN AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL QUE LLEVA LA FISCALÍA.
El ahora senador
Julián Gallo afirma que
fue el responsable del
operativo para asesinar
al dirigente del Partido
Conservador, pero sus
dos versiones han sido
diferentes y asegura
que no recuerda varios
de los hechos más
importantes.
rompió su silencio y señaló directamente
a dos personas: “Es para hacerle un favor
a Ernesto Samper, que está investigado
seriamente en el asesinato de mi padre.
Llevamos 25 años intentando averiguar
qué pasó. Ahora se murió el señor Horacio
Serpa, que era el más cercano a todos los
mafiosos, y ellos lo que quieren es que les
laven la cara diciendo que ellos (las Farc)
fueron los que lo mataron, y se arregló el
problema”, dijo.
Las pruebas en este caso no llegaron
por las Farc. Fue la familia de Gómez Hurtado
la que leyó una carta de la guerrilla
que hizo más frágil la versión de Lozada.
En la misiva, el secretariado
buscaba acercarse
a Gómez Hurtado, y no
se perciben diferencias o
riesgos. “Pensando en los
grandes y graves problemas del país y en
la necesidad de buscarle salidas inteligentes,
comenzando por el de la guerra y la
paz, creemos de especial conveniencia en
el momento actual, una conversación suya
con nosotros”, dice la carta.
Si el secretariado quería reunirse con
Gómez Hurtado, ¿por qué ordenar su
muerte? Si la orden, como dice Lozada, la
dio Jorge Briceño, el Mono Jojoy, ¿por qué
intentaban encontrarse con él en Casa Verde?
Son algunas dudas de la familia.
LAS ARMAS, EL VEHÍCULO
Y EL SICARIO
En la primera versión, Lozada había advertido:
“El proceso fue rápido, se tuvo la
información y, como estábamos cerca del
periodo de vacaciones, aceleramos la ejecución
para noviembre de 1995. En el hecho
participan los cuatro. No hay más datos
precisos. Lo que puedo decir es que se hizo
muy rápido”.
Lozada, quien supuestamente estaba al
frente del operativo, no pudo decir la marca
ni la referencia de algunas armas usadas.
Aseguró que utilizaron pistolas 9 milímetros
y una subametralladora Ingram, pero
queda en el aire la duda de por qué no
pudo explicar cuáles fueron las referencias
de las pistolas.
La tesis inicial es que fueron 20 disparos:
asesinaron a José del Cristo Huertas
Hastamorir, hirieron a un escolta del DAS,
a una señora que vendía dulces a la salida
de la universidad y a una estudiante. Cuenta
que se fueron a su casa caminando, pero
de nada de esto supo dar respuesta Lozada.
Tampoco dio razón de cuántas personas
iban en el carro de Gómez Hurtado
en ese momento, y no sabía el nombre
del escolta que murió en los hechos. ¿Por
qué hoy, 26 años después, con cientos de
informes de prensa, no conoce el nombre
del escolta?
La versión surge pocos días después
de que la exsenadora Piedad Córdoba
acudiera a la JEP en una diligencia que
fue de carácter reservado, pues se presentó
como periodista y eso le daba derecho
a guardar la fuente que le contó quién
mató a Álvaro Gómez. La tesis de mató a Álvaro Gómez. La tesis de Córdoba
es que recibió información de Héctor
Moreno, un dirigente liberal en Santander,
quien murió hace pocos meses por
covid y era cercano al también fallecido
Horacio Serpa.
Córdoba dice que habló con el sicario
que le disparó al líder conservador, el mismo
que para Carlos Antonio Lozada está
muerto. ¿El sicario dónde está? ¿Por qué el
cruce de versiones?
Este magnicidio se convierte en una
prueba de fuego para la JEP, que nació
para brindar verdad, justicia y reparación
a las víctimas, en este caso a la familia de
Álvaro Gómez; pero hasta
ahora está lejos de lograrlo.
Parte de la complejidad
radica en que, por tratarse
de la justicia transicional,
el testimonio de Lozada no requiere de un
acervo probatorio contundente. Es solo la
versión del exguerrillero en medio de un
mar de contradicciones.
La familia de Álvaro Gómez, 26 años
después, sigue reclamando justicia y verdad.
No cree la versión de Lozada ante la
JEP, tampoco la de Piedad Córdoba. Por
el contrario, espera que algo pase con la
investigación que reactivó la Fiscalía, en
la que justamente esta semana se anunció
la citación a declarar al expresidente
Ernesto Samper, a quien relacionan con
el magnicidio.
Las piezas del rompecabezas no cuadran.
Queda una pregunta en el aire, una
vez más. Si no fueron las Farc, ¿quién dio la orden?
El holocausto judío, la campaña de exterminio masivo de Hitler
1. Realice Un resumen de uno de los episodios más cruentos del siglo XX. 2. diagrame el holocausto en cifras. Se creativo. prepárate para sustentar en linea. recuerda consignar en la carpeta la actividad porque va a ser valorada de igual manera la impresión. Exitos.
Realizar la lectura sobre el tratado de versalles escribir un texto explicativo sobre el tema . La lectura la puedes realizar hasta la culpabilidad de Alemania.
Exitos.
Disculpen el retraso en la información pero no tenia conectividad. Excusas
sábado 8-02 2020
https://www.youtube.com/watch?v=7EmeLjhMnVM
Buenas tardes entra al siguiente enlace y observa el video hasta el minuto 15. en el cuaderno realiza un mapa mental con los aspectos sobresalientes del Nazismo y fascismo. Profundiza.
DOMINGO 2 DE FEBRERO 2020
https://vanguardia.com.mx/articulo/nacionalismo-ya
1. Según el documento sustenta: sobre la afirmación “Amo demasiado a mi país para ser nacionalista”. 2. Investiga brevemente sobre algunos de los conflictos que se mencionan en el texto u otros que conozcas. exitos .
BUENOS DÍAS QUERIDOS ESTUDIANTES BIENVENIDOS A UN NUEVO AÑO ESCOLAR.
Todas estas fuentes bibliográficas te sirven para entender el proceso.
1. que es el brexit Justifica
2. investiga y en cuadro comparativo ventajas y desventajas de la salida de Reino Unido de la Unión Europea .
3. Emite tu comentario frente a este hecho.
1. por que renuncio el antiguo fiscal ? escudriña quiero que pienses en forma critica sobre el caso.
2. como sera el proceso para elegir nuevo fiscal, que le espera por resolver? cuales son las funciones del fiscal de la nación.
3. que expresa la editorial.
cual es la dinámica de cultivos de coca, en el video aparece hasta el 2012. vas a investigar hasta 2018 y vas a realizar una gráfica DE BARRAS en tu PC sobre este tema es decir desde el 2000 al 2019. y presenta el mapa con las zonas que mas cultivos ilícitos tiene Colombia como aparece en el minuto 5:43.
cual es tu percepción sobre las zonas de cultivos de marihuana. en que años se aumento el cultivos, en cuales se disminuyo... Infiere. que acarrea esta situación para el país,
3. cual es el panorama de la redistribución del mercado global de las drogas.
4. Estas de acuerdo con la fumigación con Glifosato argumenta. si respondes que no De que otra forma se puede luchar contra la siembra de cultivos ilícitos.
Vamos a trabajar en dos sesiones este video.
1. Realice un gráfico creativo de los referentes históricos del Narcotráfico. puedes usar tu Pc y lo puedes imprimir. ten en cuenta cada época y su utilización.
2. al 1:16 hay una linea de tiempo del referente histórico. vamos a trabajar en esta oportunidad solamente el contrabando, periodo inicial y de auge. explicalo en un texto descriptivo.
3. explica la transición a las redes del narcotrafico los 80, 90, 2000, 2013. utiliza un mapa conceptual profundiza en los PERSONAJES mas sobresalientes de cada epoca. INVESTIGA.
Buenos tardes jóvenes es un tema que genera controversia. Investiga de quien o quienes son los dueños de Monsanto. En que paises operan y cuales son sus alcances de sus accionar en todo el mundo.
2. Que consecuencias tiene para Colombia el uso de gliflosato? investiga. Que es el agente naranja y las consecuencias de la fumigación en Vietnam y otros países con este producto. Cual es la relación entre Colombia y Vietnam?
3. que son los transgénicos, sacarina.
4. que productos genéticamente modificados consumes actualmente o tu familia.
Buenas noches jóvenes el tema que vamos a profundizar criticamente es sobre el Embalse de Hidroituango.
chicos vamos a ver el video y para la próxima clase
1. deben presentar sus reflexiones en pares (por medio de un gráfico explicar cual es la problemática de la represa. <haga un recuento histórico.
2. realiza un análisis critico de la situación y prepare 5 conclusiones para debatir la próxima clase.
Buenos días estudiantes del grado décimo. Mi pregunta en esta ocasión es solo una.
Como funciona la geopolítica. Puedes realizar un mapa conceptual y prepárate para sustentar.
https://www.youtube.com/watch?v=e2paup1o09M. Después de observar el video identifica cuales son las principales razones por la cual Venezuela se encuentra en la situación actual.
1. Quiero que expreses tu opinión respecto al mensaje de ambos discursos y que aspectos importantes destacas de estos.
2. Estas de acuerdo con el Discurso de Macias. Justifica tu respuesta.
Prepárate para el debate en la próxima clase. Tu valoracion depende de tus argumentos , tambien consigna en tu carpeta tus reflexiones al respecto.
1. Buenas tardes jóvenes cual es la situación social, política y económica que acontece en la zona del Catatumbo.
2.Qué hay detrás de la guerra entre el Eln y el Epl en el Catatumbo. Pulsa el link que esta al final del documento. allí encontraras la información y profundiza en otras fuentes.
3. ubique en un mapa y resalte con colores la zona del Catatumbo.
El puente de Chirajara, ¿qué se sabe de la tragedia?
buenos días realiza un análisis de la tragedia que involucre aspectos económicos, sociales, políticos sobre el hecho. construye tu propia reflexión profundiza. nos vemos en clase.
1. elabora una historieta sobre el tema.Utiliza todas las ayudas visuales posibles.
2. Cual es la situación mundial sobre el tema de la contaminación expresa en un texto corto.
Colombia como va?consulta el enlace Bogota y Medellín rajadas por contaminación.
PREPÁRATE PARA EL DEBATE. EN ESTA OPORTUNIDAD NO VOY A DEJAR NOTICIA POR QUE ESTA PENDIENTE LA ANTERIOR POR EVALUAR.
Buenos días jóvenes el tema que vamos a debatir es la llegada del papa a Colombia. Los enlaces que relaciono se encuentra en you tube copien y peguen el enlace. Quiero que se preparen para el debate.
Preparen sus reflexiones escritas a mano.
https://www.youtube.com/watch?v=TeIs6Os5Fhc "obsérvelo minuto 16 del video" .
buenas tardes jóvenes una vez lean la editorial . Expresa con tus propias palabras que entendiste al respecto y escribe tu posición en computador con letra arial 12 (dos paginas ). lleva la producción del trabajo a clase y la impresión del articulo para la respectiva valoración.
Buenas tardes jóvenes. Lean el articulo y después realice comentarios sobre el tema destacando las consecuencias de la situación expuesta: 3 económicas , 2 sociales, 2 políticas .
buenos días jóvenes el tema es muy actual" La guerra que se libra por Tumaco, la nueva capital de la coca" http://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/guerra-por-tumaco-por-la-coca-80626 1. ubica en un mapa de Colombia las zonas de mayor concentración de grupos al margen de la ley y narcohectáreas, grupos que son dueños de estas zonas . En el texto no se encuentra el mapa debes imprimirlo o hacerlo. 2. Cual es la problemática que plantea el texto. Que esta haciendo la justicia colombiana para contrarrestar esta problemática, causas, consecuencias de esta situación. 3. realiza un postulado critico sobre lo que ha significado el narcotráfico para nuestro territorio colombiano. PREPÁRATE PARA SUSTENTAR ORAL. ORGANIZA MUY BIEN TUS ARGUMENTOS. CON CARIÑO TU PROFE MAGDA. RECUERDEN NO AL PLAGIO.
1. Cual es la situación que aqueja a Venezuela" El TSJ desactivó decisiones que otorgaban superpoderes a Maduro y anulaban el parlamento"con tus propias palabras expresalo. Que implicaciones tiene esta decisión para la democracia de Venezuela . Consulta los enlaces que aparecen al final para que tengas una dimensión mas amplia de la situación.
2. Con la supresión de funciones de la asamblea nacional ¿HAY DICTADURA EN VENEZUELA? PROFUNDIZA EN TU RESPUESTA.
RECUERDOS TU PROFE MAGDA
Buenas tardes jóvenes no voy a remitirnos a un link en especial porque tienen un trabajo muy largo que es el análisis de la obra literaria. La recibo en forma individual para este viernes 17 de marzo. Haya o no clase. El trabajo debe ser hecho a mano y en hojas tamaño carta . Le recomiendo que lo hagan a conciencia porque la semana siguiente hay evaluación de sustentación de la obra no vayan a plagiar ni argumentos ni textos . El día miércoles y viernes les doy nota apreciativa por la obra llévenla. . >Prepárense porque hay otro trabajo de plan de apoyo. ENTREN A LA CARPETA QUE DICE EVALUACIÓN EMPIECEN YA DE LO CONTRARIO NO VAN A PODER REALIZAR LO EFICIENTEMENTE. ÉXITOS Y A TRABAJAR.
Buenos días jóvenes me pareció muy oportuno el tema de los inmigrantes y muy actual .
P1. De la primera gráfica donde aparece el mapa de Estados Unidos con datos estadísticos analiza ¿cuales son los estados que presenta: de mayor a menor numero de inmigrantes. cuales son las razones de su ubicación en estos lugares . Saca tus propias conclusiones incluye en estas cuales son los países de origen, estados donde disminuyó los inmigrantes y en cuales aumentó, perfil, edades, deportaciones (países de origen deportados) etc.
P2. después de leer el texto en el país del miedo . <cual es tu opinión frente al drama de los inmigrantes en los Estados Unidos profundiza e incluye apreciaciones frente al tema de la construcción del muro y políticas del presidente actual de Estados Unidos.
1. Buenos días Jóvenes espero que este año tus reflexiones estén a otro nivel ya estamos en otro ciclo. en esta oportunidad he traído un tema muy actual que requiere de nuestra atención ya que estamos hablando GEOPOLÍTICAMENTE. El drama de los Rohinyas no te quedes solo con lo que aparece en el documento investiga aun mas.
Responde:
Busca el significado de genocidio.
2. En que consiste el drama de la etnia rohinya profundiza. Busca en un mapa donde esta ubicado Birmania, Malasia, Bangladesh.
3. Por que crees que la comunidad internacional o grandes personalidades gestoras de paz no han mediado para que esta situación mejore.
El presidente Gustavo Petro radicó la consulta popular en la Secretaría del Senado.Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
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02 de febrero de 2025 -
No es la primera vez que la oposición venezolana canta fraude en unas elecciones. Tampoco es nuevo que el gobierno chavista denuncie un golpe de Estado y una conspiración de la derecha en su contra. Protestas, marchas y represión militar y judicial por los resultados cuestionados parecieran una rutina aprendida. Y la inevitable crisis diplomática internacional, derivada de estos acontecimientos, es ya una historia recurrente.
Aunque ha habido fuertes críticas a Petro, Lula y AMLO, algunos guardan la remota esperanza de que logren hacer entrar en razón a Maduro para que permita que haya transparencia en los resultados electorales, cualquiera que ellos sean. Los más pesimistas, y por las experiencias del pasado, creen que Maduro solo está ganando tiempo. La reacción del presidente de Argentina, Javier Milei, a la abstención de Colombia, Brasil y México en la OEA, puesto que no firmaron una resolución que exigía resultados transparentes a Maduro, fue contundente: “Son cómplices, ya sea por ignorantes o por estúpidos”.
Gabriel Boric, presidente de Chile. | Foto: AFP
Javier Milei, presidente de Argentina. | Foto: NurPhoto via AFP
Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa de Venezuela. | Foto: AP:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/DTN3YJ7FJBC3FAEAO3BYKK4G6Q.jpg)
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Sin embargo, contrario a lo esperado, el territorio tomó otro rumbo. Entre 2015 y el primer trimestre de 2023 se extrajeron, al menos, 1.565 kilogramos de oro. Naciones Unidas estima que el 95% de este mineral se extrajo de manera ilegal y la autoridad ambiental del departamento ha documentado cómo las balsas mineras se han expandido.
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Hijo de la cuarta generación de una familia de palestinos que llegó a El Salvador en los primeros años del siglo XX, la familia de Bukele (papá y tíos) fue cercana a algunos miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Bajo la bandera del FMLN, tiempo después de que cambiaran las armas por la política, fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador. Ese matrimonio no llegó hasta la Presidencia.
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si bien el gobierno nacional negó la llegada de Prodata Energy en su momento, un nuevo reportaje deja claro que no es del todo es cierto. - Foto: Fotos Semana y Getty Images.:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/MSVXPPCSB5FARM5HXGZJGEL5UY.jpg)
Prodata hará la entrega de 25 millones de pies cúbicos de gas por día a través de Energy Transitions SAS ESP, distribuidor colombiano. - Foto: Getty Images/iStockphoto.:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/2R6WEIBDW5CWBFP64ELXNH64FQ.jpg)
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Las elecciones regionales serán el próximo 29 de octubre y en ellas se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados a las asambleas departamentales. - Foto: Liliana Rincón Barajas
El excandidato presidencial Sergio Fajardo y el excongresista Jorge Enrique Robledo con sus equipos de trabajo tratando de construir una alianza para las elecciones regionales de 2023. - Foto: Autor Anónimo
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Para algunos analistas, parte del crecimiento de la economía de este año se dará por el subsidio a la gasolina. - Foto: getty image:quality(50)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/KEVVU7OU6NCQ5AFW7IACNBAWIA.jpg)
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El Pacto Histórico plantea una renegociación del TLC con Estados Unidos. - Foto: alexandra ruiz poveda-semana
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